Aunque no parezca, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ya va a cumplir un año. Lo que comenzó con una fotografía de una flota de carrotanques en La Guajira a los que se les estaba acumulando el polvo y se les hundían las llantas en un parqueadero de arena, ya va con la salida de por lo menos cuatro altos funcionarios del Gobierno y el riesgo de la cárcel para otros varios de ellos.
Hay por lo menos nueve congresistas investigados, una imputación formal, una confesión reciente que le dio un punto de giro trascendental a la historia, y la sombra de una contradicción en el discurso del presiente que sin duda afectará la campaña del Pacto Histórico y el último año y medio de la administración. Este es el detalle de la línea del tiempo para entender la gravedad de los hechos probados.
La historia de olmedo
¿Quien es Olmedo López?
Olmedo López era un importante político de Itagüi, Antioquia, en donde había llegado a ser secretario de la administración del actual senador Carlos Andrés Trujillo cuando este fue alcalde. Pero en su carrera política también desarrolló roles de dirigente social y sindicalista. Con esas bases, que fue armando conforme crecía políticamente, trabajó junto al presidente Gustavo Petro desde hace varios años y así llegó al Gobierno.
López había organizado varios eventos de campaña y uno importante en La Estrella en enero de 2022 que fue multitudinario. El mitin fue gigante, con una enorme pantalla detrás del candidato y una organizada base social que agitaba globos rojos y cantaba “Petro presidente”. El dirigente antioqueño se había logrado un lugar importante junto al futuro presidente.
Pero su llegada al Gobierno se tardó porque en la UNGRD en el arranque del Gobierno el presidente decidió nombrar a Luis Fernando Velasco como encargado. Este fue el segundo ministro del Interior de Petro y con ese aterrizaje en la UNGRD para cederle la silla a Olmedo López en abril de 2023 empezó también su papel en el escándalo.
Los Carrotanques en La Guajira
Sin duda, la foto que marcó el origen de la historia fue la de los carrotanques aglomerados en La Guajira. López había desarrollado una estrategia con la que llevaba agua potable a regiones que la necesitaban como una solución inmediata. Así llegaron 40 vehículos a Uribia en ese departamento para atender las necesidades de las poblaciones indígenas, especialmente de la etnia Wayú. Aunque en La Guajira no fue el único lugar en el que se usaron los carrotanques.
También hay fotografías de un gran evento de inauguración de carro tanques en Boyacá, junto al gobernador Carlos Amaya y la entonces alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz. En ese caso Amaya ha dicho que los carrotanques no fueron comprados, como si sucedió en La Guajira, sino que se alquilaron con un tercero que cumplió el contrato a cabalidad.
El abandono de los carrotanques despertó todas las dudas y allí comenzaron las primeras publicaciones. ¿Por qué se habían comprado 40 carrotanques con las estampillas de la UNGRD y los rostros de López y el presidente Petro que no funcionaban?
El entonces director dio varias entrevistas a medios de comunicación respondiendo por la inutilidad de los vehículos que habían costado 46.800 millones de pesos. La comunidad indígena empezó a quejarse de una solución que nunca vio y la prensa empezó a hablar de sobrecostos, irregularidades y de los contratistas.
Y allí empezó el mayor escándalo de corrupción del Gobierno. La Fiscalía rápidamente abrió una investigación, identificó al primer contratista: un hombre de Pasto, Nariño, llamado Luis Eduardo López Rosero, y se dio cuenta que el empresario López había mentido sobre sus organizaciones y comprado los carrotanques a otra compañía por la mitad del precio que le pagó la UNGRD, para que además no funcionaran.
Olmedo López se vio sobrepasado por el escándalo, al que el presidente además le dio validez porque en Casa de Nariño le advertían de la veracidad de la información, y decidió renunciar. Con su renuncia vino entonces el terremoto político más grande de los últimos años en la historia de la corrupción del país, luego de la financiación de Odebrecht (Santos) y el caso de Centros Poblados (Duque).
