La Fiscalía General de la Nación aceptó la invitación que le hizo el presidente, Gustavo Petro, a participar de una mesa técnica contra la corrupción, luego de destaparse el escándalo por la supuesta entrega de millonarios sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara, Andrés Calle, para apoyar las reformas del Gobierno. Los dineros habrían sido entregados a través de la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortíz.
En este caso, fue Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que reveló que, de los contratos para la compra de carrotanques, con los que se repartiría agua en La Guajira, se arañaron varios millones para sobornar a los presidentes del Congreso para apoyar las reformas del Gobierno Nacional.
Estas declaraciones provocaron un polvorero político y motivó la apertura de indagaciones preliminares por partes de los órganos de control e investigación del país, así como la creación de la mes contra la corrupción por parte del ejecutivo.
Según el Gobierno, la mesa se encargaría de “articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos” y estaría conformada por funcionarios de la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos.
”Estima de gran utilidad que se designe a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que preste toda la colaboración que requiera la Fiscalía General de la Nación, con el fin de fortalecer la lucha decidida contra la corrupción y la defensa de los recursos públicos”, manifestó la Fiscalía.
La entidad, sin embargo dejó claro que participará de la mesa siempre y cuando “no compromete la independencia y autonomía de la Fiscalía ni modifica sus funciones de investigación”.
Cabe recordar que la jefe del ente investigador, Luz Adriana Camargo, es muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre 2013 y 2019, Camargo participó como jefa de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la que también se hizo famoso el ministro de Defensa.
Estando en ese cargo, desempeñó un papel fundamental en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la “parapolítica” en Guatemala, una experiencia que sería muy valiosa en Colombia, teniendo en cuenta que se han tenido problemas similares.
Fruto de esos litigios, la actual fiscal general logró el desmantelamiento de numerosas estructuras de corrupción y a la condena de más de 50 congresistas, lo que la convierte en una figura influyente en la lucha contra la corrupción en la región.
Esta experiencia, se estima, será clave en los proceso actuales de investigación por presunta corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.
