La reciente decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la situación jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, revivió una propuesta que ha sido recurrente en los últimos años por parte del Centro Democrático: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia, “con el propósito de despolitizar la política y recuperar la confianza en las instituciones de la República”.
De acuerdo con Paloma Valencia, senadora del partido de Gobierno, dicha reforma debe concebir la unificación de las altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
“Una sola corte que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian. Una sola corte con magistrados íntegros que representan a los colombianos y que no tengan una puerta giratoria con la política”, expresó Valencia en plenaria del Senado.
Esto porque en las últimas dos décadas han fracasado varios intentos de reforma, y en los dos que fueron aprobados en el Congreso no pasaron el control constitucional o fueron objetados por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
“Ya está comprobado que con las reglas del juego que tenemos hoy no vamos a poder reformar la justicia, no hay voluntad política ni en el Congreso ni en la Corte Constitucional”, sentenció Valencia.
Este llamado a una Constituyente es el cuarto propuesto por el uribismo; los otros tres fueron: en 2012 para evitar la reelección del entonces presidente Santos; en 2016, en las negociaciones con las Farc; y en 2019 para tumbar a la JEP.
¿Cómo se convoca?
Hernán Olano, vicerrector de la Universidad La Gran Colombia, explicó que el trámite para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es extenso. Inicialmente se requiere la presentación de un proyecto de acto legislativo que debe ser radicado ante el Congreso por diez congresistas (independientemente de si son senadores o representantes a la Cámara), o el 20 % de los concejales o diputados del país, o a través de las firmas del 5 % del censo electoral, es decir, el respaldo de al menos tres millones de ciudadanos.
Ya en el Congreso, continuó Olano, el trámite del proyecto se da en dos periodos ordinarios y consecutivos, lo que toma casi un año, es decir si se presenta en este momento el tramite debe terminar en junio de 2021, y debe ser aprobado por la mayoría en ambas cámaras. “Mediante esa ley, el Congreso puede disponer que el pueblo en votación popular decida si se convoca una constituyente, el motivo, el periodo y cómo será la conformación de la misma”, anotó.
En este momento del proceso, la Corte Constitucional haría una revisión acerca de la constitucionalidad de la convocatoria “solo por vicios de procedimiento en su formación”. Ya en las urnas, si una tercera parte de los integrantes del censo electoral (por lo menos siete millones de votos afirmativos) la aprueba, se entiende que el pueblo convoca a la Asamblea.
De ahí viene la elección popular para quienes van a hacer parte de esa Asamblea, como dijo Olano, “no es que sean nombrados por el presidente o por el Congreso, es el pueblo el que escogerá a sus representantes en esa Asamblea”. Esa jornada electoral no puede coincidir con ninguna otra votación programada en el país.
Una vez posesionados los constituyentes, queda en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para aprobar leyes y reformar la Constitución en cuanto a los temas específicos de la Asamblea se trata, en este caso sobre la justicia, hasta que se aprueben los nuevos textos constitucionales.
Al respecto, el presidente Iván Duque aseguró que se necesita una reforma a esta rama del poder, pero que esta debe hacerse a través de un mecanismo más expedito.
“El país necesita una reforma a la justicia, una reforma que le dé confianza al ciudadano, eso no es un tema de hoy, eso es un tema que el país lo ha debatido. Llevamos varios años intentando hacerlo”, dijo Duque.
Para ello, aclaró, “tendremos la conversación, no solamente con el Centro Democrático, sino con otros partidos porque yo creo que hay que buscar el mecanismo más eficaz, el mecanismo más veloz para poder hacer esta reforma que Colombia clama hace mucho tiempo”, señaló el mandatario en entrevista con La FM.
¿Es un buen momento?
Más allá de los trámites que debe enfrentar esta propuesta para materializarse, otro asunto que entra en la discusión es el momento político que hay hoy en el país.
Al respecto, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, recordó que durante una parte de la “vida republicana” de Colombia, el país funcionó con una Corte única, pues el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) “no tenía esa función judicial que tiene ahora”.
“Hoy en día tenemos una pluralidad pero esas decisiones no deben darse al calor de una discusión como esta. Lo que hoy demanda el país realmente son soluciones para el desempleo, la expansión de la pandemia (...) Yo creo que es momento de poner las prioridades en la vida de los ciudadanos y en fortalecer la institucionalidad, no en fragmentarla y debatir este tipo de cosas”, añadió el abogado.
Esa fragmentación es la que preocupa a Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, para quien “en este país se está leyendo es que hay unos contra Uribe y los otros lo van a defender a como dé lugar. Estamos en tiempos parecidos en los del inicio de la violencia política, cuando eras rojo o eras azul, hoy o eres uribista o eres antiuribista y eso es muy preocupante”.
La constitucionalista explicó que es normal que los ciudadanos desconfíen de la justicia, ya que “hemos tenido magistrados corrompidos que han sido sancionados, tenemos una justicia que funciona muy lentamente y es poco eficiente, el ciudadano de a pie no tiene acceso a la justicia y eso sí es grave, eso es un problema de legitimidad política del poder público”.
Pero, según su análisis, una constituyente implica revisar toda la institucionalidad existente, en este caso la relacionada con la justicia, y hacer propuestas distintas a futuro, es un proceso revolucionario de cambio. El problema, insistió, es que “el punto cero es el caos, como en el Génesis de la Biblia, antes de la fundación del mundo solo había caos, y no tenemos certeza de que lo nuevo sea mejor”.
Para Pérez, el problema en Colombia va desde lo más básico, la formación del ciudadano y, mientras eso no cambie, pueden reformarse las leyes cuantas veces se quiera, pero no habrá cambio.
“¿Cómo mejorar eso? No tengo una solución, creí que la Constitución del 91 iba a solucionar esto. Es una Constitución muy bonita, valiosa, llena de garantías ciudadanas, con instituciones fuertes; pero las instituciones no funcionan solas, necesitan funcionarios serios, preparados y entregados. El problema es que no tenemos una ciudadanía formada e informada. Los ciudadanos tienen las leyes y las instituciones que se merecen y hasta que eso no cambie (los ciudadanos) no cambiarán las instituciones, por muchas reformas que se hagan”.
