Ha pasado un mes desde que Juan Fernando Cristo –un curtido dirigente en las lides políticas experto en negociación y estrategia–, se le midió al reto de asumir por segunda vez el Ministerio del Interior. Aceptó la invitación del presidente Gustavo Petro y aterrizó con un desafío de talla mayor: avanzar en un diálogo nacional que, admitió, sí podría terminar en una Asamblea Nacional Constituyente.
En paralelo, el ministro encargado de la política tiene el reto de sacar adelante la ambiciosa agenda reformista del Gobierno. Todo esto, mientras siguen estallando coletazos cada vez más alarmantes de la presunta corrupción y las coimas en el Congreso con recursos arañados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A la par, Cristo sigue orientando energías para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro defiende la legitimidad del Ejecutivo para tramitar las reformas y revela que el primer proyecto que promoverán será la laboral. Asegura que un mecanismo de ‘fast track’ (vía rápida) para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz no es necesario y que hoy se volvería un ‘slow (lento) track’. Además, reconoce que hay “temores justificados” frente a la Constituyente. Incluso, como hijo de la frontera colombo venezolana le pide a Nicolás Maduro un “escrutinio abierto, imparcial y voto a voto”.
Usted ya se ha sentado con las diferentes bancadas para ambientar las reformas. ¿Bajo qué condiciones se están dando los diálogos?
El 20 de julio el presidente de la República dijo en el discurso de instalación del Congreso que no se iban a presentar proyectos de ley de manera atropellada y sin ser socializados con las bancadas, pero también con los sectores económicos y sociales que eventualmente sean impactados por las distintas iniciativas. Y ese es el derrotero fundamental del acuerdo nacional.
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No queremos sorprender a nadie. No queremos acelerar tampoco las reformas. Queremos ir construyendo colectivamente la agenda del Congreso sin prisa, pero sin pausa. Más que la agenda del Congreso, es la agenda de un acuerdo nacional, que va más allá de la agenda de la legislativa. Por eso nos reunimos la semana pasada con el Pacto Histórico y esta semana con las bancadas de los partidos Liberal y Conservador. La semana entrante vamos a reunirnos con la U y la Coalición Centro-Esperanza.
Ya hay unas ideas bastante consolidadas. Por ejemplo, con el proyecto de reforma la salud, la jurisdicción agraria o la reforma al Sistema Penal Acusatorio. Vamos a ir teniendo estas reuniones con las bancadas y con los distintos ministros de las áreas para socializar los proyectos.
Es un proceso que obviamente es más dispendioso y demorado, pero nos permite escuchar a los partidos. Yo creo que a este país le hace falta mucho más hablarnos y escucharnos, en lugar de insultarnos y ofendernos. Queremos hacer ese ejercicio, lo cual no quiere decir que estamos esperando un consenso pleno de todo el mundo para radicar los proyectos, pero sí escuchar todas las opiniones y argumentos.
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Así, cuando lleguen los proyectos al Senado o a la Cámara, los congresistas sepan de qué proyectos estamos hablando y no que simplemente lleguemos con un paquete de iniciativas a ver qué vamos a hacer. Ese es nuestro derrotero.
Usted decía que las reformas laboral y a la salud “ya están maduras”. ¿Cuándo espera radicarlas? Usted, más que nadie, sabe que cada día cuenta en el Congreso...
Cuando hay consenso el tiempo no corre tanto. Cuando hay muchas confrontaciones sí: corre rapidísimo, pasan las semanas y no se avanza. Para mí el problema no es de tiempo, sino de avanzar en consensos. La laboral ya está en tránsito y será el primer proyecto que se debata desde las prioridades del Gobierno en la plenaria de la Cámara. Ese es un buen ejemplo de una buena concertación. La reforma laboral es muy distinta a la que se presentó hace un tiempo. Tiene unas modificaciones de fondo, especialmente en el capítulo de derechos colectivos. Eso hace parte de las conversaciones con distintos sectores de la sociedad.
¿Y frente a la reforma a la salud cuáles son los cambios?, ¿qué diferencias tiene a lo que promovió la exministra Carolina Corcho?
