A Pedro Nel Angarita Ascanio los asesinos lo sorprendieron mientras jornaleaba como recolector de residuos sólidos por las calles de Teorama (Norte de Santander). El firmante de paz quedó tendido después de recibir varios impactos de bala.
Los firmantes del Acuerdo de Paz que residen en el Catatumbo se han convertido en un objetivo en medio del despliegue de terror que tienen los hombres del Eln en esa región.
Durante lo que va del 2025 se han registrado 8 asesinatos de excombatientes en el país, la mayoría de los casos han ocurrido durante la escaldada violenta en Norte de Santander.
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El pasado 16 de enero el Sistema de Defensa Integral de los Firmantes de Paz denunció el asesinato de cuatro firmantes en Catatumbo. Para entonces circulaban videos en los que miembros del ELN irrumpían en las viviendas de los firmantes y los arrastraban con rumbo desconocido.
“El objetivo de nuestras acciones son el grupo armado del frente 33 de las ex-Farc, sus milicias armadas y su estructura económica, por tanto, los llamados firmantes de paz que han sido dados de baja en las operaciones realizadas, no eran civiles, sino activos jefes de milicias y responsables de finanzas del 33”, señaló la guerrilla en un comunicado posterior al crimen los excombatientes.
Para los reincorporados, estos homicidios representan una “tragedia humana” y un “grave” atentado contra el proceso de reincorporación y la implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana.
En la tarde de este 21 de enero, el partido Comunes denunció que los guerrilleros patrullan por las calles de El Tarra y revisan celulares: “Dicen que si encuentran algo comprometedor, asesinan”.
La violencia del ELN está ligada a su interés por obtener control territorial en puntos de la frontera con Venezuela. La figura de los firmantes de paz les resulta incómoda porque los consideran aliados de los disidentes o del Gobierno. La orden que desplegaron es de “sacarlos” a todos del Catatumbo.
Este miércoles está previsto que los firmantes de paz acudan al Consejo de Seguridad de la ONU para levantar la voz de protesta por la situación que viven los excombatientes y la población civil del Catatumbo. El último reporte de la Defensoría del Pueblo daba cuenta de 32.000 personas que han salido desplazadas por cuenta de la violencia.
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En los municipios del Catatumbo habitan 464 firmantes de paz, de ellos, hay 102 que han tenido que desplazarse con sus familias. El reporte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización indica que hay once firmantes que están desaparecidos y todavía no se conoce nada de sus paraderos.
“Hacemos un llamado y una exigencia al ELN y a todos los grupos armados: saquen a las y los firmantes de paz y a la población civil del conflicto. La gente no merece más guerra”, señaló Alejandra Miller, directora de la ARN.
Esta no es la primera vez que los firmantes quedan en la mitad de un conflicto que no les pertenece. En junio del año pasado las disidencias que comanda alias Calarcá obligó a que la comunidad del Espacio Territorial de Capacitación y Normalización de Miravalle (Caquetá).
Entonces, los excombatientes fueron intimidados en un panfleto enviado por los hombres de “Calarcá”. Los firmantes fueron estigmatizados y señalados de colaborar con la Segunda Marquetalia. La amenaza del EMC era perentoria: debían abandonar el espacio –que ocuparon durante los últimos siete años– porque el lugar sería convertido en escenario de la confrontación.
Los excombantientes, en varias ocasiones, se han visto obligados a desplazarse por razones del conflicto armado. Ya ocurrió en Santa Lucía (Ituango), en el Yarí, en La Guajira y en el Meta. Son víctimas de amenazas, intentos de reclutamiento por parte de los armados ilegales y desde la firma del Acuerdo de Paz, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, se han registrado 441 asesinatos de esta población.
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