Tras un año de monitoreo y seguimiento constante al cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y grupos armados al margen de la ley, la Defensoría del Pueblo reveló que se habían registrado 236 violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el 2023, por tanto, incumpliendo en repetidas ocasiones el acuerdo del cese al fuego.
Estas violaciones fueron cometidas principalmente por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, representando el 94% de las acciones directas, según un informe del pasado mes de febrero, estructura con la cual el Gobierno decidió suspender el acuerdo este domingo.
Según el informe del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, de las 34 confrontaciones registradas entre la fuerza pública y estas estructuras, 32 fueron perpetradas por el EMC de las FARC. El departamento del Cauca fue el más afectado, con 21 de las 34 acciones directas.
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En los territorios de Corinto, Argelia, Suárez, Patía y Buenos Aires, en el departamento del Cauca, hubo 17 acciones directas que violaron el cese al fuego. Además, de los 16 municipios afectados por estas ofensivas, el 62.5% tuvo como resultado asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
Las acciones contra la población civil, que incluyeron desplazamientos, confinamientos, homicidios, masacres, secuestros, desapariciones, restricciones a la movilidad y extorsiones, fueron principalmente llevadas a cabo por el EMC, con un 58% de las acciones.
“El grupo con más acciones indirectas registradas fue el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, con el 58% de las acciones; le siguieron el ELN, con el 20%; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Clan del Golfo, con el 8%, y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, con el 7%. El 7% de los casos no pudo ser esclarecido”, había señalado Camargo.
A pesar de múltiples violaciones del acuerdo, lo que detonó la suspensión del cese al fuego fue el reciente ataque en el departamento del Cauca, el más golpeado por estas organizaciones armadas, en donde este fin de semana asesinaron a una persona de la comunidad indígena e intentaron secuestrar a un joven de zona rural de Toribío, al norte del Cauca.
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Como resultado, el Gobierno Nacional decidió suspender el cese al fuego bilateral que se había acordado el pasado 16 de octubre de 2023 y que había sido prorrogado hasta el 15 de julio de 2024.
El gobierno determinó que “el Estado Mayor Central de las FARC-EP presente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca ha incumplido los presupuestos fundamentales del Cese al Fuego pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública, y evidenciando poca voluntad de paz”.
Ante el incumplimiento del cese al fuego por parte de estas estructuras del EMC, el gobierno ordenó la suspensión del acuerdo y la reanudación de las acciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
