Los responsables de delitos sexuales contra menores de edad en Colombia ahora estarán en una base de datos, que deberá ser consultada por empresas que contraten personas que tengan contacto directo con menores de edad. Esto para entidades públicas y privadas.
Esto, con el objetivo de que estén alejadas de la población infantil y así evitar que la reincidencia en el delito.
El registro debutará con los datos de tres condenados, con las sentencias que los llevaron a la cárcel e inhabilitaron para laborar alrededor de esta población, por hechos que se dieron desde junio de 2018.
De acuerdo con Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las compañías que involucren una relación directa y habitual con menores de 18 años deben consultar el registro antes de vincularlos, ya sea remunerado o de voluntariado. “Mañana mismo (hoy) queda activado” y estará al servicio desde este 31 de octubre. Además, agregó que “se está apuntando a disminuir la probabilidad de reincidencia”.
Así será
La plataforma cumple con el plazo que fijó el decreto 753 del 30 de abril de 2019, que les daba seis meses a la Policía y al ICBF, para esto. Pungiluppi, en diálogo con EL COLOMBIANO, explicó que el registro estará al servicio del país en la página de la Policía (www.policia.gov.co), justo al lado del botón en el que se consultan antecedentes disciplinarios.
Al revisar el decreto se pueden encontrar los perfiles de los profesionales que deben ser consultados en la base de datos, para que no sean contratados. En el documento aparecen perfiles como docentes y relacionados con instituciones educativas, personal de atención directa al público en servicios culturales, de salud, de recreación y deporte, personal de transporte escolar, entre otros, como sacerdotes y catequistas.
La funcionaria advirtió que si el aspirante ha sido condenado por estos delitos o por agresiones contra niños o adolescentes “no podrá ser contratado” y, en el caso de que las compañías hagan caso omiso de la norma, serán sancionadas y multadas hasta por 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes hasta $414.058.000.
Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save The Children en el país, destacó este registro y aseguró que su “implementación permitirá a quienes contraten personal, decidir de manera informada una vinculación sensible a la garantía de la protección de niños y niñas”.
En contexto
Esta información es útil, teniendo en cuenta que en el país el año pasado, según el informe Forensis de Medicina Legal, se registraron 71 casos de abuso sexual, seis más que en el promedio de 2017 y 13 más que en 2015. Sin embargo, esta tendencia, entre enero y septiembre de 2019, ha estado a la baja, pues según Medicina Legal se tiene registro de 17.402 casos, que equivalen a un promedio 51,4 casos.
Sobre esto, la directora manifestó que con la creación de este registro también se está cumpliendo con los compromisos dentro de la alianza contra la violencia hacia esta población. “Esto hace parte del componente legal, en el que también tenemos la iniciativa contra el castigo físico, que ya hace trámite en el Congreso, la cadena perpetua y la prohibición del matrimonio infantil en Colombia”, agregó.
En Bogotá, en 2007, el Concejo aprobó la creación del “muro de la infamia”, que consistió en publicar, en vallas, las fotos de los responsables de este tipo de delitos. No obstante, la Corte Constitucional, al estudiar una demanda, tumbó el acuerdo del Concejo, considerando que la exposición de los responsables, afectaría el “desarrollo de la personalidad de las víctimas”.
