En el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, se lleva a cabo a esta hora la audiencia de imputación de cargos a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el entramado corrupto que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
En la diligencia que se realiza de manera presencial, la delegada de la Fiscalía detalla inicialmente como fue que se materializó el delito de tráfico de influencias como coautora a título de dolo.
“El transporte de los dineros ilícitos se materializó así: El jueves 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, usted recibió en el apartamento identificado con el número 23 de residencias Tequendama, una maleta con 1.500 millones de pesos que llevaban Olmedo López Martínez, entonces director de la UNGRD y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres de la misma entidad. Dinero que luego fue transportado por usted y el subdirector Pinilla Álvarez (...) en horas de la noche, Sneyder Pinilla le entregó a usted en la misma habitación ubicada en residencias Tequendama, otros 1.500 millones de pesos en dos maletas. Dinero que fue contado por usted y el subdirector Pinilla Álvarez y que adicionados al monto anterior suman en total 3.000 millones de pesos. Luego de que Pinilla Álvarez dejó el dinero en su residencia, usted lo llevó hasta el mismo inmueble ubicado en el norte de esta ciudad, donde el día anterior había dejado los primeros 1.500 millones de pesos. Esto es en el domicilio del entonces presidente del Senado, Iván Name Vázquez”, detalló la Fiscal.
La delegada es enfática en advertir que con su conducta, Sandra Ortiz “puso en peligro los bienes del Estado y el orden económico social efectivamente lesionados”, dijo la delegada.
En la audiencia, la fiscal aseguró que la entonces consejera para las Regiones “tenía plena capacidad de comprender que sus conductas contrariaban el ordenamiento jurídico y tampoco sufría alguna enfermedad mental que le impidiera comprender que su conducta era contraria”.
Por sus presuntos actos ilegales, la exfuncionaria podría enfrentarse a 10 años de prisión.
