El polémico contratista llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual deberá ser avalado por un juez de la República.
El nombre de Emilio Tapia ha estado vinculado a algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia. A pesar de haber enfrentado a la justicia durante años por diversos actos de corrupción, continúa apareciendo en investigaciones relacionadas con el desvío de recursos públicos.
Tras su implicación en el tristemente célebre “carrusel de la contratación” en Bogotá, Tapia volvió a ocupar titulares cuando estalló el escándalo de Centros Poblados. Este caso involucró un contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el que se perdió un anticipo que supera los 70.000 millones de pesos.
Luego de años de investigación, la Fiscalía y Tapia llegaron a un preacuerdo en el que el contratista acepta su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. Como parte del acuerdo, Tapia se comprometió a devolver 5.000 millones de pesos, de los cuales ya ha entregado la mitad.
“Los otros 2.500 millones serán reintegrados mediante la entrega de bienes ubicados en Girardot, Cundinamarca, y en la zona rural de Medellín”, explicó Tapia durante una audiencia celebrada este jueves 21 de noviembre.
Según los términos del acuerdo, Tapia cumplirá una condena de seis años de prisión y se convertirá en testigo clave contra otros implicados en la red de corrupción, lo que lo posiciona como una pieza central en el esclarecimiento del caso.
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“Sí, señor juez, me considero responsable, teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, entendiendo que los delitos se cometen tanto por acción como por omisión”, declaró Tapia al ser interrogado.
Este preacuerdo representa un avance significativo en la investigación del desfalco millonario al Estado, marcado por irregularidades en la adjudicación de contratos para llevar conectividad digital a zonas rurales del país. El próximo 18 de diciembre, un juez de conocimiento decidirá si avala el acuerdo en una audiencia programada para esa fecha.
