La vicepresidenta visitó Costa Rica y advirtió que solo en Colombia casi una de cada tres personas requiere cuidados o apoyos. Por ello, abogó por su reconocimiento como trabajo decente.
De visita en San José, en Costa Rica, la vicepresidenta Francia Márquez elevó un llamado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para solicitar que el cuidado sea declarado como un derecho fundamental, lo que implica que se reconozca como un trabajo y se garanticen condiciones de trabajo decente para quienes lo realizan.
No es un asunto menor. Según la funcionaria, de 52 millones de colombianos, al menos 16 millones –casi uno de cada tres ciudadanos–, requieren cuidados o apoyos diariamente, entre ellos, nueve millones de niños, tres millones de personas con discapacidad y cuatro millones de adultos mayores, entre otros.
De acuerdo con la también ministra de la Igualdad, es urgente avanzar hacia una sociedad del cuidado que transforme el miedo, la inseguridad y la militarización. Lo anterior, con miras a dejar de lado una visión individual y avanzar a una colectiva y comunitaria: “Esto implica que el cuidado sea un principio ético-político que promueva un nuevo paradigma social y económico; una nueva sociedad que tenga como centro el cuidado para la sostenibilidad de la vida”.
La vicepresidenta intervino en la Audiencia Pública de Opinión Consultiva sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Desde allí, instó a los estados miembros a asegurar su implementación, así como regular las condiciones laborales de quienes realizan este tipo de trabajos, “propendiendo por su formalización y decencia, al igual que brindar garantías a quienes requieren cuidado”.
“La vida se agota todos los días en el planeta. El cambio climático evidencia el peligro de extinción de la vida humana que, a diferencia de la naturaleza, no podrá regenerarse si no adoptamos una política del cuidado integral planetaria. El fundamento real de la vida es la interdependencia entre todo lo que existe: ‘Ubuntu, soy porque somos’, y no en la división que el modelo neoliberal ha creado. Son sociedades del descuido, basadas en la separación, en el antropocentrismo. Esto se refleja hoy en día en la crisis social y en la precarización de las labores del cuidado”, sostuvo.
En ese sentido, la ministra declaró que América Latina y el Caribe abarcan una región proveedora de vida para el mundo y es necesario articular esfuerzos que potencialicen las formas propias de cuidado regional. “El reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho fundamental implica su garantía por parte del Estado, en condiciones de igualdad y equidad. De esta forma, Colombia quiere avanzar hacia una sociedad cuidadora como alternativa a una sociedad desigual e inequitativa”.
Márquez reclamó que la cobertura estatal de las necesidades de cuidado sigue siendo altamente insuficiente, “pues el 68 % de los niños y niñas menores de cinco años solo tiene opciones de cuidado en sus hogares y el 92 % de las personas con discapacidad son apoyadas por familiares o viven solas. Igualmente, hay siete millones de personas cumpliendo las necesidades de cuidado sin remuneración, de las cuales el 86 % son mujeres”.
Con todo, destacó que durante el mandato del “gobierno del cambio” se ha avanzado en crear instacias como el Sistema Nacional de Cuidados y la Dirección de Cuidado dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad, así como los fallos de la Corte Constitucional que han reconocido el derecho fundamental a ser cuidado y el derecho de las personas cuidadoras a hacerlo sin discriminación.
“En Colombia estamos entendiendo el cuidado como un pilar del bienestar individual y colectivo de nuestra sociedad, como función social, de interés general y de utilidad pública (...) estamos avanzando hacia la igualdad material, asegurándonos que ninguna población ni sus modos de vida sean marginados ni excluidos de nuestra concepción de Estado”, agregó.
La vicepresidenta recordó que la misma Corte Constitucional ha considerado elementos ecosistémicos como sujetos de derecho y de especial protección constitucional, “por el vínculo con la vida y la integridad cultural de las comunidades de los pueblos étnicos, como la sentencia a favor del Río Atrato y sus afluentes como sujeto de especial protección”.
