La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció este viernes frente a las declaraciones del director de Prosperidad Social, el exsenador Gustavo Bolívar, tras conocerse un video en el que admite que hay una campaña de desprestigio en contra de los medios de comunicación para imponer la narrativa del Gobierno Nacional.
Las imágenes corresponden a reunión virtual que sostuvo con otros dirigentes en los que habla de una encuesta financiada por el Ejecutivo que evidencia que la favorabilidad del jefe de Estado ascendió al 51 %. En esa línea, lo atribuye a “campañas” contra medios tradicionales por parte de influencers que trabajan en varias entidades del Gobierno.
En contexto: “Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana han dado resultado”, dice Gustavo Bolívar
“Tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. El Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influencers han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar noticias es a través de ellos. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana –terrible–, pues han dado resultado, y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están voleándole al presidente. Ese es el panorama, es positivo”, dijo Bolívar en videos conocidos por la Revista Semana.
Frente a ello, la FLIP alertó que durante los últimos dos años se han observado “tendencias de desprestigio y acoso” en redes sociales contra medios de comunicación. Según el organismo, estas campañas no solo critican a los medios, sino que también incluyen insultos, acoso y, en ocasiones, amenazas contra periodistas y medios.
“Si bien las conversaciones contienen actividad orgánica auténtica, ellas también reflejan patrones de actividad coordinada. Las declaraciones de Bolívar son un indicio alarmante de que estas acciones pueden haber contado con apoyo desde el Gobierno, lo que constituye una amenaza seria al ejercicio de la libertad de prensa”, señaló la FLIP.
De acuerdo con el organismo, lo dicho por Bolívar contradice el deber de los funcionarios de promover un entorno seguro y libre de presiones para el ejercicio periodístico. Por ello, recordó que los estándares internacionales de libertad de prensa “no solo exigen que los funcionarios públicos mantengan un alto grado de tolerancia hacia el trabajo de la prensa, sino que obligan a los funcionarios a proteger a los medios y a sus periodistas de cualquier tipo de intimidación o acoso”.
Si bien Bolívar manifestó que sus declaraciones se enmarcan en una conversación privada y que no debe rendir cuentas por lo que dice en estos espacios, para la FLIP se trata de una respuesta insatisfactoria y evasiva.
“El espacio privado en este caso no disminuye el interés público de lo dicho. Dado el rol de Bolívar como alto funcionario, sus palabras sobre los ‘resultados’ de campañas contra medios de comunicación requieren una explicación detallada y pública. La gravedad de sus afirmaciones exige que responda claramente sobre a qué se refiere cuando habla de estas campañas y de sus supuestos resultados”, agregó la FLIP.
Adicionalmente, la Fundación sostuvo que, aunque tanto Bolívar como el presidente Gustavo Petro, publicaron mensajes cuestionando la filtración, se trata de señalamientos, sin pruebas, que sugieren que la Revista Semana está realizando alguna actividad irregular al publicar este tipo de materiales.
Por ello, reivindicó que los medios de comunicación tienen el derecho de recibir y publicar este tipo de materiales proporcionados por fuentes reservadas, “una práctica legítima amparada por estándares constitucionales de libertad de prensa”. Además, reclamó que con estas declaraciones, el Gobierno busca desviar la atención de las graves afirmaciones de Bolívar.
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Incluso, la FLIP recordó sentencias de la Corte Constitucional que ratifican la legitimidad de la pieza periodística, al recordar la difusión no autorizada de un audio en el que se escuchaba al entonces gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, Juan Pablo Bieri, involucrado en un acto de censura.
“La reunión se desenvolvió en el plano de asuntos que no están amparados por una reserva especial y que, prima facie, son de importancia social”, determinó el alto tribunal, que concluyó que la actuación de la persona que reveló el audio se encontraba “protegida por la Constitución Política, debido a que es un acto destinado a encender las alarmas a favor de la democracia, antes la evidencia de los mencionados actos de censura”.
Por último, la FLIP instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a aclarar públicamente su relación con estas campañas de desprestigio y a tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con la libertad de prensa en el país.
“Cualquier intento de limitar o coartar el ejercicio informativo es contrario a las normas internacionales de derechos humanos y afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y diversa”, precisó el organismo.
