Al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, “nunca le gustaron las capturas o los incautamientos”, lo suyo –según el auto de imputación– eran las “bajas en combate” y los “resultados a como diera lugar”. Pero, cuando las guerrillas avanzaron en el control del territorio y la competencia entre tropas alcanzó niveles inesperados, su sed de resultados se volvió mayor y ya no pedía números, sino “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre.
Esa fue su forma de ejercer presión y su principal delito: “pedir muertes y mostrarse dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”. Así lo determinó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la primera imputación de cargos de un exmiembro de la cúpula militar que, además, es uno de los casos más representativos de Antioquia y el país por la gravedad de los hechos.
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Tras más de cinco años de investigación y decenas de testimonios en su contra, la justicia transicional le imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada por al menos 130 falsos positivos en el departamento de Antioquia, principalmente en el Oriente antioqueño.
Al lado del general (r) y con la cabeza agachada tras reconocer sus delitos, fueron imputados también otros ocho militares en retiro que participaron en el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de personas inocentes que más tarde eran presentadas como bajas en combate. (Ver: Los implicados)
A todos ellos, pero en especial al general (r) , la madre de Erika Castañeda –una niña de 13 años víctima de este delito– le dijo “te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija era una guerrillera”.
Pero, ¿cómo fue que ocurrieron estos delitos y cuál fue el rol de Montoya para ser imputado como principal responsable de delitos de guerra y lesa humanidad?
El Oriente en guerra
Esas 130 ejecuciones extrajudiciales se dieron durante un período de 2 años, entre 2002 y 2003. Para esa época el Oriente atravesaba por las peores épocas del conflicto mientras Montoya era el comandante de la IV Brigada y se hizo famoso en el país por presentar varios de los mejores resultados operacionales mes a mes y dirigir esa base en pleno escalamiento del conflicto.
Más tarde, ese “dominio de las tropas” y esa habilidad para la lucha contrainsurgente lo llevarían a convertirse en el comandante del Ejército durante el segundo período del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo eso mientras el ministro de Defensa era el expresidente Juan Manuel Santos.
Pese a que la JEP advierte que había una “estigmatización contra las guerrillas y una convivencia activa con los grupos paramilitares” también describe que esa Brigada tenía una carga sumamente pesada teniendo en cuenta que se encargaba de proteger casi todos los municipios del Oriente antioqueño: una subregión ampliamente cooptada por el frente noveno y el frente 47 de las Farc.
De hecho, la Jurisdicción fue enfática con que las tropas actuaron bajo un riesgo real que tenía que ver con el avance de los grupos guerrilleros en varias zonas del departamento. Para la época de los hechos, las extintas Farc y la guerrilla del ELN sellaron una alianza que les permitió apoderarse de la vía Medellín - Bogotá, y generar una gran afectación en las zonas más productivas de la región que tenían que ver con el abastecimiento energético del país.
Fue entonces cuando el Gobierno Nacional implementó una política de seguridad altamente militar en todo el Oriente antioqueño con más pie de fuerza y millones de pesos en recursos que provenían de dineros donados por Estados Unidos en el reconocido Plan Colombia.
Litros de sangre
Justo ahí, en medio de ese contexto del inicio de los 2000, fue que Montoya llegó a la IV Brigada y cambió los métodos en que las tropas trabajaban.
“Todo empezó ahí, diría yo. El general nos exigió que a partir de 2002 no se iban a medir los resultados operacionales por litros de sangre sino por barriles. Esa era una orden de aumentar las bajas”, declaró ante la JEP el subteniente José Alejandro Ramírez, subalterno de Montoya en esa época.
La presión era tal, que la Jurisdicción pudo corroborar que el general (r) hacía unos programas radiales diarios en los que ordenaba dar resultados a como diera lugar y entregar “litros de sangre”.
Otro de sus subalternos lo describió así: “Nosotros teníamos que reportarnos diciendo ‘buenos días mi general me reporto sin novedad y sin litros de sangre‘. Si no decía litros de sangre me llamaban la atención y me hacían repetir todo de nuevo”, dijo el sargento (r) Ever Ospina.
