Las delegaciones del Gobierno y del ELN tardaron 18 meses para construir y firmar el primer acuerdo de la mesa de negociación: la participación de la sociedad en la construcción de paz. El documento consta de 8 páginas y ha sido objeto de varios reparos.
Agremiaciones, exjefes negociadores del Gobierno ante el ELN y hasta negociadores de la misma Mesa han expresado sus preocupaciones por el contenido del acuerdo que se firmó este 25 de mayo en Caracas (Venezuela).
“Los acuerdos adoptados por la Mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado”, se lee en el documento firmado por ambas partes.
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Esta es la primera vez que un Gobierno –en 30 años de intentos de negociaciones– logra consolidar un acuerdo con ese grupo insurgente. Sin embargo, distintos sectores han advertido que la Mesa podría tomarse atribuciones que no le corresponden.
El negociador José Félix Lafaurie, por ejemplo, se negó a firmar y advirtió que el primer acuerdo estaba minado de “equívocos” y “desbordamientos”.
Es que el mecanismo del acuerdo planeta el siguiente funcionamiento: el Comité Nacional de Participación (organizaciones sociales) envía las propuestas, la Mesa de diálogos las aprueba y –afirma el texto– solo eso bastará para convertirlas en políticas de Estado.
“Esto es tremendamente ambiguo, pues puede dársele una interpretación el día de mañana que termine en un proceso constituyente por la puerta de atrás, esquivando al Congreso”, advirtió Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador del Gobierno ante el ELN.
El primer punto de la agenda plantea transformaciones en el régimen político, en el modelo económico, la política ambiental, la educación y la cultura. Sin embargo, como advirtió Restrepo, no se menciona cuál será el papel de las otras ramas del poder público como el Congreso.
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“Los ejes de transformación son tan amplios y abstractos que podrían abarcar lo suficiente para refundar la nación”, señaló Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana y añadió: “Es importante conocer los alcances y límites de cada tema para saber a ciencia cierta qué se está negociando”.
Desde la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) también alertaron por el que sería un salto al Congreso y una concesión de cogobernante a la guerrilla del ELN.
“En caso de que el proceso pretenda hacer propuestas normativas a la sociedad, las mismas se deben discutir en donde la Constitución indica”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
En todo caso, la firma del primer acuerdo coincide con la intención del excanciller Álvaro Leyva y del presidente Gustavo Petro de convocar a una Constituyente bajo el argumento de que el Acuerdo de Paz de 2016 no se ha cumplido.
El Gobierno y la guerrilla acordaron mantenerse en la mesa. El documento guardó silencio en aspectos claves como la suspensión del secuestro por parte del ELN, punto que, la misma Oficina del Alto Comisionado de Paz había calificado como “condicionante” de la continuidad del diálogo.
¿Qué responde el Gobierno?
Otty Patiño, alto comisionado de paz, aclaró que las propuestas del acuerdo deberán pasar por el Congreso para que puedan tener forma y no rompan los principios de la Constitución. Negó que se esté buscando implementar una constituyente con un grupo todavía en armas “Es un absurdo porque el Eln es una organización que no tiene ni el prestigio ni la fuerza para desarrollar un proceso de esos y el gobierno no se va a meter en ese lío”, señaló en diálogo con El Tiempo.
Añadió que en términos económicos, las propuestas irán encaminadas en fortalecer las economías populares, pero bajo el apego de los planteamientos del sistema capitalista.
Lea aquí el primer acuerdo completo:
