El presidente Gustavo Petro –cuando se subió a la tarima de las manifestaciones del 1 de mayo– repitió que para él era una prioridad avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc en 2016. Pasaron solo 48 horas y su gobierno oficializó un nombramiento que los excombatientes no bajan de “irrespetuoso”.
La manzana de la discordia surgió cuando Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció en redes sociales que había designado a Natalia Margarita Parada en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.
Al margen del perfil profesional de la funcionaria, los excombatientes manifestaron su preocupación porque no se les tuvo en cuenta en la decisión.
En efecto, esa Subdirección se constituyó en el Acuerdo como una de las garantías de seguridad para los firmantes. Entre otras funciones, allá se administra el cuerpo de seguridad para los excombatientes y miembros del partido Comunes.
Para los firmantes, su protesta no es un mero capricho. En el Acuerdo había quedado claro que para las decisiones en esa subdirección debía primar el principio de confianza y concertación entre el Gobierno y los reincorporados.
“Al día de hoy llevamos 423 asesinatos en los que hay responsabilidad de la UNP porque no ha ejercido funciones efectivas en la protección de los firmantes”, señaló en diálogo con este diario Pastor Alape, miembro del último Secretariado de las Farc y delegado de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
La UNP salió al paso a las críticas y aseguró en un comunicado que la Subdirección estaba en interinato desde antes de la llegada de Parada. Afirmaron que los excombatientes han enviado propuestas para ocupar el cargo y que todas las postulaciones han sido “ineficaces”.
Para los firmantes, se trata de una garantía no menor. Fueron 80 los excombatientes que han resultado asesinados mientras esperaban respuesta en las garantías de protección por parte de la UNP.
La designación no dejó de ser sorpresiva entre los reincorporados. Hasta el gobierno de Iván Duque –quien ha sido políticamente opuesto a los planteamientos de Comunes– dijo que las decisiones en la Subdirección eran concertadas.
La desazón por la designación fue tal que Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc y presidente de Comunes, convocó a una reunión de urgencia al último Secretariado y a la bancada parlamentaria para evaluar la situación.
En la reunión acordaron presentar recursos legales para tratar de revertir el procedimiento que habría “impuesto” el director de la UNP. El comisionado de paz, Otty Patiño, incluso, convocó a una reunión para escuchar las quejas de los excombatientes.
“Normalmente los funcionarios de los gobiernos toman nota y dicen que van a tramitar, aclarar y escuchar la otra parte y demás. Eso fue lo que ocurrió con el comisionado. Estamos esperando respuestas más efectivas”, señaló Alape sobre la reunión con Patiño.
La seguridad es solo uno de los capítulos que los exFarc han apuntado en el libro de inconformidades con el presidente Gustavo Petro. Aunque la bancada de Comunes en el Congreso es gobiernista, la relación con la Casa de Nariño cada vez parece más fría.
“Nosotros aplaudimos permanentemente la narrativa de paz del Presidente. Nos emociona escucharlo. Pero él no ha sido capaz de llevar la implementación del Acuerdo al terreno práctico y efectivo”, añadió Alape.
Los reincorporados también han levantado su voz de protesta por el avance lento –o nulo– del Gobierno en otros compromisos como la restitución y entrega de tierras para campesinos y excombatientes.
En este punto, de hecho, un informe de la Fundación Forjando Futuros reveló que el presidente Petro ha avanzado significativamente menos que su antecesor en esta materia.
“Bajo el mandato de Petro, se han restituido 71.000 hectáreas, en comparación con las 161.000 hectáreas restituidas durante el período similar en el mandato anterior”, se lee en el informe.
Hasta ahora se han restituido 665.000 hectáreas, lo que representa un 10,5% de la meta inicial de restituir 6,5 millones de hectáreas.
Además de las tierras, los firmantes también critican el nulo avance que ha tenido la administración Petro en la sustitución de cultivos ilícitos.
Es que el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) solo ejecutó el 5% de los 768.000 millones asignados como presupuesto en este rubro para 2023.
Pese al aparente desinterés del Gobierno en los temas de implementación del Acuerdo, desde el Partido Comunes afirmaron que –por ahora– mantendrán su apoyo parlamentario a las reformas del presidente (son 5 votos en Cámara y 5 en Senado).
“Eso sí, a nosotros nos corresponde defender el Acuerdo, sea quien sea el presidente. Estamos obligados a hacer veeduría”, puntualizó Alape.
423
excombatientes de las Farc han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016.
