La exdirectora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Buenaventura, en el Valle del Cauca y actual secretaria de Gobierno, identificada como María Liliana Vivas Paz, fue formalmente acusada por la Fiscalía General de la Nación de haber exigido sobornos a reclusos a cambio de beneficios carcelarios.
Le puede interesar: Supersalud sostuvo reunión con presas del Buen Pastor en Bogotá sobre situación en el penal
De acuerdo con la investigación, mientras ostentaba el cargo de directora de la entidad penitenciaria, Vivas Paz cobraba un millón de pesos a los internos para gestionar traslados a centros transitorios, cambios de patio, facilidades de comunicación con sus abogados y mejores condiciones de reclusión.
Las exigencias económicas habrían ocurrido al menos en cuatro ocasiones entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, sumando un monto total de 15 millones de pesos.