El gobierno colombiano se pronunció dos días después de que el congreso peruano decidiera declarar persona no grata al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones a favor del expresidente de ese país, Pedro Castillo, y de las movilizaciones sociales en contra de la actual presidenta Dina Boluarte.
Sobre esto, la Cancillería colombiana dice en la misiva emitida este domingo que “interpreta que este (la moción de censura) es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación. Así mismo, reitera su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura”.
Agregó también que confía en que “se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes como son, entre otros, el fortalecimiento de la integración regional, la protección de la Amazonía y su biodiversidad, la transición energética, la mitigación de los efectos del cambio climático, la superación del fenómeno de las drogas ilícitas, el fenómeno migratorio y el bienestar de las comunidades, especialmente de las asentadas en la zona de frontera”.
Pero a pesar de la buena voluntad y del tono conciliador que tomó ahora el gobierno colombiano en relación con sus pares peruanos, al parecer desde el vecino país ven al presidente Petro como una especie de enemigo que se ha entrometido en asuntos que exceden su incumbencia.
Hace menos de 24 horas, Dina Boluarte, presidenta del Perú, le pidió a Gustavo Petro, “que se dedique a gobernar” su país y deje de estar “azuzando a la población peruana” que participa en protestas antigubernamentales desde diciembre pasado.
