La Fiscalía publicó un comunicado en el que desmiente al exfiscal de anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien en medio de una carta dirigida al presidente Iván Duque, afirmó que el principio de oportunidad que acordó con el ente investigador, estaría por caducar por vencimiento de términos.
Según la Fiscalía, el pasado 9 de abril de 2019, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene a cargo la investigación, radicó la solicitud de prórroga del principio de oportunidad, cuyo estudio aún se encuentra dentro del término legal y en las próximas semanas se dará a conocer la decisión.
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“La Fiscalía manifiesta que se induce a error a la opinión pública cuando, infundadamente, se afirma que no se ha dado trámite a la prórroga del principio de oportunidad y que los términos estén por vencerse, ya que dicho mecanismo de colaboración está vigente hasta el próximo 18 de mayo”, dice el comunicado de esa institución.
A juicio de Moreno Rivera, el acuerdo, que estaba previsto por un año, se cumple el próximo 17 de mayo. Así las cosas lo que busca el exfiscal es determinar si continúa o no colaborando con la justicia. El exfiscal prometía prender el ventilador en el denominado ‘Cartel de la Toga’, acto de corrupción que se registró al interior de la justicia colombiana.
“Estamos próximos al vencimiento de términos y aún no existe fecha conocida para realizar dicha audiencia, de hecho, entiendo que ni siquiera ha sido solicitada por el fiscal del caso y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que está pronto a vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna”, expresó en la misiva.
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La Fiscalía explicó que el 17 de mayo de 2018, el Juez 17 Penal Municipal con función de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía General de la Nación le
concedió a Moreno, “y que implica la suspensión de la persecución penal condicionada a su colaboración con la justicia”.
Entre los compromisos que deberá cumplir el hoy procesado está el de colaborar con la justicia para judicializar a servidores públicos y abogados comprometidos en presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial.
