El 21 de noviembre de 2014 Lida Ortiz canceló la matrícula de su moto luego que se robaran y nunca la recuperara. Se presentó en la secretaría de Tránsito de Rionegro, Antioquia, y realizó la diligencia.
Lo que no sabía era que al siguiente año comenzaría su calvario por cuenta de unas fotomultas que llegaron a su casa, cobrándole varias infracciones de una motocicleta que ella ya no tenía y que en los papeles oficiales no existe.
“En 2015 me llegaron cuatro fotomultas y este año ya tengo tres más, enviadas desde las secretarías de Arjona en Bolívar así como de Turbaco, Santa Marta y Barranquilla. No entiendo por qué me llegan esas infracciones, teniendo en cuenta que los papeles de la moto ya no existen y he verificado que en los registros en internet del Runt no aparece”, dice Lida.
Así como la denunciante, hay varios reclamos de los conductores frente a las fotodetecciones en todo el país. Fotomultas que desde 2013 hasta febrero ya sumaban más de 4 millones, según un estudio de la Federación Colombiana de Municipios y el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito (Simit).
La Corte Constitucional ha recibido varios casos en los que conductores solicitan la nulidad de las fotomultas. Uno de los motivos más sonados fue el que se sancionó a favor de una mujer que presentó una tutela en la que indicaba que solo cuando fue a vender su carro se dio cuenta que tenía una infracción.
“La falta de notificación de los actos administrativos implica que los afectados no tengan conocimiento de los pronunciamientos de la administración y, por ende, constituye una barrera para el ejercicio de los recursos procedentes”, explicó el fallo de la Corte.
Lida relató que ha enviado siete derechos de petición por cada uno de las fotomultas que ha recibido, en algunos casos han revocado la fotomulta, pero en otras tiene cobro coactivo.
Su situación podría ser infinita mientras el tema siga siendo jurisdicción directa de cada Secretaría de Tránsito de los municipios y no manejado directamente por el Ministerio de Transporte.
“Considero que es muy sencillo que las autoridades se den cuenta de que esa matrícula ya no existe, simplemente deben detener la moto y revisar los documentos”, propone la denunciante.
