Se trata de empresarios, políticos y particulares. El hijo del presidente y su expareja, Day Vásquez, enfrentarán el juicio en libertad, pero con condiciones.
Después de una convulsa semana –que puso contra las cuerdas al gobierno del presidente Gustavo Petro–, se resolvió, por ahora, la situación jurídica de Nicolás Petro Burgos y su exesposa Daysuris Vásquez, señalados de recibir cuestionados dineros para su lucro personal y que, además, habrían salpicado las cuentas de la campaña del hoy mandatario.
Este viernes, al término de la audiencia en que se definió la medida de aseguramiento de Petro y Vásquez, el juez del caso accedió a que ambos enfrenten el juicio en libertad. Eso sí, bajo condiciones como no participar en eventos de orden político o salir del país. Esa libertad está sujeta a una serie de compromisos que seguramente pactó la expareja con la Fiscalía para seguir aclarando el caso y determinar el origen de los millonarios recursos.
El balance fue agridulce, pues el togado ordenó compulsar copias contra la expareja por más delitos: además de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ahora tendrán que responder por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. El juez fue enfático en advertir también que no pueden tener contacto con los 16 señalados de presuntamente facilitarles recursos.
El arsenal probatorio contra el ahora exdiputado del Atlántico y su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, fue tan demoledor que –quizá acorralados y sin salidas– no tuvieron de otra que acceder a colaborar con la justicia y poner al descubierto un verdadero entramado criminal alrededor del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. De paso, terminaron salpicando y poniendo en tela de juicio la manera como “el gobierno del cambio” ascendió al poder.
La telaraña de irregularidades cobija a empresarios, políticos y dirigentes que hoy están llamados a dar la cara y explicar si tuvieron o no relación con el incremento patrimonial, las excentricidades y los lujos de la expareja. La pregunta salta a la vista: ¿quién dio la plata?
Si bien hoy las miradas están puestas en un esquema que se hizo viral con 26 personas que tendrían que ver con el entramado –en el que sobresale la primera línea del presidente: exministros, funcionarios, contratistas, congresistas del Pacto y hasta la primera Dama, Verónica Alcocer–, hay otro “roscograma” mucho más demoledor que ha pasado de agache y donde la Fiscalía escudriña para conocer el origen de los millonarios recursos.
Se trata de una línea investigativa que la Fiscalía atinó a denominar caso “Fasad”, una expresión árabe que significa literalmente corrupción. Allí aparecen salpicadas al menos 16 personas de la Costa Atlántica que “entregaron la plata para financiar, de una u otra forma, el incremento patrimonial de Petro Burgos y Day Vásquez (...) al inyectarle capital a Nicolás terminaron ingresando dineros a la campaña presidencial de actual presidente”, según explicó durante la audiencia de medida de aseguramiento el fiscal Mario Burgos.
El funcionario logró recolectar testimonios, chats, audios y promesas de compraventas que dan cuenta de las irregularidades, así como de la vida de lujo de la expareja, que incluía exclusivos inmuebles y condominios; varios vehículos de marcas como Mercedes Benz, Toyota o Mazda, así como ropa de reputadas marcas como Carolina Herrera o Hugo Boss.
“Utilizaron el nombre de terceras personas, entre familiares y amigos, para que estos figuraran como titulares de los bienes y de esta manera, evadir el control de las autoridades, además realizaron maniobras para intentar justificar lo que adquirían”, precisó el fiscal Burgos.
En el primer grupo de implicados en el caso “Fasad” se cuentan dirigentes, empresarios y políticos que, según la Fiscalía, guardarían una estrecha relación con Petro Burgos y que le habrían entregado parte de los recursos. Aquí aparece un viejo conocido que fue fundamental para la campaña Petro en el Atlántico: el mega contratista Euclides Torres.
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Se trata de un individuo cercano al exembajador Armando Benedetti –que meses atrás habló de la entrada irregular de $15.000 millones a las arcas de Petro presidente–, que a punta de negocios con el alumbrado público edificó un emporio con tentáculos en la política. De allí que sea considerado uno de los supuestos financiadores no declarados de la campaña presidencial, al punto de “aportar plata y logística” para eventos.
Torres es hermano de Dolcey Torres, representante a la Cámara liberal, pero con tendencia petrista, y es el tío de la diputada Karina Llanos Torres, nada menos que la actual pareja del senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, quien también aparece mencionado en el entramado. “Euclides le habla al oído a Gustavo (...) Euclides tiene más poder que Nicolás”, aseguró Day Vásquez en una de las conversaciones reveladas por la Fiscalía.
Otro de los empresarios que aparece salpicado en el caso es Christian Daes, hoy presidente de la empresa barranquillera Tecnoglass. Si bien en su momento negó cualquier tipo de aporte, en plena contienda de 2022 se conoció que le pagaba a María Antonia Pardo, una de las periodistas al servicio del entonces candidato Gustavo Petro.
Además de Jorge Robayo, un enigmático hombre que sacó a la luz la Fiscalía, emerge Óscar Camacho, a quien el ente consideró un “poderoso empresario de Cúcuta” que –de acuerdo con el testimonio que Petro rindió a la Fiscalía–, habría aportado recursos que, aunque la expareja destinó para sus gastos personales, también terminaron en la campaña del presidente. El diario La Opinión de la capital de Norte de Santander reveló que en su núcleo familiar hay personas dedicadas al préstamo de dinero y vinculadas al narcotráfico.