La gran diferencia es que pasa de ser un tratado de 180 artículos a uno de 40 artículos, lo cual va a facilitar la discusión. Es fruto de las conversaciones del ministro de Salud con las EPS, asociaciones de pacientes o trabajadores de la salud. Estos proyectos ya van a completar año y medio de discusión. No hay nada por descubrir debajo de la tierra. Ya todas las cartas están sobre la mesa.
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Pero frente a la de salud, ¿cuáles son las novedades? porque ese proyecto no es el mismo que se discutió desde el año pasado...
Para ponerle un solo ejemplo: se ha venido concertando desde antes o la transición para que entre en vigencia el nuevo sistema. Inicialmente, el Gobierno decía que un año, después que dos y ya vamos en cuatro años. Todo, para que el sistema se prepare para todo esto, que era uno de los cuestionamientos, razonables además, que tenían muchos sectores. La otra gran diferencia es que hay acuerdos con las EPS.
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¿Finalmente se van a eliminar o no?
Se transforman en Gestoras y Promotoras. Ya no van a asumir el riesgo financiero de la intermediación. Era un tema que siempre estuvo sobre el tapete: las EPS no fueron concebidas originalmente para que tuvieran ese papel. También se recogen unos temas de leyes estatutarias y derechos de los trabajadores de la salud.
Además, hay una énfasis muy grande en la capacitación del personal médico con becas y de cara a tener una mayor cantidad de profesionales y especialistas en el sector. En Colombia hacen falta muchísimo los especialistas en salud. Hoy en día el 70 % de los médicos en Colombia son generales y el 30 % son especialistas. Hay que cambiar esa pirámide.
Hay unos temas que se han venido afinando y el principal cambio es que ya hay mayores niveles de acuerdo. No es un cambio cualquiera y le da mucha viabilidad, no solamente a la aprobación del proyecto, sino a la aplicación del sistema hacia futuro. Hoy en día es indispensable la reforma para afrontar la crisis del sector.
Asumió el Ministerio en medio del escándalo de la UNGRD. Varias de las reformas quedaron en entredicho por cuenta de los señalamientos de coimas y corrupción. La oposición reclama que no tienen legitimidad, ¿cómo lidia con esta situación?
La oposición en este, y en todos los gobiernos, pesca en río revuelto. El discurso de que no hay legitimidad lo he escuchado en distintas oposiciones a todos los gobiernos y es parte del debate político. No creo que el Gobierno no tenga legitimidad para plantearle al país y al Congreso unas reformas que son absolutamente necesarias. La tenía hace año y medio y la tiene ahora.
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Que ocurra este episodio es lamentable y hay que condenarlo. Lo que nos indica son dos cosas. Primero, que la institucionalidad colombiana funciona. El Congreso tiene que seguir haciendo su tarea y el Gobierno también, y la justicia tiene que hacer su tarea de establecer responsabilidades individuales de esas acciones. No son responsabilidades institucionales, ni del Congreso o el Gobierno.
Lo segundo es que esperamos que la justicia avance por dos carriles: la discusión de las reformas desde el punto de vista político y las acciones de la justicia, que está actuando con plena autonomía e independencia. Pero derivar de eso que ahora el Gobierno no puede presentar un proyecto... no hay ningún antecedente en Colombia, ni en el mundo.
¿Cuál es su estrategia para recuperar la confianza cuando hay nueve congresistas investigados, dos de ellos nada menos que los expresidentes del Congreso?
Ese es un tema más de fondo. He reflexionado mucho sobre este escándalo que afecta al Gobierno y al Congreso. No es el primero, ni es nuevo en este Gobierno ni en el primer gobierno. He venido hablando con mucha gente y digo que en Colombia nos hemos acostumbrado al escándalo de la coyuntura. Nos hemos acostumbrado a condenar a la hoguera a los supuestos o reales responsables. Pareciera que un montón de gente expía sus culpas en los señalados del momento, con razón o sin razón, y piensa que con eso resolvieron el problema.
Y en la sociedad nos volvimos expertos en evadir las soluciones de fondo a los problemas. Aquí hay que ser absolutamente claros: mientras no cambiemos el sistema político en Colombia, fortaleciendo a los partidos, acabando el voto preferente, transformando el sistema de financiación de campaña, ejerciendo control a las autoridades electorales y a la financiación, lícita o ilícita, de las campañas, vamos a seguir asistiendo a escándalos y episodios de esta naturaleza.
