De la mano del ministro Cristo, el mandatario lanzó otra propuesta para materializar su modelo de país.
Es una práctica cada vez más común en el “Gobierno del cambio”. Cada tanto, el presidente Gustavo Petro sacude a la opinión pública y pone a hablar a las esferas políticas y judiciales del país de una propuesta o iniciativa suya que genera controversia, divide opiniones y levanta polvareda tanto por su contenido como por su forma. Su más reciente salida fue para proponer un ‘fast track’ para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, esa iniciativa –que también levantó ampolla por el cómo– está antecedida de otras declaraciones, ideas o anuncios que tendrían el mismo objetivo: aterrizar su modelo de país y materializarlo en profundas y controvertidas transformaciones sin importar que ello implique saltarse a organismos del calibre del Congreso.
De allí que en un primer momento, en las mieles de la popularidad y con mayorías en el Parlamento, Petro haya apostado por sus ambiciosas reformas sociales. No obstante, tras los cuestionamientos y reparos por los alcances de algunas de ellas, resolvió enmarcar sus pretensiones en un “gran acuerdo nacional” y luego –en el momento más álgido y de mayor confrontación–, sorprendió al ventilar la idea de una Asamblea Nacional Constituyente.
Desde entonces –mientras denuncia un golpe blando y la emprende contra medios de comunicación y organismos de control–, ha seguido dándole forma a sus intenciones refiriéndose al “poder constituyente”, al “gobierno del pueblo”, a un plebiscito, a un referendo, a una Constituyente con base en el Acuerdo de Paz y, ahora, a un mecanismo ‘fast track’ para que el Congreso discuta con mayor celeridad medidas para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz.
“Más que fases de un mismo proyecto son formas diferentes para cumplir el mismo objetivo. El mandatario busca tratar de pasar por encima de la Constitución. Le molestan los contrapesos y está buscando todas las formas posibles por saltarlos e imponer sus ideas y objetivos. Además, la propuesta de la Constituyente no ha tenido acogida en la opinión pública”, explicó la profesora María Alejandra Arboleda, consultora de comunicación política y análisis de opinión pública.
En ello coincidió el profesor Sebastian Lippez De Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Según el catedrático, la estrategia de Petro para promover sus reformas sociales a como dé lugar no es nueva y ahora adquiere matices internacionales de cara a sumar aliados en el mundo.
“Se enmarca en exploraciones en torno a generar una suerte de ambiente o contexto favorable internacionalmente, con una comunidad internacional apoyando las iniciativas del presidente. Se trata entonces de un elemento de presión al Congreso y a otros actores del país para aceptar de mejor manera y más fácilmente el paquete de reformas. Todo esto, bajo el argumento de que de alguna manera ese paquete de propuestas fue aprobado por la sociedad a través del voto popular”, señala Lippez De Castro.
Inclusive, desde la oposición hubo alertas por lo que consideraron otra pretensión de “debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución”. La tesis fue lanzada por el expresidente Iván Duque, quien sostuvo que ahora las reformas “intentarán presentarlas como mecanismos vinculados al proceso con las Farc para decir que son parte de la implementación”.
De acuerdo con el exmandatario, el objetivo es que bajo la figura del ‘fast track’, “se reduzcan los tiempos en la agenda legislativa y puedan imponer la agenda del gobierno”.qq
En respuesta, Petro insistió en que Duque quería hacer trizas la paz; sin embargo, lo invitó a construir un “acuerdo nacional” para hacer realidad la paz de Colombia. “Nuestra sociedad esta cansada de la sangre derramada. ¿Qué de malo tiene que nuestro campesinado viva bajo un Estado Social de Derecho?”, dijo.
En esa misma línea se pronunció el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien durante el gobierno de Juan Manuel Santos –justamente como encargado de la cartera política–, fue el encargado de liderar el proceso de ‘fast track’ para aprobar una serie de leyes de forma exprés para sacar adelante lo acordado con las extintas Farc.
Según el funcionario, quien llega además con el reto de impulsar la Constituyente, la idea será concertar con las bancadas y revisar los puntos que “efectivamente tienen que ver con el Acuerdo, cuáles no necesariamente y cuáles necesitan reformas legales y constitucionales”, dijo Cristo en diálogo con Blu Radio.
Para el profesor Lippez De Castro, el ministro Cristo termina jugando un rol fundamental en esta fase adelantada por Petro, en la medida que cuenta con la experiencia “para articular en el Congreso los apoyos políticos que requieren algunas de las reformas. Es un personaje con muchas capacidades en materia de la acción legislativa y de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso”.
Rechazo a ‘fast track’
Pese a los propósitos del Gobierno, lo cierto es que en el Congreso desde ya hay resistencia a un mecanismo de ‘fast track’. De acuerdo con la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), esa medida responde a que “el Gobierno está sintiendo que la oposición le viene ganando, por eso quiere eliminar la posibilidad que ha tenido la oposición de frenar reformas que son inconvenientes”.
“Les faltan dos años, se les acaba el gobierno y todos los días salen con un cuento más peligroso. Estamos listos para impedir semejante daño (...) La excusa es ‘la paz’, pero lo que realmente quiere es meter las reformas sin debates en el Congreso”, advirtió a su turno el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático).
Desde el oficialismo, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) calificó la propuesta como un acierto, señalando que “la implementación del Acuerdo de Paz es una obligación nacional e internacional del Estado colombiano que ha sido flagrantemente incumplida”. Por ello, dijo que es deber constitucional de los demás poderes públicos cumplir lo pactado.
Para la profesora Arboleda, el ‘fast track’ no es más que otra forma de “encubrir y pasar por encima” de las reglas democráticas para que el Gobierno logre su objetivo de imponer su visión.
“Petro tiene un problema para concretar porque lanza ideas y es muy mal ejecutor. Además, da ideas que no caen bien en la opinión pública. No sabe leer al ciudadano, no le gusta el disenso ni construir acuerdos. Lo que hace es imponer sus formas y al que no le gusta lo gradúa de enemigo o nazi. Tiene claro lo que quiere: acumular poder y quedarse en el poder y eso va en contra de lo que quiere la gente”, dijo.
La discusión en el Congreso comenzaría a partir del próximo 20 de julio, es decir, justo en una semana, y está por verse si el mandatario cuenta con los apoyos para aventurarse en su idea ahora de un ‘fast track’ –mientras en paralelo debe sumar apoyos para su Asamblea Nacional Constituyente–, o si se trata de otro globo. La pelota, una vez más, está en terreno del Gobierno.
