El Estero San Antonio, ubicado en el costado este de la bahía de Buenaventura, ha sido señalado por organizaciones sociales como un lugar donde se han arrojado múltiples cuerpos de víctimas. Práctica que también se ha registrado en otros sitios como el Estero El Aguacatal y la isla La Calavera.
El Valle del Cauca, especialmente el Distrito de Buenaventura, ha sido un territorio gravemente afectado por la violencia del conflicto armado y las disputas por el control del narcotráfico y otros recursos que se producen en la zona. Lo que ha hecho que, desde los inicios del conflicto hasta la actualidad, la población de este importante puerto siga sufriendo las consecuencias de la guerra.
Los esteros de Buenaventura, muy similares a los manglares, son ecosistemas cubiertos por agua durante gran parte del año; estos ecosistemas rodean gran parte de la ciudad y son venerados y protegidos por muchas comunidades, debido a su importancia ecológica. Sin embargo, durante el conflicto, estos paradisíacos lugares se convirtieron en testigos de la violencia, guardando en ellos el dolor de la desaparición forzada.
Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas, el departamento de Valle del Cauca reporta una cifra de 540.803 víctimas directas, de las cuales 8,822 son casos de desaparición forzada. De esa cifra, Buenaventura registra 296.685 víctimas, de las cuales 2.180 son desapariciones forzadas.
Según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia en Buenaventura ha sido perpetrada por diversos actores, incluyendo paramilitares, narcotraficantes, guerrillas y fuerza pública, todos buscando beneficios económicos del puerto a expensas de las comunidades locales. Prácticas como los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura han persistido a pesar del Acuerdo de Paz, con las “casas de pique” siendo un ejemplo aterrador de la brutalidad ejercida en las zonas más pobres.
Hoy se dio inicio a la Audiencia Pública para definir el proceso que se llevará a cabo en el Estero San Antonio, un área crucial en la búsqueda de personas desaparecidas en Buenaventura. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había ordenado medidas cautelares en esta zona, tras las alertas de las organizaciones Movice sobre la posible presencia de cuerpos en este lugar.
La JEP ha instado a todas las instituciones a proteger el lugar, destacando la necesidad de colaboración de la Procuraduría y la Fiscalía, quienes han sido cuestionadas por los altos niveles de impunidad relacionados con estos delitos. En 2019, se otorgaron licencias de dragado en la zona, lo que pudo haber afectado las labores de búsqueda y llevó a las organizaciones de víctimas a solicitar urgentemente las medidas cautelares.
Durante la audiencia, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas, presentó una propuesta experimental para la recuperación de cuerpos en el Estero San Antonio. Las acciones incluyeron la revisión de experiencias previas, la participación de un exjefe paramilitar para explicar el modus operandi de las desapariciones, y la asesoría de un arqueólogo forense.
Sin embargo, la labor parece ser más compleja de lo que parece, Luis Fonderbrider, antropólogo forense argentino, enfatizó las dificultades de recuperar cuerpos en medios acuáticos, especialmente aquellos sumergidos por más de tres meses y recomendó considerar la posibilidad de realizar un memorial en la zona y actos en honor a las víctimas si la recuperación de restos no es viable.
Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentó tres alternativas para avanzar en el caso: no realizar nuevas fases de prospección y consolidar el estero como un lugar de memoria. Ampliar las áreas de estudio del estero, lo cual implicaría mayores costos y resultados inciertos. O implementar una segunda fase de intervención en zonas priorizadas y evaluar los resultados para tomar decisiones futuras.
Sin embargo, las organizaciones de víctimas continúan insistiendo en que la labor de búsqueda debe llevarse a cabo para darle fin a la incertidumbre de las familias de aquellas víctimas de desaparición que pueden haber terminado en el Estero San Antonio.
