De nada sirvió que estuviera resguardado en las instalaciones del Concejo de Taminango, en el norte de Nariño. Tampoco que fuera el presidente de la corporación. Silvio Rosero Arteaga fue baleado por sicarios en su propia curul el 9 de septiembre y perdió la vida. El “Mono” –reconocido por su trabajo comunitario y deportivo–, aspiraba a ser reelegido concejal con el aval de la Alianza Verde. Sin embargo, las balas acallaron sus proclamas y la violencia volvió a decir presente a solo semanas de las elecciones regionales.
Como él, son 10 los aspirantes que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), han sido asesinados en lo que va de la contienda electoral, que arrancó formalmente el 29 de octubre de 2022 (uno año antes de los comicios). Entre crímenes, amenazas, atentados o secuestros, hasta el pasado 15 de septiembre se contaban 335 hechos de violencia contra liderazgos políticos. Es decir, 131 afectaciones más frente a las elecciones de 2019: un incremento del 64 %. (Ver infografía al final)
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No deja de ser un escenario paradójico justo cuando el país lleva más de 1 año hablando de la mentada “paz total” del gobierno de Gustavo Petro que, para críticos y opositores, se volvió una patente de corso para que los grupos armados sigan haciendo de las suyas. Las alertas también las han prendido organismos como la Defensoría del Pueblo o la Registraduría, pero los violentos no distinguen partido, cargo o región.
Apenas la semana pasada se conoció un supuesto plan para asesinar al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a cambio de $2.500 millones. Sin embargo, candidatos menos mediáticos y de municipios pequeños y olvidados enclavados en la Colombia grande sufren los embates de la violencia.
De acuerdo con un informe recién presentado por la MOE, de 1.121 poblaciones de Colombia, 312 registran algún tipo de riesgo por factores asociados a la violencia (el 27,8 %). Ello indica que al menos uno de cada cuatro municipios está bajo amenaza de los violentos.
De esas 312 poblaciones, 125 están en riesgo extremo, 97 en alto y 90 en medio. No deja de alarmar que Antioquia, con 50 municipios en riesgo, es el departamento más amenazado. En el top 5 figuran además Cauca (con 34 de 42 poblaciones en riesgo), Chocó (27 de 30), Nariño –donde fue asesinado el concejal Rosero, con 22 de 64 municipios en riesgo–, y Norte de Santander (18 de 40).
Sombra de los armados
El cuerpo sin vida de Yenifer Córdoba Henao fue hallado a mediados de mayo en zona rural del municipio de Calamar, en Guaviare. Tenía varios impactos de bala. En ese entonces faltaban más de dos meses para el cierre de inscripciones de candidatos, pero ella –de apenas 22 años–, ya sabía que aspiraría al Concejo de Miraflores con aval del Polo Democrático y el movimiento Vamos por los Derechos.
La respaldaban su liderazgo social y su acérrima lucha contra la deforestación, lo que le valió un puesto en la Junta de Acción Comunal. No obstante, su voz fue acallada por las balas, en una zona donde, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hacen presencia el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y otros bandas de resorte más local.
“Bajo el actual contexto de violencia, los presidentes y las directivas de las Juntas de Acción Comunal enfrentan un riesgo extremo, ya que los grupos en disputa ejercen presiones con el fin de que las comunidades que representan se plieguen o apoyen a uno de los bandos, con el agravante de que si se niegan o acceden a alguna de las pretensiones, automáticamente son declarados objetivo militar”, recordó el organismo.
Cifras de la Defensoría del Pueblo advierten que hay 676 los municipios en riesgo por el actuar violento de grupos armados, es decir, el 60 % del país. En riesgo extremo o con una “muy alta” probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia se cuentan 113 poblaciones de 16 departamentos. En riesgo alto son 289 los municipios, 184 en medio y 93 en bajo.
El organismo alertó que el ELN tiene injerencia en 231 municipios, las disidencias en 299 (el Estado Mayor Central en 234 y la Segunda Marquetalia en 65), las Autodefensas Gaitanistas en 392 poblaciones y los grupos de crimen organizado en 184.
En esa línea, el ente llamó la atención por 9 zonas en riesgo: Arauca; Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta (en Norte de Santander); el sur de Bolívar y el Magdalena medio; Urabá y el Bajo Cauca antioqueño; Chocó; Cauca y Valle del Cauca; Nariño; el denominado Eje del Caquetá (Huila, Putumayo y Caquetá), y la Orinoquia, puntualmente Meta y Guaviare, este último donde fue acribillada Yenifer Córdoba.
