Particularmente, el artículo 4 del mencionado decreto indica que durante el día de elecciones se prohibirá toda clase de “entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión”.
“Esto es una restricción arbitraria considerando que las declaraciones de candidatos son un asunto de interés público y es común que los medios acudan a buscar ese tipo de entrevistas ese día. La norma no ofrece criterios para diferenciar una entrevista que tenga fines político electorales de una que no los tenga”, expuso la Flip.
Además, el artículo 7 del decreto determina que el uso de celular y cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación está prohibido “durante las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.”, y detalla que únicamente se permitirá el uso de estos dispositivos por parte de los medios de comunicación “previa coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
“No resulta acorde a la libertad de expresión una medida que limite a que la ciudadanía ejerza su derecho a hacer veeduría del proceso electoral. Tampoco es compatible con la libertad de prensa que el cubrimiento de las elecciones deba estar mediado por una autorización o coordinación de la Registraduría, sin que a la fecha ésta autoridad haya publicado bajo qué criterios y condiciones se coordinará con los cientos de periodistas que cubrirán los comicios en numerosas mesas de votación en todo el país”, planteó la Flip al respecto.
La fundación además planteó que tal y como ocurrió en las elecciones regionales de 2019 y las legislativas de 2022, el Ministerio del Interior expidió normas que contienen disposiciones que limitan el ejercicio periodístico durante los próximos comicios.
Por eso, envió cartas a esa cartera, a la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las preocupaciones que dejó el trabajo de las autoridades durante las jornadas electorales de 2019 y 2022. No obstante, las entidades nunca respondieron.
“La Flip hace un llamado al Ministerio del Interior para que modifique el decreto y lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa”, expuso la fundación en un comunicado.
Además, instaron a la Registraduría, la Policía y el CNE a garantizar que los periodistas del país puedan llevar a cabo sus labores durante las jornadas electorales sin temor de enfrentar obstáculos o sufrir represalias
Durante este año, y hasta el mes de octubre, la Flip ha registrado un total de 69 agresiones a periodistas por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral. El Ministerio del Interior le respondió a este diario que alista una respuesta.