La firma de un millonario contrato, por más de $20.000 millones, para adquirir un nuevo mobiliario para las oficinas de los representantes a la Cámara levantó ampolla ante las denuncias de la instalación de supuestos dispositivos con capacidad de grabar y filmar conversaciones.
Una de las primeras en levantar su voz de protesta fue la representante oficialista Alexandra Velásquez, del Pacto Histórico, quien sostuvo que, tras una remodelación ordenada por la mesa directiva que preside el representante Andrés Calle (liberal con tendencia petrista), fueron instalados dispositivos con dos pantallas de automatización con función de sistema de grabación (video y audio).
“Para acceder a grabar solo fue necesario descargar una aplicación y escanear un código QR, actividad que puede hacer cualquier persona con conocimientos básicos digitales, que cuente con un celular e internet, y que tenga acceso a las oficinas; no me imagino lo que pudiera hacer alguien experto en hackear”, reclamó la congresista.
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Como Velásquez, varios miembros de la Corporación –entre ellos varios congresistas de oposición–, alertaron por el riesgo de los dispositivos, advirtiendo que reuniones privadas y la intimidad de los congresistas podría estar comprometida ante eventuales grabaciones y filtraciones.
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Ante las alertas, la Oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara emitió un comunicado en el que aclaró que “ninguna oficina de los representantes cuenta con sistemas de grabación de ningún tipo, ni visibles, ni ocultos”. Además, sostuvo que las pantallas que manejan la automatización en las oficinas “no cuentan con ningún dispositivo de grabación. Adicionalmente, dichos paneles solo pueden ser manipulados internamente por los funcionarios de cada oficina”.
En contravía de ello, la representante Velásquez emitió un duro pronunciamiento en el que ratificó que el dispositivo instalado en su oficina sí contaba con dos pantallas de automatización con función de sistema de grabación (video y audio), “de las cuales no fui informada para su instalación ni capacitada para su manipulación; incluso, pudimos comprobar que su acceso y vulnerabilidad no requería de mayor complejidad”.
Ante la controversia, la Oficina de Planeación y Sistemas no tuvo de otra que reemplazar los aparatos por dispositivos análogos “sin opción alguna de audio o video”. Frente a ello, Velásquez cuestionó “por qué la Oficina de Planeación y Sistemas confirma que los nuevos interruptores son ‘sin opción alguna de audio o video, esto con el fin de dar tranquilidad y garantizar la privacidad del trabajo legislativo de cada uno de los Representantes’, dándome la razón de que los que nos habían puesto sí tenían cámaras y micrófonos”.
Finalmente, la Oficina de Planeación sostuvo que quien maneja y se encarga de los sistemas de grabación de las cámaras de seguridad en el Congreso es el Senado de la República a través de la Policía Nacional. “Este sistema solo se encuentra en zonas comunes y los sistemas son visibles a cualquier persona que visita las instalaciones del Congreso”.
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La polémica escaló y este viernes la Dirección Administrativa del Senado de la República tuvo que emitir también un comunicado en el que precisó que únicamente cuenta con un circuito cerrado de televisión monitoreado y supervisado bajo los protocolos de seguridad las 24 horas por la Policía y no se puede tener acceso a este de forma remota.
“Las cámaras de seguridad con que cuenta la entidad se encuentran instaladas de manera visible en las partes externas y zonas comunes de los edificios, únicamente con el fin de mitigar riesgos de seguridad”, sostuvo la Dirección Administrativa.
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Además, precisó que en las oficinas de los senadores no se tiene instalado ningún tipo de dispositivo de audio, video o similar que atente o viole las normas de privacidad. “En relación a las versiones de prensa que indican que en algunas oficinas presuntamente hay dispositivos que pueden captar audio y video, no tenemos conocimiento alguno de esta situación”.