Es un problema del sistema político de fondo, sea un gobierno de derecha, de izquierda o de centro. También de un Congreso con mayorías de uno u otro lado. No vale la pena hacer el recuento, durante los últimos 20 años, de todos los escándalos del Congreso y el Gobierno.
Aquí hay un problema de fondo: el sistema político, que no hemos sido capaces o no hemos querido abordar con decisión. La gente no alcanza a entender cuando le hablan de reforma política. Dicen que eso es un problema de los políticos. Pero la gente no alcanza a hacer la asociación de un sistema político que no funciona, que es ineficaz, que no es transparente y afecta todo el funcionamiento del Estado.
Me da pie para preguntarle, ¿cuándo el Gobierno presentará la reforma política?
Soy experto en derrotas políticas en reformas políticas en el Congreso. No me puedo poner a presentar otra reforma para que me digan 'este es el quinto intento de Cristo de reformar la política'. Queremos conversar con la gente. Lamentablemente esos temas siempre terminan quedando como atrás, y lo importante está siendo desplazado por lo urgente de la coyuntura y el momento. Pero estamos trabajando en ideas para conversar con los partidos. Es urgente un mínimo acuerdo de reforma política.
Esto no puede seguir pasando. Pasa el episodio, baja la espuma y se apaga la hoguera de los que han sido condenados por la opinión pública, justa o injustamente incluso antes de que avancen los procesos judiciales, y no pasa nada, el sistema político no se reforma.
Ese para mí es uno de los temas estructurales. Cuando lideré en el Congreso la reforma de equilibrio de poderes como ministro del Interior en 2015 llegamos hasta el sexto debate. Cuando luego hicimos la reforma que recomendó la Misión Electoral después del Acuerdo de Paz llegamos hasta el séptimo debate. Y no lo hemos logrado. La reforma política es una necesidad del país que está siendo aplazada desde 2003. Llevamos 20 años sin hacer una reforma a fondo del sistema político. Lo único cierto es que el sistema político que hoy tenemos, por decirlo de una manera diplomática, no es el ideal.
Este miércoles el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue sometido a debate de control político. La oposición no deja de cuestionarlo por su vinculación al escándalo de la UNGRD. Como ministro de la política, ¿cree que lo más viable sería que él diera un paso al costado para bajar los ánimos y asegurar un trámite más tranquilo de las reformas?
Es una decisión del presidente y del ministro. Hay que dejar que avancen las investigaciones y será una decisión que tomen ellos. A mí no me corresponde evaluar, sugerir ni recomendar.
Pero defiende que también prevalezca la presunción de inocencia...
Aquí la presunción de inocencia y el derecho de defensa en estos escándalos se nos olvidó a los colombianos y nadie habla de eso. A mí desde el punto de vista humano me parece dramático eso para el país, porque hoy lo que le puede estar pasando al ministro mañana le puede estar pasando a algunos de dirigentes de la oposición que lo están condenando a la hoguera.
Los medios de comunicación cumplen su tarea. La justicia también tiene que cumplir su tarea. Entiendo que la justicia siempre será más lenta que los medios: tiene que cumplir unos procedimientos, pero muchas veces nos olvidamos en estos escándalos de los seres humanos. Nos olvidamos que a veces somos Gobierno y a veces somos oposición. Eso le pasa a todo el escenario político en Colombia. La confrontación se ha vuelto muy agresiva. Aquí nadie quiere escuchar nada. Nadie quiere escuchar una explicación.
Retomando el tema del acuerdo nacional y los diálogos, ¿han pensado reunirse con la oposición? Apenas este miércoles Cambio Radical radicó su propia reforma a la salud.
Claro y eso no se puede evitar. La oposición tiene todo el derecho a tener su iniciativa parlamentaria, pero estamos pidiéndoles a las bancadas de la oposición que también podamos tener esas reuniones. Esperamos hacerlo pronto.
¿Y qué ha pasado?, ¿no hay iniciativa de ellos?
