La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las primeras funcionarias que rechazó la llegada de Armando Benedetti al Gobierno, y ahora que el gabinete de Gustavo Petro está dividido por su nombramiento como jefe de despacho, vuelve a rechazar su presencia en el Ejecutivo.
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“Es insostenible su permanencia en el gabinete”, dice en entrevista con Colprensa, pero, además, recuerda que el país tiene problemas mucho más graves, como lo que está pasando en el Catatumbo, en donde el Gobierno debería prestar más atención. Habla también sobre la Paz Total, la falta de atención de la Fuerza Pública a las alertas tempranas y el aumento del reclutamiento forzado de menores.
La violencia parece haberse tomado gran parte del país, siendo el Catatumbo solo un pequeño fragmento de lo que está sucediendo. ¿Estamos ante una crisis de Derechos Humanos y de orden público?
Sí, sin duda, estamos en una crisis de Derechos Humanos. Creo que ha habido unos intentos importantes del Gobierno de enfrentar la situación, de una parte con la llamada estrategia de Paz Total, y de otra, más recientemente, fortaleciendo la fuerza pública y su acción, pero las cifras objetivamente indican una expansión de los grupos armados, tanto de las disidencias, como el Clan del Golfo y el ELN. El que más se ha expandido es el Clan del Golfo en los últimos cinco años, y se presentan una serie de riesgos de enfrentamientos por el fraccionamiento de los grupos en varias regiones del país, que han generado violaciones a los Derechos Humanos.
¿Qué regiones son las que más le preocupan?
790 municipios del país de los 32 departamentos tienen alertas. Es decir, todos los departamentos del país de alguna manera tienen mayor o menor riesgo de conflicto armado.
Las zonas de frontera suelen ser las más afectadas; Urabá y norte del país, por predominancia, sobre todo, del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra; en el suroccidente encontramos más las disidencias y el ELN en todo lo que es Chocó, Nariño, Valle y Cauca, al igual que en el nororiente, que incluye Catatumbo y Arauca. Hacia el sur también están sobre todo las disidencias.
La situación más grave se presenta en el Catatumbo y en el suroccidente, especialmente en Cauca, pero también hay unos conflictos muy latentes y con muchos riesgos de explosión. Por eso, no creo que haya zonas que se puedan descuidar, porque de todas maneras, los que aparentemente no tienen tanta conflictividad o violencia extrema contra la población, pueden llegar a escalar si no se atiende.
¿Ha fracasado la política de paz del Gobierno?
Yo creo que ahí uno tiene que hacer un análisis con pinzas. En lo que tiene que ver con el ELN, pienso que el gobierno agotó todos los esfuerzos para avanzar en una agenda, pero la situación de las últimas semanas muestra que ese grupo no tuvo voluntad de paz. Al igual que tampoco funcionó con las disidencias de Iván Mordisco
Otros procesos van más adelantados. Por ejemplo, el que se adelanta con las disidencias al mando de alias Calarcá, con el frente Comuneros del Sur y también con los grupos que hacen parte de la coordinadora guerrillera también en el sur. Por último, se anunció una agenda con el Clan del Golfo, pero no sé qué tanto tiempo tenga este Gobierno para avanzar.
Entonces, depende de cada proceso, uno puede ver diferentes perspectivas que me llevan a mí a no pensar que uno puede ser tan tajante con que fracasó o no fracasó, la Paz Total.
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Apenas se están conociendo los decretos dictados al amparo de la conmoción interior. ¿Ha habido improvisación para atender una situación que requiere medidas de urgencia?
Yo no quisiera calificar de improvisación o no improvisación. Yo solo quisiera decir que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana que advertía sobre el riesgo de que hubiera una confrontación entre el denominado Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN.
En ese sentido, creo que el Estado habría podido responder mejor para prever esta situación, no sé si para completamente neutralizarla, pero tenía información que le hubiera permitido reaccionar de mejor manera para evitar que llegara a este punto.
Ahora ha tomado la decisión de declarar la conmoción interior. La Defensoría del Pueblo no ha tomado una decisión sobre qué posición va a tomar al respecto. Lo hará ante la Corte Constitucional, el 13 de febrero, y estaremos evaluando una a una las medidas para ver si realmente son necesarias y que no se podían tomar por fuera del estado de conmoción interior.
La Defensoría acompañó la caravana humanitaria en el Catatumbo, ¿encontró alguna mejoría?
El ELN sigue teniendo un control hegemónico en los municipios, control que se está ahorita disputando con la fuerza pública, y el cual notamos durante la caravana humanitaria, en especial en las carreteras.
La situación es muy frágil y muy delicada porque la fuerza pública tiene que emprender medidas para que el Estado pueda llegar. Entonces, eso ha generado, inclusive después de la marcha humanitaria, unos enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN, que están mostrando nuevos impactos sobre la población civil.
Por eso creo que la visibilización, el acompañamiento, las acciones de la Fiscalía, que ya está judicializando los hechos, es fundamental para mostrar el rechazo total. Pero no va a ser fácil que mejore la situación en un corto tiempo.
