El debate sobre cómo debería operar el grupo móvil antidisturbios, Esmad, volvió a estar sobre la mesa tras la muerte del joven Dilan Cruz, quien resultó herido por uno de sus miembros, en el marco de las movilizaciones que se adelantan el país. Cruz murió este lunes. Pero más allá de las críticas, la realidad, luego de consultar a los analistas, es que en cualquier democracia este grupo debe existir.
El general Hoover Penilla, comandante la Policía Metropolitana de Bogotá, recordó que el principio fundamental de los uniformados es el respeto a los Derechos Humanos, al ciudadano y cumplir la ley. “Existen riesgos y suceden eventualidades, cosas que queremos evitar . El Policía no sale a causar daño”, aseguró.
Pues bien, este Escuadrón Móvil Antidisturbios se creó en abril de 1999 con la premisa de atender cualquier tipo de desórdenes. El uso de la fuerza se soporta como un último recurso y se rige por cuatro principios: necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad.
Esa agrupación, adscrita a las autoridades metropolitanas, está regulada mediante dos resoluciones del Ministerio del Interior y su actuar es vigilado por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de Derechos Humanos.
A la fecha, lo integran 3.876 personas, presentes en 20 ciudades. Los oficiales del Esmad están autorizados para utilizar “armas no letales”, como bastones de policía, cartuchos y granadas de gas lacrimógeno, polvo de pimienta, fusiles de gas, granadas de aturdimiento, escopetas calibre 12 cargadas con municiones “no letales” y otros tipos de cartucho.
Las escopetas calibre 12, dice el Ministerio de Defensa, solo se utilizan en procedimientos de control de disturbios, “única y exclusivamente para el impulso de cartuchos de impacto dirigido menos letal”. Los uniformados del Esmad no solo tienen equipo de defensa, sino toda una indumentaria de seguridad.
Incluso, en 2018 hubo una renovación de los elementos que estos visten (cascos, protectores corporales y otros) motivo por el que el presupuesto invertido en el escuadrón superó los 4.487 millones de pesos, ocho veces más que el monto de 2017, que rondó los 522 millones. Además de los elementos que portan, tienen 108 tanquetas que, según la Ley 1801 de 2016, son “medios de apoyo” para sus procedimientos.