Nadie se puede negar al diálogo. Me parece una pendejada que no lo hicieran. A las conversaciones están abiertos, pero todavía no he tenido una invitación formal y una reunión formal, pero esperamos hacerlo con los voceros de las bancadas.
Haciendo un balance, ¿por qué cree que antes durante este Gobierno era tan difícil el diálogo y la concertación?
A mí me gusta mirar por el espejo delantero y nunca por el retrovisor. Le dejo el balance a los demás.
Usted dialoga con los liberales, con los conservadores, pero ¿cómo está con el Pacto Histórico? Hay versiones de prensa que hablan de un cortocircuito con el petrismo, por no hablar del choque con la senadora Isabel Zuleta, que dijo que usted tiene una “agenda personal” diferente a la del Gobierno.
Con el Pacto Histórico tuvimos la primera reunión. Vamos a tener más reuniones sobre la agenda. Los cortos circuitos están en la imaginación de sus colegas.
Es decir, ¿las relaciones entre usted y la bancada están bien y fluyen?
Es que desde antes no de ahora. La mayoría son amigos. Hemos coincidido en las causas de la paz o la defensa de las víctimas. Hemos tenido relación con la mayoría y es una bancada muy diversa, plural y muy importante. Ellos están cambiando también la forma de aproximarse a los temas del país.
La presencia del Pacto Histórico en el Congreso ha enriquecido mucho el debate. Han llegado discusiones que antes no se daban. Eso es bueno para la sociedad colombiana. Ahora, que la senadora Zuleta tenga una posición frente a la reelección también es absolutamente legítimo.
¿Ya está descartado del todo el apoyo del Gobierno a un eventual proyecto reeleccionista?
Lo he dicho 1.000 veces. Pero se lo repito: en mayo de 2026 va a haber primera vuelta presidencial. Si los resultados llevan a que haya segunda vuelta la tendremos en junio. Y el 7 de agosto tendríamos la posesión de un nuevo presidente en Colombia. Que sea un presidente de izquierda, de centro o de derecha, pues los colombianos tendrán que decidir. Pero aquí la decisión del Gobierno es que ni se cambian reglas de juego (como sí las cambiaron algunos antes), ni se modifican periodos.
El calendario electoral es un bien invaluable para la institucionalidad de este país. Debe ser sagrado y no se puede tocar.
La semana pasada el representante Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara, se reunió con usted y a medios dijo que el ministro le había ratificado que no le iban a caminar a un 'fast track' ni a una Constituyente. ¿Es cierto eso? El propio presidente dijo otra cosa en Naciones Unidas.
El presidente en el discurso del 20 de julio explicó muy bien que cuando habló de 'fast track' no se refería a un mecanismo en especial, sino que él estaba pidiendo el trámite rápido de leyes de implementación del Acuerdo de Paz. Eso es lo que vamos a garantizar y estamos evaluando cuáles son esas leyes que se van a presentar.
El 'fast track' fue un mecanismo especial que se adoptó en un momento especial del país para garantizar el desarme y la desmovilización de las Farc en un tiempo rápido. En seis meses el Congreso cumplió su papel y el Gobierno también.
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Fue un mecanismo transitorio que hoy no es necesario. ¿Qué hacemos además tramitando un acto legislativo durante un año para adoptar el 'fast track' para que dentro de un año se estén presentando proyectos que podemos presentar ahora? Ahí no sería 'fast track', sino que sería hoy el 'slow (lento) track'
Es decir, el mecanismo de 'fast track' como se promovió años atrás, ¿no sirve ahora?
No sirve ahora. Se vuelve un 'slow track'. Hoy la discusión en el Congreso es cómo agilizamos una agenda de implementación del Acuerdo.
¿Y frente a la Constituyente?
Hemos sido totalmente claros también. Es un mecanismo que han tratado de estigmatizar y satanizar, pero que está en la Constitución del 91. Aquí no se tiene que salir ahora a decir que la Constituyente es el demonio. Es un mecanismo válido, que tiene unos momentos también históricos, que tiene que ser fruto de un acuerdo nacional y que tiene que ser ajustado a la Constitución. Pero para el Gobierno hoy en día lo prioritario son las reformas, no la Constituyente.
Durante los diálogos con los diferentes sectores, si bien su prioridad son las reformas, ¿ha hablado de la Constituyente?
