Jonathan Ramírez Nieves, secretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS), fue apartado de su cargo luego de que se filtraran unos audios a los medios de comunicación en los que el funcionario le estaría pidiendo a un particular que manipularan algunas licitaciones públicas.
“Hemos activado nuestros mecanismos de control interno para hacer las investigaciones pertinentes y, así mismo, solicitamos a las autoridades y entes de control que el hecho sea investigado con celeridad”, señaló el Departamento en un comunicado en el que notificaba que el funcionario salpicado había sido apartado.
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Los audios que comprometieron a Ramírez Nieves fueron obtenidos por la revista Semana y en ellos sería evidente una supuesta confabulación con empresarios para adulterar algunas licitaciones.
En las grabaciones se escucha al funcionario hablar con un hombre identificado como Eduardo Sosa. En ella, aseguran que desde un computador (con la dirección IP) los empresarios podrían ingresar al sistema y modificar los pliegos de las licitaciones.
“–¿Yo qué necesito? Y esta petición no se como cerrarla. Necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos”(sic). –Pide Ramírez Nieves.
“–Somos 14 empresas, yo te zampo 7”.
“–Y cinco cumplen. Entonces ahí ya hay pluralidad de oferentes”.
Con esta estrategia, el funcionario garantizaría, presuntamente, que los empresarios ingresaran a los pliegos de las licitaciones, modificaran las exigencias y, después, fuera un mismo conglomerado de empresas el que se postulara para garantizar que fuera una organización aliada la que terminara por llevarse el contrato.
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El funcionario salpicado, según su currículo, trabajó en los últimos 10 años en entidades públicas como las secretarías de Gobierno, Ambiente, Integración Social, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Antes de llegar al DPS era abogado de la oficina de la ONU contra la droga y el delito.
“Prosperidad Social, como parte del Gobierno Nacional, reitera su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ratifica su responsabilidad con el manejo de los recursos dirigidos a las poblaciones más vulnerables y solicita a servidores y a la ciudadanía denunciar cualquier hecho de corrupción del que tengan conocimiento”, puntualizó la entidad que dirige Cielo Rusinque.
El DPS es una oficina adscrita al Gobierno Nacional que se encarga de construir políticas públicas, planes y programas asistenciales para las víctimas del conflicto y a los grupos sociales más vulnerables para ayudarles en su reintegración económica y social.
