Aunque estaba previsto que el organismo adoptara decisiones este jueves, finalmente se resolvió rotar los expedientes, lo que implica que pasen a manos de otros magistrados para su estudio y revisión.
Si bien este jueves había expectativa por decisiones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a las presuntas irregularidades que rodean la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder, finalmente la autoridad electoral dejó en veremos las determinaciones.
Justo este jueves, la Sala Plena del organismo se reunió para estudiar las ponencias que piden formalmente abrir investigaciones contra la campaña no solo por presunta propaganda extemporánea, sino por supuesta violación de los topes de gastos durante la campaña de 2022.
El primer proceso está en manos del magistrado Alfonso Campo, mientras que el segundo –considerado el que presenta mayores avances–, reposa en los despachos de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.
Los procesos implican a Petro, así como a dirigentes de la campaña –como el entonces gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol– y los partidos que conforman el Pacto Histórico. Sin embargo, el estudio de las ponencias quedó en veremos porque la Sala Plena resolvió rotar los expedientes.
Lo anterior implica que los expedientes pasen a manos de otros magistrados para su estudio y revisión, un procedimiento que puede extenderse hasta durante 15 días. A ello se suma que aún hace falta que se reintegren al CNE los magistrados Alba Lucía Velásquez y Altus Baquero, quienes no han pedido rotación.
Previamente, la presidenta del CNE, Maritza Martínez, había confirmado que en la sesión de este jueves se reanudaría el estudio de las ponencias. “Tenemos ese asunto derivado de una investigación por presunta violación de topes de campaña en las presidenciales del año 2022. Habíamos encontrado que la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, solicitó el expediente por considerarlo de su competencia”, explicó Martínez.
Sin embargo, señaló que el Consejo de Estado ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral para adelantar esta investigación, “por tanto, se reanuda el estudio del asunto desde la próxima Sala Plena y ahí veremos pues qué tanto se avanza”.
Justamente, la semana pasada el Consejo de Estado, en cabeza de la consejera ponente María del Pilar Bahamón, decidió que el CNE sí es competente “para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar”.
El alcance de la decisión del alto tribunal también indica que el Congreso de la República es competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política”.
Es decir, que la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del presidente de la República, mantiene sus competencias en este caso, pero eso no significa que el CNE no pueda investigar lo relacionado con la financiación, topes y testigos electorales.
El triunvirato en la Cámara de Representantes encargado de investigar las denuncias está conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y quien es un petrista de antaño, así como Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).
Entre los hechos que investiga el CNE, están las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), donde el presidente Petro se transportó mientras era candidato a la presidencia. El órgano investiga los aportes a SADI por 4.000 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña por 600 millones, así como los 500 millones que Fecode aportó a Colombia Humana.
Además, el CNE indica que no se reportó el préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y tampoco reportaron el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos.
Asimismo, “omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos”.