Sí, lo he hablado y voy a decirlo con toda franqueza: encuentro temores justificados por distintas razones de varios sectores a la figura de la Constituyente. Son válidos, son respetables, hay que atenderlos todos y hay que evaluar. Lo que hemos dicho es que lo importante es que en el acuerdo nacional nos pongamos de acuerdo en unos mínimos.
Sería un buen mensaje para la sociedad colombiana. Nadie está buscando unanimismo. Nadie está diciendo que en las elecciones del 26 no haya confrontación, pero hay que bajarle el tono. Imagine si mandamos un mensaje, por ejemplo, de que nos podemos poner de acuerdo en un acuerdo político nacional que renueve el compromiso de todas las fuerzas políticas en el país en rechazar la violencia en el ejercicio de la política. Eso nos hace falta. Me preocupa mucho el proceso electoral del 26 para que no esté atravesado por la violencia nuevamente.
También tenemos que rodear, ojalá todas las fuerzas políticas, el tema institucional y que nos comprometamos a que –no ahora, tampoco después– el país se va a embarcar en cambiar la Constitución. La figura de la no reelección es buena para la democracia. La figura de los periodos de cuatro años de gobierno es buena y es lo que sirve. No nos podemos poner a jugar con eso. Esos serían unos principios mínimos que le darían mucha tranquilidad y certeza al país.
Ahí también emerge el tema de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Un sector de la sociedad estuvo a favor, otro en contra, pero ya pasaron varios años y hay unas comunidades en 170 municipios PDET con más de siete millones de colombianos que están esperando. Si no transformamos esos territorios vamos a seguir en este círculo vicioso de la violencia y queremos hacer un acuerdo en torno a ese plan de implementación del Acuerdo.
No es un acuerdo para que quien estuvo rechazando lo pactado se vuelva amigo del Acuerdo con las Farc, sino para que todos, independientemente de la posición que tengamos, pensemos en esos siete millones de colombianos y cumplamos la palabra.
Creo que hay que construir. Nos hemos dedicado muchos años a destruir en este país y por lo menos mi propósito aquí es construir. No sé si me van a destruir por cuenta de querer construir.
Su bandera justamente es la implementación del Acuerdo y lograr la paz. ¿Qué receptividad hay frente al tema?
Veo que hay un espacio para que todos los sectores de la sociedad nos comprometamos. Sé que hay discusiones sobre la reforma rural, sobre la JEP o sobre las curules de las Farc. Pero es un tema de discusión política en Bogotá que no les interesa a los habitantes de Urabá o del Bajo Cauca que están esperando que a sus territorios PDET llegue el Estado y transforme esos territorios.
Le quiero confesar que estando afuera del Gobierno tenía una visión más pesimista de lo que se había podido hacer en términos de implementación en esa zonas. Es un balance agridulce, pudiéramos haberlo hecho mucho mejor, pero se han hecho cosas y hay territorios PDET donde siente uno que se ha podido avanzar y se ha podido impactar a las comunidades. Pero tenemos que extenderlo a las 16 zonas PDET y es la tarea que ya empezamos a hacer.
Vamos a reunirnos con todas las comunidades, con los alcaldes y gobernadores para firmar lo que hemos llamado pactos de transformación territorial para juntar esfuerzos y definir un monto de inversiones y de obras en 2025 y 2026 para cada uno de los municipios del país. Hay que hacer un esfuerzo por concretar y cambiar la forma de adjudicar esos recursos, porque el sistema con el que veníamos antes fue perverso y generó también irregularidades y corrupción alrededor de los OCAD-Paz. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría definirán responsabilidad individuales, pero es cierto que ahí se perdió mucha plata de la paz.
Frente a la paz, ¿cuáles son los proyectos prioritarios del Gobierno en el Congreso?
El presidente mencionó ocho temas en Naciones Unidas. Hay unos que no necesitan ley, hay otros que sí. Incluso, algunos necesitarían eventualmente reforma constitucional. Estamos definiendo esa agenda y en un par de semanas tendremos el paquete de leyes, que esperamos no sean muchas.
Uno de esos temas, que es un compromiso del Acuerdo que no se ha cumplido, es la ley que establece el tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca, para los campesinos. Ese proyecto hay que impulsarlo.
