El congresista del Centro Democrático, segundo vicepresidente de la Cámara, anuncia que presentará demanda ante la Corte Constitucional contra la recién aprobada reforma pensional. Detalla irregularidades.
La aprobación de la reforma pensional el pasado viernes levantó una polvareda que no cesa en el Congreso. Al filo del periodo legislativo, con los tiempos en contra y en medio de una avalancha de recursos, en la Cámara –con el guiño del Gobierno Petro– fue aprobada una polémica proposición para que, sin más, se acogiera el texto que se tramitó en Senado.
Es decir, no hubo posibilidad de que se analizara lo que aprobó la cámara alta y se acogió sin mayores reparos o cambios lo que allí decidieron. En juego, advierte hoy el representante de oposición Juan Espinal (Centro Democrático) está la autonomía y la independencia del Parlamento.
En diálogo con este diario, anuncia demandas contra la reforma, defiende los recursos de la oposición para frenar el proyecto y hasta denuncia presiones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
El Gobierno y los sectores oficialistas siguen defendiendo lo que pasó el viernes y no reconocen irregularidad alguna. ¿Por qué lo que ocurrió sí fue grave?
“Lo que se vivió fue un gran ‘pupitrazo’. Se incurrió en un vicio de procedimiento: cuando se habían aprobado solamente seis de los 95 artículos presentaron una proposición solicitando que se acogiera el texto completo aprobado en Senado. Esto es improcedente.
Lo estableció la Corte Constitucional en una sentencia que declaró la inexequibilidad de la primera reforma tributaria del expresidente Iván Duque. En ese entonces, la Cámara acogió también el texto del Senado y se habían aprobado 66 de 86 artículos. Así que por mucho menos la Corte declaró inexequible ese proyecto.
Estamos ante una gran leguleyada. Hubo toda una imposibilidad para debatir, conocer y dar la discusión”.
¿Qué buscaban con el análisis minucioso del articulado?
“Estábamos seguros de que íbamos a lograr modificar algunos artículos del texto, particularmente la vigencia del proyecto. Todo esto preocupa porque se pone en duda la estabilidad del debate en un Congreso que es bicameral. Hubo más de 600 proposiciones y todo quedó en una caja de cartón. Con el ‘pupitrazo’ que lideró el Gobierno y el Pacto Histórico nos imposibilitaron dar el debate”.
¿La demanda se interpondrá solo una vez el presidente sancione la ley, correcto?
“Exacto, una vez esté sancionada inmediatamente procede la demanda en la Corte”.
¿Cuánto tiempo puede demorar la Corte en adoptar una decisión? Por ejemplo, ¿con la reforma tributaria de Duque cuánto tardó esa decisión?
“No fue más de un año: 10 meses”.
¿Qué pasa con todas las decisiones, medidas y asuntos relacionados con la ley hasta que la Corte se pronuncie?
“Tenemos un año porque la vigencia empieza a partir del 1 de julio de 2025, cuando realmente arranca la ejecución de la reforma. Si la Corte antes de un año toma la decisión de declararla inexequible evitamos un daño mayor. Si se demoran más empieza la ejecución y se incurre en doble daño: en la implementación de la reforma y en devolver las cosas a su estado natural”.
¿Qué le responde a esos sectores que defienden lo que pasó el viernes y los acusan a ustedes de intentar sabotear el debate?
“Desbaratar el quorum es una acción legítima dentro del debate democrático. No nos hemos arrepentido absolutamente nada. Estamos buscando proteger la estabilidad institucional, la democracia y los recursos del ahorro pensional de más de 16 millones de colombianos.
Seguramente después del 20 de julio van a volver a radicar la reforma a la salud y viene tránsito la laboral, y vamos a continuar como hemos procedido. Se requieren reformas, pero no como las presenta el presidente Petro. Lo único que él ha querido es estatizar todas las actividades del país, acabar con los empresarios y debilitar los sindicatos. Por eso también nos oponemos a la constituyente camuflada”.
Habló en X (Twitter) de una “perlita” del ministro Velasco en el debate. ¿De qué se trata?
“Realmente es incómodo ver cómo el ministro Velasco lo que hizo fue mandar mensajes a la Comisión de Ética (que resuelve recusaciones) para tratar de inducir decisiones. Eso puede configurar un presunto tráfico de influencias.
Es que han sido muchos irrespetos y atropellos. Ver por ejemplo al ministro riéndose en nuestra cara o a la ministra de Trabajo (Gloria Inés Ramírez evadiendo las respuestas.
Se debilita la seriedad del Congreso, la altura del debate y se demuestra una vez más que este Gobierno que no respeta la independencia de poderes, ni la legitimidad y autonomía del Congreso”.
Justo ayer se intentó, vía mayorías, sabotear la moción de censura al ministro de Salud con otra proposición para declararla improcedente. ¿Qué reflexión le deja lo que está pasando?
“El Gobierno demuestra cada día más el irrespeto por la institucionalidad. Uno ve esto llenos de ministros tratando de cambiar los votos curul por curul. Hemos tenido una presión indebida del Gobierno. Lo que buscan es limitar la autonomía e independencia de poderes”.
¿Cuáles son los puntos más polémicos del proyecto?
“Con la aprobación se impide la posibilidad de hacer un retiro voluntario de los ahorros pensionales para quienes no logren cumplir las condiciones mínimas. Este punto se había corregido. Además, había una posibilidad de que las personas que no iban a ser pensionadas retiraran estos recursos.
Otro punto que nos preocupa es que se estableció un impuesto para todas las pensiones superiores a $3’922.000. Habíamos presentado dos proposiciones para ampliar la vigencia a 2026 o 2027. Estamos hablando de $420 billones que representan el ahorro de 16 millones de colombianos y la pregunta es: ¿estos recursos los usará el Gobierno para hacer politiquería con miras a 2026?”.
