La Procuraduría, entidad desde la que Gustavo Petro fue inhabilitado cuando fue alcalde de Bogotá, corre el riesgo de ser eliminada bajo el gobierno que encabezará desde el 7 de agosto.
Así se lo reiteró este martes a la prensa, en un espacio en el que advirtió que su idea es aniquilar al Ministerio Público para, en cambio, crear una fiscalía anticorrupción. De cumplirse la propuesta, la entidad que ha estado bajo la mira de Petro trabajaría paralelo a la ya conocida Fiscalía General de la Nación, y pasaría a fortalecer –supuestamente– a la Rama Judicial en el país.
La modificación ha generado reacciones a favor y en contra, pero una de ellos llamó la atención porque viene de Francisco Santos, uno de sus contradictores políticos. Este exembajador de Iván Duque, y exvicepresidente de Álvaro Uribe, salió a decir que acompañaba al mandatario electo en esa propuesta, e incluso sugirió hacer lo mismo con otra entidad.
Según él, la Procuraduría “solo les sirve a los políticos que la llenan de amigos. Ojalá haga lo mismo con la Contraloría. Ahí se ahorra 3 billones o más para gasto social”.
El núcleo del cambio
Nacida tras la Constitución de 1991, la Procuraduría se encarga de tareas como la de investigar y sancionar las fallas disciplinarias que cometan los servidores públicos, o los particulares que ejerzan funciones públicas.
Con ese poder –meramente administrativo– es que el exprocurador Alejandro Ordóñez se valió en 2013 para destituir e inhabilitar a Gustavo Petro por la crisis de las basuras que se tomó a la capital. Ahora, como jefe de Estado, Petro quiere modificarla sin detallar todos sus alcances.
Pero, ¿cómo lo haría? De acuerdo al abogado constitucionalista Esteban Manco, para cumplir su objetivo, el presidente electo tendría que echar mano del Congreso. Esto porque para suprimir a la Procuraduría –una entidad autónoma de las tres ramas del poder–, se requiere de un acto legislativo y ocho debates en el Congreso, “para así radicar (a la nueva entidad) en el artículo 116 de la Carta Magna, que establece a la Rama Judicial”.
Aquí es que cobra relevancia que consiga mayorías en la Cámara y el Senado para que le aprueben los ocho debates que requiere una reforma constitucional como esta. No obstante, antes de darse ese paso hay otro punto que el líder del Pacto Histórico no ha detallado del todo bien.
Dudas en los alrededores
Si bien Gustavo Petro ya hizo pública su propuesta, la filigrana de esta no ha sido del todo desenredada. Una de las incógnitas es si a los funcionarios administrativos de la Procuraduría que dice no echará, los dotará de funciones judiciales para que así puedan inhabilitar y destituir alcaldes, en atención al fallo de la Corte IDH que dice que un ente administrativo no puede apartar del cargo al elegido por voto popular.
Otro punto es cómo quedará en el papel la persecución contra la corrupción a implementar, y en qué distaría de las tareas que tiene el ente acusador en materia penal.
