Al lío por la licitación para la expedición de pasaportes, que tiene al canciller Álvaro Leyva suspendido y en líos disciplinarios, el presidente Gustavo Petro le sacó otra pata. Ahora enfiló sus cuestionamientos a la empresa Thomas Greg & Sons —que está en una puja legal con el Estado por ese contrato— por supuestamente estar detrás de un “fraude monumental” en las elecciones.
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El último contrato que firmó con esa entidad fue para la inscripción biométrica de votantes, candidatos y jurados de votación de las elecciones de 2022. Y, como contó La Silla Vacía, desde 2010 ha contratado con la Registraduría, que organiza los procesos electorales en el país. Petro señaló a la compañía de controlar “por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental” y que el sistema electoral colombiano “es muchísimo peor” que el venezolano.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado Jaime Suárez Bayona, quien trabajó 25 años en la Registraduría en distintos cargos —como director Nacional de Identificación y registrador Delegado en lo Electoral—, cuestionó esas conclusiones del Jefe de Estado y dijo que es “imposible” que una contratista pueda hacer un fraude.
¿Cómo maneja la Registraduría los procesos electorales?
“Es manejado totalmente por la Registraduría Nacional. La información está custodiada y bajo seguridad de la entidad en permanente auditoría y vigilancia de la Procuraduría y de Fiscalía, que tiene funcionarios delegados. En materia electoral hay auditores de la Procuraduría, de los partidos y de organismos como la MOE (Misión de Observación Electoral)”.
¿Qué papel juegan las contratistas de la Registraduría para eso?
“Los contratistas no manejan los procesos de bases de datos. Hay un software que digita y es administrado en su totalidad por la Registraduría. Lo diferente es que se contrate el soporte técnico, o sea, el funcionamiento o la seguridad informática”.
¿Cuántas empresas puede llegar a contratar la Registraduría para un proceso electoral?
“Se menciona mucho una sola compañía (Thomas Greg & Sons), pero este proceso no se puede hacer con una sola empresa, pues una no tiene la capacidad ni el conocimiento ni la experticia técnica, por ejemplo, para hacer impresiones de gran cantidad de cartones electorales y para hacer los currículos y las urnas de cartón; ni para hacer al tiempo el alquiler de carpas, el transporte o la impresión de seguridad. Son empresas diferentes, incluso públicas, otras mixtas y otras privadas”.
¿En ese proceso cómo entra a jugar Thomas Greg?
“A mí me causa impacto cuando se habla de una sola empresa porque este proceso electoral es tan grande y complejo que son uniones temporales que se hacen entre diferentes empresas. Hay un grupo empresarial grande (Thomas Greg) que tiene una alta experticia y ellos comenzaron desde que conocí el proceso electoral por dentro y lo más importante hacían la impresión de las tarjetas electorales.
Eso es algo que nuestra Constitución establece y es que tiene que ser en papel de seguridad. Por requerimientos de la Fiscalía y la Procuraduría, estas tarjetas electorales deben tener unos códigos que permitan la identificación de esas tarjetas electorales. Hay empresas que han ido conformándose que entran a esa unión temporal y que prestan todo el soporte porque todo esto se ha ido modernizando”.
¿Esa contratista o alguna otra participa en el conteo de votos o en el escrutinio como para sugerir que lo controlan?
“Cuando terminan las elecciones y quedan los formularios con los resultados, se hace el escrutinio en la siguiente etapa que es realizado por los jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos. Son aproximadamente más de 3.000 entre comisiones escrutadoras formales y auxiliares para los 1.103 municipios y para los 32 departamentos más Bogotá. En esa primera etapa se realizan más de 6.000 escrutinios con jueces o miembros de la rama judicial que no tienen nada que ver con la Registraduría, menos con contratistas”.
Entonces sería hilar muy fino decir que una empresa, Thomas Greg & Sons, “puede hacer un fraude monumental”...
“Con la experiencia de haber estado tantos años en la Registraduría, creo que es prácticamente imposible que una sola empresa logre hacer eso. Aún si se unieran muchas empresas es igual de imposible porque a todos se les hacen pruebas, simulaciones, controles, trazabilidad y todo está autenticado no sólo por funcionarios de la Registraduría, sino por la auditoría externa que contrata para el acompañamiento técnico”.
Así las cosas, ¿entonces esa compañía ha cumplido?
“Yo no estoy haciendo defensa de algún contratista, estoy haciendo defensa de la institucionalidad, de una entidad que amo, del proceso electoral en Colombia y de la democracia. Estoy aclarando los procesos que adelanta la Registraduría con muchos soportes contratados y eso es muy diferente”.
¿Qué diferencia al sistema electoral venezolano del colombiano?
“La diferencia del sistema de allá con el de Colombia es el voto electrónico. Pero lo cierto en el mundo es que la mayoría de países que lo tenían electrónico están considerando regresar al papel. Aquí se suele decir que porque el voto no es electrónico significa que es un proceso electoral rezagado. Al contrario, con papel ha hecho que sea un proceso electoral muy seguro y confiable”.
Thomas Greg tiene contratos desde 2010, ¿es normal ser contratista por tanto tiempo en la Registraduría?
“Es natural porque la Registraduría tiene muchos procesos y, por lo tanto, muchos contratistas. En ese sentido, muchos contratistas se van especializando por las exigencias de las entidades. Yo era supervisor de algunos contratos y tocaba incluirle más componentes porque hay más exigencias, entonces estos contratistas obvio que se van especializando”.
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