El próximo 15 de julio el empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, será imputado por haber salido irregularmente de la cárcel La Picota de Bogotá, en donde se encontraba recluido.
En su momento, esas salidas de Mattos ocasionaron el retiro fulminante del director del Inpec, general Mariano Botero, y el director de La Picota, coronel Wilmer Valencia.
Los hechos se remontan a marzo de 2022. Para esa fecha, un informe presentado por la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló que Mattos salió de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec, por lo menos en dos ocasiones, y se trasladó a su oficina en el norte de Bogotá.
En uno de los seguimientos, Mattos permaneció varias horas en su oficina, durante las cuales se encontró con su abogado Iván Cancino, pese a estar irregularmente por fuera de la cárcel. Mientras él estaba en su oficina, la camioneta del Inpec permaneció en un parqueadero vecino esperando y horas después lo llevó de nuevo a la cárcel. Pese a que debería estar recluido, las imágenes de televisión muestran a Mattos caminando tranquilamente por la calle, sin compañía de ningún guardián.
Por esos hechos, Mattos será imputado por los delitos de peculado por uso, cohecho y prevaricato por omisión. Además, la Fiscalía está a la espera del resultado de una investigación que adelanta el INPEC en contra de varios guardias, para determinar si también los llama a imputación. El abogado Iván Cancino, por su parte, no hace parte de las investigaciones de la Fiscalía.
Mattos está condenado a cuatro años por los sobornos que realizó a la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien habría favorecido la comercialización de los vehículos extranjeros Hyundai. También tiene otra condena de nueve años y cinco meses de prisión por el soborno del entonces juez Reinaldo Huertas.
El empresario es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional. El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas, luego de ser extraditado de España.
Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.
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