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El presidente Petro suspendió el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco en tres departamentos

El cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las disidencias de Mordisco había sido prorrogado por seis meses más desde el pasado domingo 14 de enero.

  • El cese al fuego con el Estaco Mayor Centra de las disidencias de las Farc comenzó en octubre pasado y tras una prórroga en enero, estaría vigente hasta el 15 de julio. FOTO
    El cese al fuego con el Estaco Mayor Centra de las disidencias de las Farc comenzó en octubre pasado y tras una prórroga en enero, estaría vigente hasta el 15 de julio. FOTO
17 de marzo de 2024
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El presidente Gustavo Petro suspendió, vía decreto, el cese al fuego bilateral con las disidencias Farc de Iván Mordisco en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, por los incumplimientos de ese grupo al acuerdo pactado con el gobierno el pasado 17 de octubre. En esas convulsas zonas del país, el jefe de Estado ordenó la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024.

“El EMC del Cauca en sus diferentes frentes no dió desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz. Creyó, muy equivocadamente, que la negociación era para fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población a sus estructuras y de financiarse con la economía ilicita y con el gran capital ilícito (sic)”, dijo el presidente Petro este domingo 17 de marzo, a través de su cuenta de X.

Para el jefe de Estado, quien se refirió indirectamente al Estado Mayor Central de las disidencias como un grupo narcotraficante, lo que ocurre es producto de haber olvidado “la famosa tesis de Marx que decía que los seres humanos piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia. Si vivo de las rentas del narcotráfico terminaré pensando como narcotraficante”. “La economía ilícita puede devorar al revolucionario y transformarlo en un simple traqueto negociante”, señaló.

En octubre del año pasado, el Gobierno firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc, que estuvo vigente, en principio, hasta enero de este año. En él se fijaron las reglas que las Fuerzas Militares y las disidencias deberían seguir para mantener los acercamientos en búsqueda de paz.

El acuerdo fue prorrogado a principios de este año, con el cual se extendían por otros seis meses, hasta el 15 de julio, los lineamientos del alto al fuego ordenado luego de la instalación de la mesa de diálogos con el grupo ilegal que tuvo lugar el pasado 13 de octubre en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

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Sin embargo, el acuerdo estuvo plagado de denuncias de la comunidad civil que advirtieron el incumplimiento de las disidencias, especialmente en los tres departamentos en los que hoy el gobierno ordenó retomar las operaciones contra las disidencias conocidas como el Estado Mayor Central.

El gobierno consideró que en Nariño, Cauca y Valle del Cauca las disidencias han incumplido los presupuestos fundamentales del acuerdo pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública, y evidenciando poca voluntad de paz.

“Los ataques de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP a la población civil, incluyendo a organizaciones y líderes sociales que se han resistido a sus acciones violentas en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, han generado una situación de amenaza y vulneración de derechos y libertades que exige la intervención de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado en su conjunto”, estimó el gobierno en el decreto que fue firmado por el presidente Petro.

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Justamente, este fin de semana, las Naciones Unidas condenaron los ataques contra la población indígena en el territorio del Pueblo Nasa de Toribío en la noche de ayer en el Cauca, en los que dos personas resultaron heridas cuando cuestionaban a las disidencias de las Farc por el secuestro de un menor de edad.

“Estos hechos ocurren en un territorio y contra una comunidad con medidas colectivas de protección de la CIDH, y dos días después del segundo aniversario del homicidio del thuthenas Miller Correa, quien pertenecía a este territorio y a esta comunidad”, cuestionó la ONU.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exigió “el respeto incondicional de la vida y demás derechos y libertades fundamentales de la población y el respeto de los derechos a la autonomía, gobierno propio y jurisdicción de los pueblos indígenas”.

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Sobre ese ataque, el presidente Petro explicó que “una vez la minga salió de puerto resistencia en Cali del diálogo conmigo y desde donde se lanzaron las propuestas de comités municipales de fuerzas populares para desatar el proceso constituyente, fue atacada a fuego en Toribío, Cauca, por el Estado Mayor Central”.

“El gobierno no puede permitir que el EMC como los antiguos españoles esclavistas piense que es válido matar Indígenas y personas pobres de los territorios de Colombia”, aseguró el presidente.

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