Con la llegada de Gustavo Petro al poder, hace 57 días exactamente, se comenzó a vivir una reedición de lo que fue el ala política de la extinta guerrilla del M-19. Y no solo porque el Jefe de Estado estuvo en esas filas ilegales, sino porque –por instrucción directa del mandatario– otros varios exmilitantes están aterrizando en cargos muy sensibles para Colombia.
El ejemplo explícito de esa reinvención del M-19 permea a la inteligencia del país, esa que conoce los secretos mejor guardados del pasado, vela en la actualidad por la seguridad en todos los niveles y que tiene la tarea de garantizar el futuro democrático de la nación.
La punta más clara de esta radiografía está en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad en la que Petro designó como jefe a Manuel Casanova.
Casanova, filósofo egresado de Los Andes y con especialidad en Gerencia de Mercadeo y Administración Pública Contemporánea, y además un cauteloso exguerrillero, llega a encabezar una importante agencia estatal –que remplazó al extinto DAS– que tiene un presupuesto de $108 mil millones y acceso a la información más sensible del país.
Con ello, realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia con el fin de garantizar la integridad del Estado y los derechos de los ciudadanos. Además, le responde directamente al Presidente de la República.
El ahora director de la DNI también estuvo en el equipo de empalme de Petro en asuntos de seguridad y, según ha trascendido, estaba en el sonajero para este cargo junto a René Guarín, otro exmilitante del M-19.
El otro excompañero de filas guerrilleras, y ahora de Gobierno, es Augusto Rodríguez, un amigo íntimo de Petro desde hace décadas y a quien dejó a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De hecho, Rodríguez ha sido tan cercano a Petro que, entre otras cosas, lo defendió ante la Corte Suprema durante el escándalo de los ‘petrovideos’. Como director de la UNP estará a cargo de un presupuesto de $1,33 billones y de la protección de una gran cantidad de personas, cuyas vidas están en permanente riesgo. En total, la UNP atendió 46.245 solicitudes de ayuda por posible riesgo sobre sus vidas.
Los solicitantes pertenecen a sectores bien distintos de la sociedad: políticos, congresistas, altos funcionarios, líderes sociales amenazados y exguerrilleros de las extintas Farc.
Y el tercero, también amigo de vieja data del Jefe de Estado, es Carlos García. Al igual que los otros dos directores, estuvo en las filas guerrilleras del M-19 y trabajó con Petro durante su Alcaldía en Bogotá. García fue subdirector de Asuntos Internacionales del Palacio de Liévano. Ahora maneja la entidad que sabe en tiempo real quién entra o sale del país y sus motivos.
La oposición –en cabeza del Centro Democrático– exigió vigilar, incluso desde el exterior, el manejo de estas tres entidades
