El Pacto Histórico lanzó una audaz jugada administrativa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para apoderarse, bajo el halo de la “transparencia”, de los expedientes que ese tribunal lleva por posible financiación irregular y violación a los topes de gasto en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Y lo hizo con la intención de que las investigaciones se movieran a su acomodo.
Las artífices fueron las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, quienes llegaron a esa corporación aupadas por el partido del Jefe de Estado. El movimiento fue sencillo: la primera le mandó a la segunda –en su calidad de Presidenta del CNE– una carta en la que solicitó crear una comisión especial que recogiera los procesos que se le siguen a la campaña de Petro.
Y se acudió a ese movimiento para generar ruido sobre el magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, quien por reparto tiene los expedientes. Todo pasó el miércoles de esta semana y, según lo plasmado en la misiva, el caso de Petro –el primer presidente de izquierda en Colombia que en solo 10 meses de administración enfrenta duros escándalos– amerita esa comisión.
Si bien en la carta se indicó que no se quiere poner en tela de juicio las cualidades de Ortíz, Velásquez aseguró que la comisión especial es necesaria para que “visibilice que este Consejo Nacional Electoral permite la generación de plenas garantías para todas las agrupaciones políticas”. Según esta magistrada del Pacto, ¿su colega liberal no las brinda?
Esa tarde del 7 de junio, cuando la carta llegó a la sala plena del CNE, estalló una dura polémica interna. Velásquez y Márquez justificaban su movimiento con la excusa de que solo el Pacto puede darle transparencia a los procesos que se le siguen al mandatario que llegó al poder, precisamente, por el Pacto. Prácticamente a la brava querían apoderarse de los expedientes. El magistrado Pablo Julio Cruz, de Comunes –el partido de las extintas Farc– y quien tiene voz mas no voto en el CNE, se puso de su lado; algo lógico por ideología.
Pero el resto de magistrados no se mostraron muy convencidos de dar ese paso. El liberal Ortiz, por supuesto, lo rechazó de inmediato y encontró el respaldo directo de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), César Lourdy (Cambio Radical) y Alfonso Campo (Partido Conservador). Mientras que Maritza Martínez (La U) y Cristian Quiroz (Alianza Verde) estaban a la expectativa.
Con subidas de tono, uno que otro gesto airado de los participantes del debate y el reparto de agua, pasaron alrededor de tres horas de discusión.
El tema no es menor, porque el gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa –quien actualmente lidera a Ecopetrol–, y varios de sus aliados en la contienda deben explicar por qué se retiraron de la contabilidad oficial facturas por $77 millones de esquemas de seguridad cuando notaron que se violarían los gastos autorizados de campaña, por qué no se reportaron los pagos en efectivo a testigos electorales por unos $30 millones y si fue verdad, como se le escuchó decir al polémico Armando Benedetti en los audios filtrados por Semana, que desde la Costa entraron $15.000 millones que nadie reportó y que, según el exembajador, serían la base para un escándalo similar al del 8.000.
Incluso, por esas discusiones internas y que dejaron al CNE partido en bandos se postergó la declaración de Benedetti, inicialmente prevista para este 13 de junio, y la de Laura Sarabia, la exjefa de Gabinete de Petro que también conoció las intimidades de la campaña presidencial. Mejor dicho, la estrategia para apoderarse de los expedientes sí surtió un efecto, y es que al fraccionar a este organismo el avance formal de las investigaciones quedó aplazado.
Y más allá de esos tres expedientes, ya formales, el CNE tampoco pudo arrancar a indagar si las denuncias sobre la posible entrega de más de $1.000 millones al hijo mayor del Presidente, el diputado Nicolás Petro, provenientes supuestamente del controvertido Alfonso ‘Turco’ Hilsaca y del exnarco Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias Hombre Malboro, sí llegaron a la campaña o se los quedó el primogénito como también se ha dicho. Incluso, Petro –el hijo– tiene un expediente penal en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito derivado del uso de ese dinero en efectivo. Además, enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría por los mismos hechos.
A esto hay que sumarle que el hermano del mandatario y tío del primogénito investigado, Juan Fernando Petro, también fue salpicado en un escándalo por el presunto pago de $500 millones de narcos para colarse en la llamada paz total. Y como en plena campaña se hicieron varias visitas a cárceles, con él como protagonista, se está analizando si hubo giros y si, por lo mismo, terminaron en las arcas del equipo político del ahora Presidente.
Ahora bien, como esos procesos quedaron estancados en el CNE, aunque la Fiscalía confirmó este viernes que abrió una indagación preliminar para verificar desde el ámbito penal la financiación de la campaña presidencial, el magistrado Prada –quien a propósito enfrenta una investigación en la Corte Suprema por posible soborno a testigos– se jugó una carta para salvar las indagaciones administrativas.
En efecto, ese mismo miércoles de la pelotera en la sala plena de la corporación, y ya cerrando la tarde, pidió que todos los expedientes se acumularan y, de paso, se les sumara otro más que data de las consultas interpartidistas y en las que también hay manto de duda sobre la financiación que usó Petro. Con eso desbarató la estrategia de sus dos colegas del Pacto y, aunque todo quedó aplazado, esa acumulación debe surtirse en la cita que tienen el 14 de junio próximo.
Si esto sucede, los expedientes contra la campaña de Petro deben arrancar en forma. Y el país verá a Roa, Benedetti y Sarabia, entre otros, declarando ante el CNE. El abogado del mandatario será Julio César Ortiz, jurista que actualmente está en la Cámara de Comercio de Bogotá y quien acompaña los asuntos jurídicos de Petro desde hace varios años.
La clave está en determinar si entre los $28.384 millones que reportó haberse gastado en primera vuelta, o en los $12.843 de la segunda, están los dineros de todas estas denuncias. Porque, si no están –como indican las pistas– se habrían violado los topes ($28.536 millones para primera vuelta y $13.347 millones para la segunda) y eso en sí mismo es un delito, al que se le debería sumar el ocultamiento de gastos, que es otra conducta castigable. Ahí está la nuez de por qué el Pacto quería frenar todo y gestó la pelea en el CNE.
