El nombre de José Guillermo Hernández Aponte era en el país casi desconocido, salvo por tres episodios. El primero, la investigación que contra él y el narcotraficante Marcos Figueroa, alias “Marquitos”, emprendió la Fiscalía por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, perpetrado en 2011. El segundo, por su asesinato en Brasil en mayo del año pasado, en un aparente caso de robo; y el tercero, por el proceso de extinción de dominio que la Fiscalía le inició en junio de 2019 a varios de sus bienes tras comprobarse que tenía nexos con la banda de “Marquitos” (ver recuadro).
No obstante, esta semana el nombre de Hernández, conocido por sus allegados como “Ñeñe” volvió a ser escuchado por cuenta de unas grabaciones en las que aparentemente se habla de delitos electorales, puntualmente compra de votos, para supuestamente beneficiar la campaña del hoy presidente Iván Duque. Los audios fueron obtenidos de manera legal como parte del expediente que perseguía esclarecer el crimen de Rodríguez, hijo de un reconocido sastre y prestamista, que habría tenido rencillas con el “Ñeñe” por una deuda de 5.000 millones de pesos.
El apoderado de la familia Rodríguez, el abogado Miguel del Río, recuerda que el crimen de Óscar Eduardo fue un error, porque el sicario iba detrás de su padre: “Se inician las investigaciones para esclarecer los móviles de ese asesinato y uno de los principales sospechosos era el señor José Guillermo Hernández. A partir de ese momento, la línea de investigación se dirige a establecer cuáles eran esos móviles y, al inicio de 2018, la Fiscalía 21 especializada de crimen organizado solicita interceptar las líneas telefónicas del Ñeñe Hernández”, relató Del Río.
Ahí es donde surgen las sorpresas. Durante un año, las autoridades estuvieron rastreando las comunicaciones de Hernández, época en la que coincidió con la primera y segunda vuelta presidencial que dejó como ganador a Duque tras derrotar a Gustavo Petro.
Son unas 25.000 grabaciones las que lograron recopilar los investigadores y en las que quedó consignado el presunto fraude electoral.
“Quien sí conocía lo que se estaba hablando de ese tema era el fiscal del caso, porque a él sí le reportan los operadores de policía judicial encargados de las interceptaciones. De hecho, hace dos años, de uno de esos audios le informaron al fiscal que se estaba escuchando de un fraude procesal y posibles eventos de corrupción, por lo que consideraban necesario compulsar copias”, detalló el penalista.
El fiscal Francisco Barbosa se refirió esta semana al tema y en una escueta declaración sostuvo que se trataba de un informe del 28 de agosto del año pasado, es decir, según sus cuentas es de hace siete meses y no de 2018, como lo señala el abogado Del Río. Barbosa, además, respaldando su tesis, dijo que “está situación se presentó en la administración del doctor Fabio Espitia”. Sin embargo, la versión del defensor apunta a que el hecho se presentó cuando Néstor Humberto Martínez era el jefe del búnker.
Barbosa fue más allá y dijo que “compulsará copias a las autoridades competentes para los fines pertinentes”. Lo que no explicó el recién llegado fiscal es ante quiénes pedirá la apertura de expedientes y bajo qué cargos. Los llamados a iniciar las pesquisas son los funcionarios del búnker, aunque la campaña puede ser investigada en el Consejo Nacional Electoral (como sucede con la de Juan Manuel Santos) y en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, al mandatario.
