El reciente nombramiento de Natalia Parada como subdirectora de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad Nacional de Protección (UNP), desató una serie de reclamos de los líderes del partido Comunes y exmiembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc. Cuestionaron que la designación hubiera ocurrido sin el consenso de ellos.
Las molestias se dan desde la base de que dicha subdirección, que en adelante será liderada por Parada, es la encargada de tramitar los casos de riesgos de los firmantes de la paz.
En su red social X, Rodrigo Londoño, presidente del partido y antiguo comandante de las Farc, reclamó directamente los incumplimientos al presidente, Gustavo Petro.
“Compañero Presidente @petrogustavo termina la semana con un gravísimo hecho contra la seguridad de los firmantes que constituye una violación flagrante al acuerdo discutido en La Habana”, escribió el dirigente político.
Ante esto, elevó un llamado a todos sus compañeros para que de manera urgente se reúnan a analizar la actual situación de riesgo de los desmovilizados, 425 de los cuales han sido asesinados desde la firma de la paz en septiembre de 2016.
“He convocado con urgencia al último Secretariado de las extintas FARC-EP y la bancada parlamentaria de @ComunesCoL para evaluar la situación. Es nuestra vida la que esta de por medio”, añadió Londoño, también conocido como Timochenko.
A las voces de reclamo se sumó la de Pastor Alape, también miembro del partido Comunes y exmiembro de esa extinta guerrilla, quien calificó como ironía que justamente sea el presidente del “cambio” el que esté entorpeciendo el cumplimiento de los acuerdos.
“Qué ironía, el gobierno de @IvanDuque el que haría trizas el AFP respetó lo acordado para la dirección de la SESP de la @UNPColombia y ahora, nuestro gobierno, el de la paz, el de nuestro presidente @petrogustavo toma la decisión de incumplir los compromisos de seguridad.”, escribió Alape.
Recientemente, este diario conoció que la situación para los firmantes de paz es tan grave que, aprovechando el escenario vulnerable en el que están, los disidentes del Estado Mayor Central les ofrecen salarios de hasta 10 millones de pesos para que regresen a la insurgencia.
