La Corte Suprema de Justicia le puso fin a la impunidad que rodeaba a uno de los casos de instigación al terrorismo más sonados de los últimos tiempos: el de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia.
El alto tribunal resolvió una casación instaurada por la propia Barrera, quien pretendía que le revocaran una condena de segunda instancia por los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.
Sin embargo, el fallo proferido no la benefició, ratificando la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta por Tribunal Superior de Bogotá.
La historia comenzó el 22 de noviembre de 2019, durante una jornada de protestas sociales en Bogotá, que terminó con actos de asonada y vandalismo.
“Epa Colombia” destruyó con un martillo el mobiliario de la estación de Transmilenio del barrio Molinos, mientras lo transmitía por sus redes sociales, invitando a otros vándalos a hacer lo mismo.
La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá también le prohibió el uso de redes sociales, pero ella continuó con sus posteos, argumentando que estaba ejerciendo su derecho al trabajo como empresaria de productos cosméticos.
Muchos ciudadanos le cuestionaron el hecho de que, a pesar de estar condenada en segunda instancia, la influenciadora no hubiese pagado un solo día de cárcel, máxime teniendo encima un cargo tan grave como el de instigación para delinquir con fines terroristas.
El CTI de la Fiscalía la capturó este lunes en Bogotá, en cumplimiento de la orden de la Corte Suprema.
Para la Corte Suprema fue determinante el hecho de que “Epa Colombia” hubiera transmitido los videos de su vandalismo por internet. Por eso validó la tesis del tribunal bogotano, en el sentido de la influenciadora no buscaba aumentar el número de seguidores en sus redes, sino “convencer al conglomerado para la comisión de delitos”.
Barrera no es la única influenciadora en problemas legales. Se suma a una extensa lista, que se ha ido incrementando en los últimos años. Estos son algunos de los judicializados:
Ceci Yulieth Pino Restrepo (Linda Caramelo o Linda R21)
Delitos imputados: lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Hechos: capturada por la Dijín el 29 de agosto de 2023 en el municipio de Turbo, Antioquia, y señalada de ser una presunta testaferra al servicio de la organización criminal Clan del Golfo.
Según las autoridades, es amante de Wilmer Urrego Torres, uno de los blanqueadores de capitales de ese cartel, quien ya había sido capturado junto a varios miembros de su familia.
Con la plata de la mafia, Linda Caramelo al parecer incrementó su patrimonio, hacía rifas de motos y de bonos para cirugías estéticas, construía casas de lujo en zona deprimidas de Turbo y regentaba un parque automotor de 80 motos, varias de ellas usadas por mototaxistas.
Un juzgado de control de garantías de Medellín le dio el beneficio de detención domiciliaria, mientras continúa el proceso, por lo que ella regresó a una de sus casas en Turbo y les agradeció al apoyo a sus fans por las redes sociales.
Alfredo Villamizar Moreno (Diva Villamizar)
Delitos imputados: tentativa de hurto calificado y agravado.
Hechos: en abril de 2023 fue capturado en Valledupar, en el marco de una investigación por un presunto intento de robo a unos comerciantes de Medellín. Estuvo preso cuatro meses y obtuvo la libertad condicionada, mientras se definía su situación. Sin embargo, murió en septiembre de 2023, víctima de un atraco en el que le suministraron una dosis letal de escopolamina.
Verónica Tovar Burbano (Vero Huesos)
Delitos imputados: concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.
Hechos: capturada en julio de 2023, en el marco de una redada contra la banda “los Queseros”, de Cali, en la que arrestaron a otras 14 personas.
Según la Fiscalía, ese grupo adquiría marihuana y cocaína del departamento del Cauca para distribuirlas en las calles de Cali, en especial cerca de colegios. Se declaró inocente, pero la enviaron a la cárcel.
Aida Victoria Merlano
Delitos imputados: uso de menores para comisión de delitos, fuga de presos y enriquecimiento ilícito.
Hechos: en 2022 la justicia la condenó a siete años y seis meses por su participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo (1 de octubre de 2019). En ese hecho, ocurrido cuando la política asistía a una cita odontológica con custodia del Inpec, la influencer instrumentalizó a su hermano menor de 17 años para transportar elementos empleados en la fuga, como una soga.
Esa condena de primera instancia, en la que tuvo el beneficio de libertad condicional, le fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá. Perdió el beneficio y la pena aumentó a 13 años, aunque su defensa jurídica anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema. Esto implica que Merlano podría seguir en libertad mientras se resuelve esa última instancia.
Además de este caso, en septiembre de 2022 la Fiscalía le imputó el cargo de enriquecimiento ilícito, por la supuesta creación de una empresa de ingeniería civil con dinero de dudosa procedencia, la cual sería fachada para ocultar bienes de su mamá. Ella se declaró inocente y está a la espera del juicio.
