La Fiscalía General de la Nación salió a defender su gestión contra el narcotráfico en el distrito de Buenaventura, en respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien recalcó en varios trinos que esa entidad estaría siendo utilizada por narcos para exportar cocaína.
En las últimas 48 horas, el Jefe de Estado ha hecho eco de informes periodísticos, según los cuales algunos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía tendrían nexos con traficantes de drogas en aquel puerto del Pacífico.
“Mis preguntas son: si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la fiscalía?”, cuestionó el primer mandatario en uno de sus trinos.
La respuesta de la Fiscalía llegó en la mañana de este martes, con un comunicado oficial. “Con relación a las afirmaciones falsas y tendenciosas hechas por el presidente Gustavo Petro Urrego, en las que equivocadamente indica que la Fiscalía ha sido ‘utilizada para exportar cocaína’ y proteger a delincuentes en Buenaventura (Valle del Cauca); y con ocasión de una publicación periodística que divulgó parcialmente unos audios, los cuales hacen parte de una investigación contra una red narcotraficante que tiene injerencia en Buenaventura; la Fiscalía comparte los siguientes resultados relacionados con ese proceso, que evidencia un alto nivel de avance, contrario a la sensación de impunidad que erróneamente se ha querido mostrar”, dice el encabezado del documento.
Precisó que “con ocasión de las denuncias conocidas de posible corrupción en Buenaventura, y para garantizar el normal desarrollo de las indagaciones que se realizan al respecto, la Fiscalía dispuso la reubicación del coordinador del CTI en esa seccional (Francisco Javier Martínez) y un investigador”.
A renglón seguido, el ente acusador expuso que en contra de la citada red narcotraficante ya produjo 19 capturas entre 2021 y 2022, incluyendo a varios cabecillas, de las cuales 13 ya terminaron en condenas judiciales, cinco en sentencias condenatorias y una está pendiente del juicio oral.
Además, que le han incautado ocho toneladas de cocaína a ese grupo ilegal y le han embargado 61 bienes por $31.000 millones de pesos.
En defensa de su gestión, la Fiscalía también recordó que “entre 2020 y 2023 se han capturado y judicializado 336 personas que tendrían vínculos con grupos narcotraficantes que tienen injerencia en Buenaventura, impactadas 16 organizaciones de alcance trasnacional y 11 de microtráfico, incautadas más de 60 toneladas de cocaína y 68 toneladas de marihuana, y descubierto seis semisumergibles y 79 embarcaciones que estaban al servicio del tráfico de estupefacientes (...). Se han afectado con fines de extinción de dominio 1.715 bienes, avaluados en más de 1,5 billones de pesos; además de capturar y judicializar a 20 integrantes de redes dedicadas al lavado de activos y al contrabando; y aprehender mercancía que se acerca en valor a los 32.000 millones de pesos”.
El trasfondo de la disputa entre el presidente Petro y el fiscal General, Francisco Barbosa, es mucho más profundo que los señalamientos de supuesta corrupción en Buenaventura.
Hay que recordar que el ente acusador, en cabeza de Barbosa, tiene investigados al hijo mayor de Petro (Nicolás) y a su hermano (Juan Fernando) por supuestos actos de corrupción electoral y relaciones con narcos, situación que le ha provocado la enemistad del Primer Mandatario.
Además, en varios escenarios Barbosa se ha opuesto a políticas gubernamentales, en especial las relacionadas con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
