Han pasado dos años de uno de los escándalos más grandes que ha rodeado al gobierno de Gustavo Petro: el de las “chuzadas” a las empleadas de Laura Sarabia –que por entonces era jefe de Gabinete– Marelbys Meza y Fabiola Perea, que desencadenó en el suicidio de un coronel de la Policía y en la condena de otros miembros de la Fuerza Pública por ejecutar las interceptaciones telefónicas y el uso del polígrafo contra las dos mujeres a quienes señalaban del robo de una millonaria suma de dinero en efectivo del apartamento de la ahora canciller.
Y es que con los alias de “la madrina” y “la cocinera”, los números telefónicos de las dos mujeres fueron ingresados a una listado de personas que harían parte o tendrían vínculos con el Clan del Golfo, para de esta manera, interceptar su comunicaciones durante varios días.
Por estos hechos y la exposición mediática que esto conllevó, una de ellas, Fabiola Perea, volvió a reaparecer esta vez para exigir una reparación económica por los perjuicios ocasionados por las interceptaciones de las que fue víctima.
La mujer, que en el momento de los hechos se desempeñaba como empleada en el apartamento de Laura Sarabia y su exesposo Andrés Parra, radicó ante la Procuraduría –a través de su abogado, Boris Lombana–, una solicitud de conciliación extrajudicial en la que exige una reparación económica por los perjuicios ocasionados por las interceptaciones ilegales.
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La solicitud, que fue revelada por Caracol Radio, también incluye a sus cinco hijos y en la misma exigen una indemnización corresponde a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a unos $640 millones, por los daños ocasionados tras lo sucedido. Esa cifra, señala el documento, representa los ingresos que dejó de percibir debido a las consecuencias del escándalo, así como el daño moral y psicológico que ella y su familia sufrieron.
“Es una solicitud de conciliación extrajudicial en favor de la señora Fabiola Perea y su núcleo familiar, que como ustedes sabrán, fue objeto de señalamientos por parte de la doctora Laura Sarabia por la supuesta sustracción de unos dineros propios (...) a fin de obtener una reparación de los perjuicios que le fueron causados a la señora Fabiola y a su núcleo familiar (...) puesto que hasta la fecha no ha sido posible su vinculación laboral nuevamente”, indicó el abogado Lombana a la emisora.
La solicitud, así mismo, señala como responsables de reparación al Departamento Administrativo de Presidencia, Dapre, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
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Pero además de la reparación económica, Fabiola Perea pide que estas entidades “realicen un acto público de desagravio a las víctimas de las interpretaciones ilegales de estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente a este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”.
“Me refiero a Laura Camila Sarabia Torres y demás funcionarios públicos. Acto que deberá ser difundido a través de las redes sociales de cada entidad, y en medios de comunicación públicos de orden nacional, por un espacio igual al que duraron las interceptaciones ilegales”, describe el documento.
