El pasado viernes tuvo lugar la caravana por Santurbán, una movilización en defensa del ambiente y el territorio, que transitó por las calles de Bucaramanga exigiendo que se suspenda de manera definitiva el proyecto de megaminería de Minesa en el Bosque Alto Andino de dicho páramo.
La movilización se sumó los dilatados hechos que conforman la disputa entre el Gobierno y la empresa Minesa –que pretenden extraer oro en Santurbán– con comunidades y ambienalistas que aseguran que tal intervención podría alterar irreparablemente el ecosistema y el recursos hídrico.
El ABC del conflicto
Para entender lo que sucede alrededor de Santurbán es necesario conocer dos temas fundamentales. Primero está el asunto de la delimitación que realizó el Ministerio de Ambiente en 2014 y la cual tumbó la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 (2017), al declarar que esta violó el derecho fundamental de la participación de las comunidades y además presentaba vacíos de evidencia técnica.
De manera que la Corte le ordenó al Ministerio volver a hacer el proceso a más tardar en un año. Aquella delimitación fallida fue motivada, dice Erwing Rodríguez-Salah, accionante de la Sentencia T-361, por “una manifiesta en favor de intereses particulares”.
El trámite buscaba definir qué área le correspondía al Páramo y por tanto quedaba protegida, dónde era posible realizar actividades de agricultura y minería artesanal, y dónde podía realizarse minería a gran escala.
Dicha delimitación definió que el páramo se hallaba entre los 2.800 y los 3.100 metros sobre el nivel del mar. En 2015, la empresa Minesa oficializó su proyecto de extracción de oro en la región Soto Norte, el cual realizaría a los 2.640 metros, es decir, fuera del páramo y por lo tanto no habría afectación del recurso hídrico.
Protagonista en reactivación
Ahí entra el otro gran asunto: el de la licencia ambiental para el proyecto. Describe Rodríguez-Salah que en 2017 la Agencia Nacional Ambiental -Anla- le hizo 83 requerimientos al Estudio de Impacto Ambiental presentado por Minesa. En noviembre de 2019 le realizó 107 requerimientos a un nuevo estudio. Proceso que, dice estuvo de más pues la ante la “mostrada inviabilidad del proyecto debió negarle de una vez la licencia”.
El pasado 21 de agosto la Procuraduría le pidió a la Anla y a Minambiente entregar reportes en los que queden constancia en qué va y cómo se está realizando dicho trámite.
“Solo tras finalizado el proceso de delimitación y de licenciamiento, tras su obligatoria audiencia pública, todo con bases técnicas, podrá saberse si es viable o no realizar el proyecto”, explicó Hernán Morantes, abogado del Comité Santurbán.
Por eso las palabras de la viceministra de Minas, Carolina Rojas, entregadas el 28 de julio a Noticias Caracol causaron rechazo entre la comunidad y detractores del proyecto. “Las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que ese proyecto se haga con estos estándares, y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y puede ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos”, dijo.
Esto mereció inmediata réplica del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien calificó esta afirmación como irrespetuosa al hacer ver como un hecho algo que aún está en estudio en la Anla.
El Gobierno sostuvo la posición en posteriores declaraciones del ministro de Minas, Diego Mesa. La más reciente fue ante el Foro Nacional Ambiental donde dijo que el sector minero-energético es visto por este gobierno como el gran aliado para la reactivación. Recalcó que proyectos de explotación como el de Santurbán le permitirían al país duplicar su producción aurífera en la próxima década y le dejaría 127 millones de dólares anuales en regalías.
El precio de extraer oro
La semana pasada, una comisión integrada por congresistas del partido Liberal y el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, anunciaron que radicarían esta semana una denuncia ante la CIDH para defender el agua de la explotación que pretenden en la región.
La acción se basa en el argumento de que 2,5 millones de habitantes verían amenazada su vida ante las amenazas que suponen la explotación minera cerca del agua subterránea y superficial de este ecosistema, ante lo cual el debate no es a partir de dónde debe hacerse sino que no debe realizarse, porque causaría un trastorno irreparable en las conexiones y dinámicas.
El biólogo de la Universidad Nacional, Orlando Rangel, explica que aún en el caso de que el proyecto realizara perforaciones a 2.800 metros nada garantiza que no lleguen por debajo de la tierra hasta los 3.300 metros y alterar el agua tanto superficial como profunda.
Asegura el biólogo que Colombia es uno de los países que más conocimiento ha generado sobre los páramos y por eso es confiable la evidencia que habla de un futuro desabastecimiento de agua a poblaciones como Bucaramanga, además de otros daños ambientales.
“Ponen en la balanza que nos dan unas regalías, pero ¿cuánto nos cuestan los pasivos ambientales?”, cuestiona.
Por ahora, mientras la ciudadanía se moviliza y el Gobierno da espaldarazos al proyecto, las comunidades aguardan inquietas por la reanudación de las mesas técnicas y reuniones de Concertación, claves en el proceso, y suspendidas por la pandemia. Por ahora calientan motores con mesas de trabajo conformadas por habitantes de 40 municipios.
La realidad es que uno de los conflictos socioambientales más al álgidos y emblemáticos del país, no parece tener desenlace cercano.
