Los exmiembros del secretariado de las Farc comenzaron a despejar la incertidumbre que por 25 años ha rodeado uno de los magnicidios que con más fuerza sacudió la historia política de Colombia.
En efecto, en una carta remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hecha pública ayer, y en un pronunciamiento posterior, excabecillas de la extinta guerrilla declararon estar dispuestos a reconocer su responsabilidad en el asesinato del tres veces candidato presidencial por el Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado.
El crimen se perpetró el 2 de noviembre de 1995, cuando una ráfaga lo alcanzó en su vehículo en el momento en que salía de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde dictaba la cátedra de Historia Política y Constitucional de Colombia.
Desde entonces, la familia Gómez ha culpado de este delito de lesa humanidad (reconocido así en 2017 por la Fiscalía) al entonces presidente de la República Ernesto Samper Pizano, ya que Gómez era uno de sus más fuertes críticos y contendores políticos.
Por eso, la declaración realizada ayer por la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, en la que dice que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad “ha recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las Farc, en la cual se ofrece aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en seis homicidios, incluido el de Gómez, agitó el ambiente nacional.
Tanto así que el presidente Iván Duque manifestó desde Villavicencio que la justicia no puede permitir que por esa vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato, “porque adjudicarse esos crímenes cuando hay garantías de que nadie va a pagar cárcel solo deja dudas, sospechas y preocupaciones (...) Y si alguien se lo está atribuyendo y no es verdad, se debe entender que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país”.
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Familia en desacuerdo
Para Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez, “lo que ocurre aquí es que el antiguo secretariado de las Farc se prestó para lavar el nombre de Ernesto Samper y el de Horacio Serpa”.
Según su recuento histórico, fue José Obdulio Gaviria, hoy senador por el Centro Democrático, quien llevó en 2001 al expediente unos documentos que recibió en El Caguán (Caquetá), donde se realizaban los diálogos de paz con Andrés Pastrana, que incluían correos en los cuales “Mono Jojoy” hablaba con “Raúl Reyes” sobre el asesinato de Gómez.
“Gaviria le entregó esos documentos al fiscal Pablo Murcia, el que más conocía de las Farc porque llevaba la investigación del computador de ‘Raúl Reyes’, y analizando los correos detectó que eran falsos y que en el computador de Reyes no aparecía nada al respecto, por eso la Fiscalía desestimó esa línea de investigación”, le dijo Gómez Martínez a EL COLOMBIANO.
Y aseguró que el interés de Samper y de las Farc es que la Fiscalía no avance en los interrogatorios que están pendientes y próximos a realizarse, como el de Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali, y en la recolección de otras pruebas documentales, “ante lo que contundentemente nos vamos a oponer”.
Samper responde
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper le dijo a EL COLOMBIANO que ignoraba que siquiera alguna vez haya existido la hipótesis de que las Farc hubieran matado a Álvaro Gómez.
“Este reconocimiento lo están haciendo en un proceso de verdad que a Horacio Serpa (su entonces ministro de Gobierno) y a mí nos merece credibilidad y respeto, pero esperamos que la JEP desarrolle sus investigaciones sobre el modo, tiempo y lugar de los hechos para poder hacer un pronunciamiento definitivo sobre ellos”, precisó Samper.
Y agregó que en “los últimos 10 años hemos sido víctimas de todo tipo de insultos y calumnias de parte de la familia de Álvaro Gómez, y aunque entendemos las razones económicas que los animan en convertir esto en un crimen de Estado, rechazamos categóricamente todas estas ofensas de carácter personal que ofenden la memoria del propio Gómez”, de quien destacó que era su amigo personal y el de al menos tres ministros: Juan Carlos Esguerra, Daniel Manzuera y Rodrigo Marín.
“Nosotros siempre hemos estado buscando la verdad, en ese sentido no hemos descartado ninguna hipótesis investigativa y tampoco lo vamos hacer en este caso; lo que sí estamos en condiciones de rechazar es que podemos tener alguna relación con este crimen”, concluyó Samper.
Exfarc darán explicaciones
Ocho exmiembros del antiguo Secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como “Tiomochenko”, el último comandante de esa guerrilla, manifestaron en la tarde de ayer en un comunicado que “tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de un sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez ”.
Dijeron que explicarán ante la JEP y la Comisión de la Verdad por qué el líder conservador era considerado por las Farc un “objetivo militar” y “un enemigo de clase” y por qué decidieron callar este hecho por 25 años.
“Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos”, se lee en el comunicado.
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Coherencia con el Acuerdo
Además del esclarecimiento de este magnicidio, los excomandantes guerrilleros ofrecieron dar verdad y reconocer su responsabilidad en los asesinatos de Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín (ver recuadros).
Parte de esto sorprende, ya que algunos eran líderes de diversos espectros ideológicos y en la mayoría de los casos no había indicios que apuntaran a la responsabilidad de las Farc. Por eso, Álvaro Villarraga, experto en conflicto y exdirector de Acuerdo de Verdad del Centro de Memoria, dijo que este es un reconocimiento coherente con el espíritu del Acuerdo de Paz.
“Son hechos claramente reprochables, delitos de lesa humanidad que nunca debieron cometer, pero hay valentía en su reconocimiento”, concluyó Villarraga.
Ahora será tarea de la JEP y de la Comisión de la Verdad esclarecer a plenitud estos hechos, contrastar las pruebas presentadas que den los exguerrilleros y contarle al país qué fue lo que realmente pasó con estos asesinatos . n