“Entre el 1º de enero y el 8 de agosto de 2023 se han registrado 22 conductas contra personas en el proceso electoral. Se han registrado además, 3 masacres, 3 candidatos amenazados (Guaviare), 1 atentado contra candidato (Meta), 2 amenazas contra gobernadores (en Meta y Guaviare)”, explicó la Defensoría sobre la situación en la Orinoquia.
El propio registrador nacional, Alexander Vega, coincidió en las zonas de riesgo y recientemente le pidió al Gobierno de Gustavo Petro priorizar cinco regiones y desplegar allí a la Fuerza Pública: “Tenemos priorizado el Bajo Cauca antioqueño con la presencia del Clan del Golfo; el departamento del Chocó y Cauca; tenemos el litoral pacífico nariñense; tenemos la zona del Catatumbo en Norte de Santander y el sur del departamento del Meta”, declaró.
Inclusive, hace más de un mes –ante la ola de violencia que persiste en Cauca–, Vega alertó por el “peligro de aplazar” las elecciones en el departamento. Las alarmas no son gratuitas: después de Antioquia, Cauca es la zona del país con mayor riesgo por violencia electoral y allí el 81 % de sus municipios (34 de 42), están bajo amenaza de los violentos.
“Va a haber elecciones”
En respuesta a las críticas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha respondido que “va a haber elecciones en todos los rincones de Colombia”. En esa línea, la Policía y el Ejército se han comprometido a revisar medidas de seguridad de candidatos en regiones como Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila. “Serán más de 250.000 uniformados que ayudarán en el tema de seguridad ciudadana”, dijo el general Tito Castellanos, subdirector de la Policía.
Si bien el ministro Velasco –que hace 10 días lideró una reunión con los partidos de oposición para revisar las denuncias de casos de violencia–, admitió que hay zonas donde se debe redoblar la seguridad, negó que la ola de violencia que sacude al país “haya aparecido en el transcurso del actual Gobierno”.
“Exigimos al Gobierno garantías para estas elecciones”, aseguró el pasado sábado la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien lamentó el crimen de Duvalier Cifuentes, padre de Sebastián Cifuentes, quien hoy aspira a llegar a la Alcaldía de Caloto, en Cauca.
En ello ha coincidido la procuradora Margarita Cabello quien, contrario a lo dicho por Velasco, declaró que “no se puede dudar que estamos viviendo un aumento de la violencia que no se puede permitir, y menos, en época electoral”. Por ello, instó al Ejecutivo y a la Fuerza Pública a “volcarse para evitar daños a la transparencia y la seguridad electoral”.
Para la profesora María Alejandra Arboleda, experta en opinión pública y comunicación política, el ministro del Interior no ha cumplido con su tarea para garantizar unas elecciones libres y en paz, y en su lugar ha minimizado las alertas, por lo que lo instó a asumir su responsabilidad en pro de unos comicios con garantías.
En ese sentido, reclamó que las políticas del actual Gobierno y su empeño en negociar con grupos armados que no cesan en su accionar criminal favorecen escenarios de incertidumbre y riesgo para las elecciones.
“El Gobierno tiene toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo porque le ha dado la orden a las Fuerzas Armadas de no actuar y ha permitido que los violentos se vuelvan a tomar gran parte del territorio nacional y además la política de la ‘paz total’ ha creado incentivos perversos para que los criminales fortalezcan su posición en la mesa de negociación a través de la violencia y la intimidación”, explicó Arboleda.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda –quien sigue ausente en las Comisiones de Seguimiento Electoral, pese a su importante rol–, a que exhorte a los grupos para que se abstengan de intervenir en los comicios. Restan solo 27 días para las elecciones regionales que reconfigurarán el tablero político. De allí la importancia que el Gobierno Petro ofrezca las garantías necesarias para evitar más hechos de violencia y comience a hacer realidad, aunque sea de a pocos, su paz total. Bien lo han dicho autoridades como la Procuraduría, más allá de cualquier consideración o interés electoral, lo que está en juego es la democracia.
Los otros riesgos de las elecciones
1. Según la MOE, 96 municipios presentan algún nivel de riesgo por desplazamientos y confinamientos.
2. Por otro lado, hay 88 municipios que presentan algún nivel de riesgo por violaciones a la libertad de prensa.
3. Hay 596 municipios en riesgo por fraude electoral con trashumancia, es decir, trasteo de votos.