En la trama figura otro personaje decisivo: Máximo Noriega, considerado padrino político de Petro Burgos, exgerente de su campaña en 2019 y a quien a última hora el Pacto Histórico le retiró su bendición para ser el candidato a la Gobernación del Atlántico. “Máximo, no le estoy robando a él (Nicolás Petro), porque esa plata tampoco era para él. Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando”, dice en las conversaciones Vásquez.
Al desglosar el esquema que logró armar la Fiscalía aparecen dos figuras clave con quienes arrancó el escándalo y quienes habrían entregado recursos por el orden de $1.000 millones que, aunque bajo cuerda iban para la campaña, habrían terminado en los bolsillos de Nicolás Petro: el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Hilsaca –a quien conocen como el Turco Hilsaca–, un contratista que además ha estado vinculado a escándalos de corrupción.
En otro de los tentáculos del “roscograma” sobresalen nombres del círculo más cercano y hasta familiar de Nicolás Petro. En primer lugar, Camilo Burgos, primo del exdiputado y quien apareció salpicado en los chats por aparentes movimientos de dinero, así como por ser quien habría alquilado una de las lujosas camionetas en las que se movilizaba Petro y que después se conoció que era de propiedad del contratista del Meta Juan Manuel Sarmiento Mejía.
“Esa camioneta (Petro Burgos) la destinó a su esquema personal, además, ese mismo empresario hubiese entregado una suma de dinero en efectivo. De esa camioneta, que usted la devolvió, la señora Day Vásquez aún conserva la llave y los controles”, dijo el fiscal.
En segundo renglón figura Germán Londoño, amigo íntimo del exdiputado y quien aparece en fotografías con el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero. “(Londoño) le está manejando toda la plata que le entra a Nicolás”, denunció en marzo pasado Day Vásquez. Al parecer, este individuo sería un lobista con vínculos en el alto gobierno. Además de fotos con Máximo Noriega, fue captado con las exministras Irene Vélez o María Isabel Urrutia, así como con el canciller Álvaro Leyva.
La triada la cierra Raymond Montaño que, según la Fiscalía, hacía las veces de tramitador de la expareja, y quien habría logrado que uno de los carros de marca Mercedes Benz (avaluado en $200 millones) quedara a nombre de un tercero para no levantar sospechas. En este caso, se trataría de Blanca Isabel Gutiérrez (otra de las indiciadas), quien sería una excontratista de la Gobernación del Atlántico. “(La expareja) ocultó e incurrió no solo su real propietario, sino, en el origen de dichos recursos”, declaró el fiscal sobre el vehículo.
En un último grupo de salpicados aparecen 5 personas con una relación más cercana a Daysuris Vásquez. Además de Blanca Gutiérrez, se distingue acá el nombre de Mónica “Kiki” Lopesierra, hija del Hombre Marlboro, que en junio pasado –haciendo las veces de testigo– rindió declaración ante la Procuraduría. Además de la obvia relación con su padre, la mujer lidera una empresa que organiza exclusivos eventos en Barranquilla. Está casada con Jorge Albeiro Giraldo, dueño de la compañía Plastigiraldo S.A.S.
En medio de este entramado se conoció la presunta participación irregular de la expareja en un contrato estatal: entre la Gobernación del Atlántico y una fundación denominada Conciencia Social, cuyo representante legal era Gustavo de la Ossa, otro de los implicados. Según la Fiscalía, Petro Burgos, Day Vásquez, de la Ossa y otro hombre llamado Pedro Name (amigo de Daysuris) manipularon la adjudicación del contrato –ideado para la atención de adultos mayores–, “para apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto”.
Finalmente, sobresale César Emilio Vásquez, tío de Day Vásquez, quien se hizo a nombre de uno de los inmuebles en Barranquilla adquirido por la pareja. El propio juez del caso pidió a la Fiscalía compulsar copias en su contra, “pues todo el tiempo se presta para que a su nombre se pongan bienes sin que se logre acreditar su legalidad”.
Todos estos 16 individuos, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, tienen algún grado de implicación en el incremento patrimonial por más de $1.053 millones de la expareja sin que aún puedan justificar su procedencia. Por ello, muchos de ellos serían vinculados al caso.
“Hicieron indistintos aportes que, al parecer, ayudaron a Petro y Day Vásquez, a incrementar su patrimonio de manera injustificada, como conducta antecesora al delito de lavado de activos (...) ayudaron en la consecución de recursos de una posible corrupción para inyectar capital a la campaña presidencial que, de una u otra forma, no se reportó ante las autoridades electorales”, concluyó el fiscal.
Con base en los testimonios y declaraciones que rindan estos implicados podría seguir desenmarañándose el caso y se aclararía, por fin, la presunta financiación ilegal de la campaña de otro presidente en Colombia. El proceso apenas arranca.
“El Gobierno continuará sin distracciones”
En medio de las revelaciones de su hijo, el presidente Gustavo Petro emitió ayer un comunicado en el que admitió que recibía “con dolor” las denuncias sobre presuntas irregularidades en la campaña en la Costa. Al ratificar que “serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda”, anunció que le otorgó poder a Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, para que lo representen en el caso. Por otro lado, aseguró que continuará “decididamente” con su agenda presidencial y que el Gobierno “continuará sin distracciones su tarea y compromiso”.
Previamente, Nicolás Petro insistió durante la audiencia que su colaboración con la justicia “ha sido unadecisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión”.