La jurisdicción agraria sí está lista. Ya se aprobó el acto legislativo. Ya se aprobó la ley estatutaria y ahora nos falta la ley ordinaria, que es como el código de procedimiento. Eso va a tener un enorme impacto en esas comunidades. Si logramos que el año entrante haya jueces agrarios en todas esas zonas resolviendo conflictos de tierra será una revolución.
Tenemos también el tema de la ampliación de la vigencia del plan de implementación del Acuerdo. Creemos que no necesita ley. Es un documento CONPES o máximo un decreto.
No puedo dejar de preguntarle por la crisis político-electoral en Venezuela. En marzo usted calificaba como “válidos” los cuestionamientos sobre “el carácter autoritario y dictatorial” de Nicolás Maduro. A la luz de lo ocurrido el domingo, ya en el gobierno Petro, ¿se mantiene en esa postura?
La democracia en Venezuela se fue restringiendo con el paso de tiempo. Se demuestra con estas situaciones que tenemos que precisamente preservar esa democracia de los colombianos. El gobierno venezolano convocó a unas a unas elecciones como fruto del Acuerdo de Barbados y el Acuerdo de México. Todos pensamos y creímos que iban a significar la transición democrática en Venezuela, ganará quien ganará. Ese sigue siendo el ideal. No sé si sigo pensando con el deseo.
Yo soy de la frontera. Yo sí que lo he padecido. A mí me tocó en 2015, como ministro del Interior, ver el paso de miles de colombianos expulsados de Venezuela en un momento también crítico del régimen que en esos momentos adquiere, y en muchos momentos, rasgos autoritarios.
La frontera ha sufrido mucho con eso. Los resultados de la apertura de frontera del gobierno Petro en estos dos años han sido muy positivos, no al ritmo y tan acelerados como pensábamos, pero han sido muy positivos. Pero otra vez ahora vamos a tener ese problema. Hay temas de seguridad en la frontera, como los procesos de paz.
A veces es muy fácil desde afuera hablar duro y hablar para la galería. Es muy fácil hablar contra un régimen que ya lleva más de 25 años. Pero yo creo que la responsabilidad del Gobierno es trabajar para garantizar esa transición pacífica. Pero sobre todo, y la declaración del presidente es clara, no hay ninguna posibilidad de que podamos avanzar en esa transición pacífica si no se respetan los resultados del domingo y la voluntad de los venezolanos.
¿Y cómo es la mejor manera de respetarlo? pues con transparencia y con claridad. Si no hay actas, si no hay conteo voto a voto y si ese conteo no tiene observadores internacionales, a la propia oposición y a los partidos de gobierno pues obviamente vamos a estar en un problema muy grave para Venezuela que va a afectar mucho a Colombia y va a ser imposible reconocer los resultados de esas elecciones.
Pero, ¿se mantiene en que es un régimen dictatorial?
Es distinto ser columnista a diplomático y ministro, pero creo que el gobierno venezolano tiene la obligación ética y moral con sus ciudadanos y con la comunidad internacional de que este proceso electoral termine con un escrutinio abierto, imparcial, voto a voto y en donde todos veamos cuál fue el resultado real.
Usted estuvo reunido con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. ¿Hablaron del metro elevado? Usted como dirigente apoyó esa candidatura, pero hoy el Gobierno insiste en un metro subterráneo...
Hablamos del tema muy por encima porque no es asunto de la cartera del Interior. Me explicó en qué iban las obras y los avances, que son importantes. Está muy entusiasmado con el metro. Sé que hay una diferencia allí con el presidente, pero ya el metro va avanzando.
Pero el diálogo del alcalde Galán con el presidente Petro cada vez es más fluido, más sobre los temas de Bogotá y más responsable, por encima de diferencias, que son absolutamente válidas. Estuvimos hablando mucho más de la seguridad. Vamos a trabajar conjuntamente para avanzar en la recuperación de la seguridad y en el retorno seguro y digno de la comunidad emberá que está en el Parque Nacional. Y también hablamos mucho del tema del Acuerdo Nacional. Los alcaldes y gobernadores pueden jugar un papel muy importante en eso.
