Tal y como quedó establecido en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc hace seis años, aquellos comandantes guerrilleros que reconozcan los delitos cometidos en el marco del conflicto armado tendrían una pena alternativa.
En esa vía, los exjefe de las Farc Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), están adportas de recibir su primera condena, aunque la JEP anunció en el primer documento de recomendaciones y conclusiones que –por el caso de secuestro– podrían recibir una pena alternativa de 8 años de restricción efectiva de las libertades, pero no irían a una cárcel.
“La Sala sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma que es de 8 años y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía”, dijo la JEP.
Como contraprestación al daño causado, los exjefes de Farc responsables de los secuestros durante la confrontación realizarán trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, trabajarán en la restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y realizarán actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas.
Estas fueron las propuestas de los exguerrilleros que fueron aprobadas por la JEP, pero se queda a la espera de que la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, se encargue de evaluar las sanciones a imponer a los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc y de definir su contenido reparador y restaurador como la restricción no carcelaria de libertades y derechos.
EL COLOMBIANO contactó al congresista Julián Gallo para obtener su versión sobre las sugerencias de la JEP, y expresó que, por ahora, no se manifestará. Otros exjefes guerrilleros, al cierre de esta edición, no contestaron.
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No es la primera vez
La aplicación de la justicia transicional con penas alternativas no es la primera vez que sucede ni en Colombia ni en otros países donde se han adelantado acuerdos de paz.
Guardando las proporciones, el proceso que se realizó con los paramilitares tuvo penas alternativas de hasta ocho años de cárcel para aquellos comandantes y combatientes rasos que aportaran a la verdad y realizaran la reparación a las víctimas de sus acciones violentas, aunque en justicia ordinaria los delitos cometidos les habría dado entre 30 y 40 años de prisión.
No obstante, como lo explica el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, no fue un proceso perfecto “y tuvo altos niveles de impunidad porque aún se desconocen muchos de los hechos y quienes fueron sus autores. Además, las víctimas siguen reclamando a sus seres queridos desaparecidos”.
En el mundo también se ha tomado la vía de la alternatividad penal como el camino para cerrar décadas de confrontación y conflictos que desangraron los países.
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Como ejemplo se tiene en América, y solo por mencionar algunos, a El Salvador, Guatemala y Uruguay, donde la justicia restaurativa que se aplicó en este país para solucionar el conflicto político vivido a mediados del siglo XX, se trató de una reconciliación colectiva.
En medio de la controversia se esperan las primeras sentencias para los exjefes de las Farc en medio del reclamo de las víctimas que les piden verdad y reparación