Asesinar civiles inocentes
Fue guiados por esa presión y motivados por días de permiso, aumentos salariales o hasta comisiones, que los soldados de la IV Brigada comenzaron a asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate.
La Jurisdicción encontró tres modalidades para reclutar a las víctimas. La primera era sacarlas de sus casas, sus trabajos o intercerptarlas en vías públicas y señalarlas como guerrilleras.
Ese fue el caso de Luz Stelly Morales, de 16 años, quien fue asesinada sin mediar palabra y por supuestamente pertenecer al ELN. “La mayoría de estos casos se dio cuando las víctimas estaban en total estado de indefensión, muchas de ellas incluso con condiciones de discapacidad”, dijo la magistrada Catalina Díaz, encargada del caso.
La segunda modalidad consistía en buscar a personas en condiciones de pobreza, como habitantes de calle o trabajadores de la Plaza Minorista de Medellín, y ofrecerles trabajo lejos de su lugar de residencia para asesinarlos sin dejar muchos rastros.
Ese fue el caso de José María Villa, un hombre que trabajaba en la Minorista y que fue contactado para supuestamente ayudar en un trasteo. Luego de que lo convencieran, lo llevaron al municipio de Granada, Antioquia, y le dispararon para presentarlo como guerrillero.
Y un último patrón tuvo que ver con el asesinato de combatientes indefensos que, según el Derecho Internacional Humanitario, debían ser reportados como desmovilizados o capturados, no como bajas en combate. “Un ejemplo de esta modalidad es el asesinato de un combatiente enfermo y en silla de ruedas que aún se encuentra sin identificar”, dijo Díaz.
Con todas esas pruebas, al excomandante del Ejército le quedan 30 días para escoger entre una de las dos salidas que le propone la JEP: declararse culpable y enfrentarse a las penas restaurativas de la justicia transicional, o seguir negando su responsabilidad e insistir en que es inocente de todo lo que se le acusa.
Si elige este último camino, Montoya se enfrentaría a un juicio adversarial en la JEP y, de ser hallado culpable, podría ser condenado hasta a 20 años de pena.
En ese mismo macrocaso en el que lo investigan, la Jurisdicción no descartó seguir requiriendo las declaraciones de otros altos mandos que tuvieron que ver con esa política de seguridad entre finales de los 90 y principios de los 2000.
Pese a que la JEP no tiene competencia para investigar a expresidentes –como Andrés Pastrana o Álvaro Uribe– la magistrada sí advirtió que eventualmente podrían citar en calidad de testigo a personajes como el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (presidente entre 2010 y 2018).
Mientras eso ocurre, las víctimas siguen esperando verdad de Montoya, como le pidió una de las familiares durante una audiencia pública: “qué pague cada uno de nuestros hijos y que se arrepienta. Que nos diga la verdad y no se ría en nuestras caras negando todo, eso es lo que le exigimos”.
Los otros ocho imputados:
JULIO ALBERTO NOVOA RUIZ
Teniente coronel (r)
IVÁN DARÍO PINEDA RECUERO
Teniente coronel (r)
EMERSON ANTONIO CASTAÑEDA MORAL
Subteniente (r)
NELSON ENRIQUE CARVAJAL CHISCO
Teniente (r)
EDWIN LEONARDO TORO RAMÍREZ
Subteniente (r)
JOSÉ ALEJANDRO RAMÍREZ RIAÑO
Subteniente (r)
DIEGO GERMÁN GUZMÁN
Subteniente (r)
ÓSCAR IVÁN MAYO MARULANDA
Soldado regular
Antioquia fue el más afectado
Según las cuentas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Antioquia concentra el mayor número de casos registrados en este caso de ejecuciones extrajudiciales presentadas como dadas de baja en combate. Del total de 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en este departamento. Lo que se traduce en el 25,19% de los casos. De este total, 501 casos ocurrieron en el oriente antioqueño que, según la JEP, “concentró más víctimas que cualquier otro departamento en Colombia”. Ese nivel de violencia en la región “contribuyó a que en Antioquia se experimentara un aumento progresivo de hechos, que reflejaron una tendencia exponencial, que influyó en la dinámica del fenómeno criminal en el resto del país”.
