La mayoría de los congresistas no sesionó este miércoles ni lo hará en lo que resta de la semana, según confirmó el Legislativo apenas 24 horas después del plumazo que les subió el salario a $43,4 millones mensuales.
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¿La razón? Tienen permiso de viajar a sus regiones de origen para ultimar detalles de la entrega de avales para las elecciones del 29 de octubre, lo que se traduce en que ahora que van a ganar más plata están trabajando menos tiempo.
Este aumento salarial siguió desatando polémica después de ser confirmado, con el decreto 1219 que firmó el presidente Gustavo Petro, ya que los parlamentarios dejaron de sesionar ignorando que tan solo 6 días atrás habían retomado las labores legislativas y, además, porque pasaron a ganarse 37 veces lo que se gana un colombiano que devenga el salario mínimo mensual.
Van más de 20 intentos fallidos
En el inicio del Congreso elegido para el periodo 2022 - 2026 –hace exactamente un año– surgieron desde la bancada de gobierno dos proyectos que buscaban bajarle el millonario salario a los legisladores, pero uno se hundió en el camino y el otro fue aprobado en primer debate y continúa su trámite.
Esa no fue una promesa nueva y, según los registros oficiales, no ha sido fácil de cumplir, ya que en los últimos 30 años se han radicado más de una veintena de proyectos con ese propósito, pero todos han tenido el mismo destino: terminaron hundiéndose porque los congresistas se niegan a bajarse su propio sueldo.
Sin embargo, todavía persisten voces en el Legislativo que piden que los senadores y representantes a la Cámara no tengan un salario tan elevado e incluso se habla de que el presidente Gustavo Petro podría reducirlo, especialmente después de la polémica que desató el reciente aumento a $43,4 millones mensuales.
¿El presidente puede reducirlo?
Petro fue el primero en sacarle el cuerpo a ese polémico aumento y aseguró que firmó el decreto 1219 de 2023 porque la ley lo obligó. Al respecto señaló que se opone a la forma en que “ascienden los salarios de los congresistas” y expuso que corregir ese procedimiento no depende del presidente de la República, sino del Congreso.
“Los salarios de los congresistas se rigen por una ley (la Ley 4 de 1992) y no por un decreto autónomo del jefe de Estado”, aseguró el mandatario.
No obstante, los abogados constitucionalistas Andrés Úsuga y Edier Esteban Manco coincidieron en que el mandatario podría reducir el monto total que devengan los parlamentarios si revoca el decreto 2170 del 2013 con el que el gobierno de Juan Manuel Santos les devolvió la prima especial de servicios a los senadores y representantes a la Cámara.
“Él (Petro) puede revocar directamente los actos administrativos, como en el caso del decreto 2170 del 2013. Además, no es cierto que no sea responsable del abultado aumento salarial de los congresistas, ya que el artículo 187 de la Constitución establece que el aumento se debe hacer en proporción igual al promedio ponderado del aumento hecho a los servidores de la administración central y ese aumento lo fijó el presidente”, dijo Úsuga.
Sin embargo, el lío jurídico que podría impedir que Petro intente bajar el salario de los parlamentarios se centra en que según la Ley 4 de 1992, ningún funcionario –a excepción del presidente, el cuerpo diplomático y el personal del Ministerio de Defensa en una comisión exterior– podrá ganar más al año que los miembros del Congreso.
Por su parte, la representante Catherine Juvinao, quien impulsará una iniciativa para bajarse el sueldo, aseguró que esa tarea no es potestad del jefe de Estado e incluso señaló que sería una presunta violación a la separación de poderes.
El Congreso tendría que ceder
El proyecto de ley que sigue en trámite para bajar el sueldo de los legisladores es el del senador Jota Pe Hernández, quien propone agregar un parágrafo al artículo 8 de la Ley 4 de 1992 para especificar que el valor mensual que devengan los congresistas solo podrá componerse de la asignación básica y gastos de representación.
Según Hernández, este salario será de 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir 25 millones de pesos si empezara a regir a finales de este año. No obstante, requiere voluntad política pues el proyecto superó el primer debate en el Senado, pero le hace falta superar otro debate más allí y otros dos en la Cámara.
“Estamos buscando quitar la prima especial de servicios y eso es posible. No hay derechos adquiridos violados según lo que dice Función Pública”, defendió Hernández en diálogo con EL COLOMBIANO.
La otra iniciativa que se impulsará con ese propósito es el proyecto de acto legislativo (reforma constitucional) que volverá a radicar la representante Juvinao, que se hundió porque debe superar ocho debates en un año y debido a la polémica que desató el hecho de que su propuesta sea que la reducción empiece a regir en 2026.
“Ojalá no nos llegue 2026 para entonces entender que lo mejor era haber apoyado la iniciativa presentada en 2022”, advirtió Juvinao, quien informó que en los próximos días radicará de nuevo la reforma.
Así las cosas, está en manos del presidente y del propio Congreso solucionar la polémica frente a los millonarios salarios, pero será una tarea difícil de cumplir ya que el Gobierno no tiene mayorías aseguradas y porque tendrá que discutirse y votarse en el Capitolio en pleno año de elecciones.