Así funcionó el esquema
Una vez fuera, también salió quien fue su subdirector, Sneyder Pinilla, un político de Santander que empezó con delaciones a los medios de comunicación.
La primera gran confesión del escándalo fue contundente. Pinilla y luego López dijeron que a los entonces presidentes del Congreso se les pagó 4.000 millones de pesos en efectivo con dos fines claros: la campaña electoral de octubre de 2023 en la que se elegían gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y también para lograr que en Senado y Cámara lograran avanzar los proyectos claves que el Gobierno necesitaba aprobar con urgencia para cumplir su plan.
Los acusados fueron Iván Name, del Partido Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal, y quien hasta esa acusación había estado sumamente cerca del presidente en sus viajes. En algunas ocasiones Calle parecía incluso un miembro más del gabinete porque estaba hasta en viajes internacionales del mandatario literalmente a su lado.
La acusación, además, fue concreta: López y Pinilla dijeron que, primero, le pagaron 3.000 millones de pesos en efectivo en dos entregas a la entonces alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, en el Hotel Tequendama. Ortiz era la supuesta “mensajera”, (esa palabra fue la que los testigos usaron) para llevarle los 3.000 millones del soborno a Name, que era un crítico y opositor del presidente en el Senado con discursos durísimos pidiendo a Petro respetar la institucionalidad. Y, luego, Pinilla afirmó haber entregado 1.000 millones de pesos también en efectivo a Andrés Calle en su apartamento en Montería 15 días antes de las elecciones locales.
Las acusaciones no fueron solo ello, sino que vinieron acompañadas de chats, con Ortiz hablando de reuniones en el Tequendama, y con Calle hablando de otro encuentro en su residencia en la región.
Los dos presidentes del Congreso lo han negado hasta hoy, pero sin dar una sola entrevista para contestar de forma transparente las preguntas que tiene el país; su estrategia se ha basado únicamente en desacreditar a los testigos. Los hechos son que la hija de Name, María Clara Name, era candidata al concejo de Bogotá y fue elegida, y el padre y hermano de Calle eran candidatos a la Alcaldía de Montelíbano y a la Gobernación de Córdoba. El primero ganó y el segundo perdió, pero le correspondió una silla en la Asamblea Departamental en donde aún continúa hoy. Los Calle además han tenido señalamientos por tener poder y cargos en la Hidroeléctrica de Urrá.
Según López y Pinilla, los grandes delatores o “gargantas profundas” de la administración Petro, eso no solo sucedió con Name y Calle, sino que el Gobierno habría buscado sobornar con recursos de la UNGRD a un largo listado de congresistas entre los que están Wadith Manzur, José Elías Chagui, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, y Juan Diego Muñoz. La Corte Suprema ya les abrió investigación a todos y ha empezado a interrogarlos con avances importantes en los casos de los expresidentes del legislativo.
¿Qué pasó con esos otros congresistas? Lo mismo que con Calle y Name pero no con efectivo sino con los llamados cupos indicativos, que son presupuestos aprobados para contratos en los que los congresistas son los que escogen a los contratistas. Ese esquema es ampliamente conocido en Colombia desde hace varios gobiernos pero tiene dos casos emblemáticos: El Ñoño Elías y Musa Besaile, ambos exitosos políticos de Córdoba con un enorme poder electoral hasta que la justicia los llevó a la cárcel a ambos. Incluso, los dos fenómenos políticos que llegaron a ser juntos los senadores más votados del país, acaban de ser condenados por el caso Fonade, en el que justamente se investigaba la designación de proyectos a sus contratistas cercanos.
Esa operación consiste en que desde el Gobierno se aprueba un proyecto que una alcaldía le propone a una entidad o a un ministerio, a cambio de que los congresistas de esa región voten como el Gobierno quiere sus proyectos de interés en el Congreso. Los parlamentarios votan, entregan los listados de los contratistas, las entidades asignan los recursos y al final el ciclo termina en un porcentaje para los congresistas que consiguieron los recursos, y en obras inconclusas, mal diseñadas o desaparecidas. En algunos casos el esquema funciona, los contratistas hacen las obras y estas terminan convirtiéndose en más votos para los congresistas.
Exactamente ese mismo mecanismo es el que se habría usado en la UNGRD según Lópéz y Pinilla.
Los miembros del Gobierno
El rol de los implicados en la trama de corrupción
Luego de los congresistas, los dos testigos claves empezaron a acudir a la Corte y a la Fiscalía para contar en detalle quiénes en el Gobierno estaban detrás de las órdenes de la corrupción: Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE y posterior cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (salió de su cargo); Luis Fernando Velasco, exministro del Interior (salió de su cargo); Cesar Augusto Manrique, exdirector de Función Pública (salió de su cargo e hizo acuerdo con la Fiscalía aceptando cargos); Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Presidencia (continúa en su cargo); y, finalmente, el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Ese último nombre es el del punto de giro en la historia. En diciembre del año pasado, el Gobierno necesitaba un visto bueno determinante. El Ministerio de Hacienda estaba tramitando unos créditos con la banca internacional para las necesidades de presupuesto y del pago de la deuda. Es algo de lo que el presidente Petro se ha quejado permanentemente porque argumenta que el Gobierno Duque endeudó de más al Estado para responder a la pandemia, por lo que incluso hoy hay problemas de caja y de recursos que impactan en las políticas públicas.
El ministro era Bonilla pero el crédito, como es tradición, necesitaba la “luz verde” de la Comisión. Esta es una Comisión interparlamentaria, es decir, no hace parte de las 7 comisiones constitucionales, sino que se creó justamente para tener un control previo en la solicitud de créditos del Gobierno.
Está conformada por tres representantes y tres senadores de las comisiones terceras que son las que debaten y legislan sobre todos los temas fiscales y de hacienda. Los créditos no estaban siendo aprobados en las sesiones de la Comisión y el Gobierno necesitaba conseguir el visto bueno de manera urgente. Para ese diciembre, a la Comisión habían ingresado dos congresistas más de las curules de paz por lo que su composición era de ocho.
La confesión que cambia el panorama
Entonces, aparecieron otros chats. Y el nombre de Bonilla, un escudero de larga data del presidente del que nunca se había dudado en su honradez, pasó a todas las lupas de la prensa, la Fiscalía y los críticos del Gobierno. En las conversaciones aparecían Jaime Ramírez, asesor de Presidencia cercano a Laura Sarabia, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y el propio ministro Bonilla.
Los tres cruzaron mensajes directos con el ex subdirector Snedyer Pinilla para pedirle una sola cosa: que se aprobaran tres contratos por 92.000 millones de pesos del presupuesto de la UNGRD para Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Saravena, Arauca. ¿Por qué? Porque “se nos van a caer los créditos de la nación”, le dijo Ramírez al alto funcionario de la UNGRD.
Vea también:
Los contratos finalmente no se firmaron porque explotó el escándalo de los carrotanques, pero en el camino se pudieron haber cometido varios delitos.
Lo más grave es la contundente confesión que le dio a la Fiscalía María Alejandra Benavides. Esta, luego de sufrir extrañas amenazas de muerte, decidió contarle a la fiscal que investiga la historia todo lo que sabía. Dijo que Bonilla le dio la orden de conseguir los votos en la comisión y agregó que todo se hizo con su aprobación previa.
Explicó que los nombres de los contratistas de esas supuestas obras que se iban a hacer en los tres municipios se los entregaron directamente los congresistas y aseveró que a Bonilla “no le importaba nada más”.
Benavides resumió en llanto una historia más de la corrupción política en Colombia, esta vez en el llamado Gobierno del cambio. Pero lo cierto es que el caso no va ni por la mitad y es predecible que seguirá ocupando portadas durante los próximos meses.
