Tuvieron que pasar 13 mil noches para que alguien se hiciera cargo del asesinato del periodista Guillermo Cano; 13 mil noches para que el Estado pidiera perdón por el trabajo que dejaron de hacer, por incumplir con garantizarle la vida a uno de los personajes más amenazados del país en la época del narcotráfico; por no investigar ni sancionar a los responsables de su muerte; y por ni siquiera brindar la debida protección a sus allegados, lo que se tradujo en el exilio de su familia, el asesinato de Héctor Giraldo Chávez (abogado de la familia) y tres empleados de El Espectador.
El reconocimiento de responsabilidad es apenas una respuesta a la búsqueda de la verdad que comenzó hace 38 años. Por eso, en un evento público, este 9 de febrero, justo en el Día del Periodista, miembros del Estado, entre ellos el ministro de Justicia, Néstor Osuna, realizarán un acto de perdón por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese mismo día en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Estado se tendrá que comprometer a continuar con la investigación para esclarecer su asesinato a través de la Fiscalía; realizar un documental sobre la violencia que sufrió El Espectador y sus periodistas, en el contexto en el que fue asesinado don Guillermo Cano Isaza; y dar aplicación a la Ley 288 de 1996, con el propósito de reparar los perjuicios inmateriales y materiales.
“Queremos manifestar eso sí y con el mismo amor y optimismo por el país que le aprendimos a Guillermo Cano Isaza, que esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, jueces, militares, de tantos colombianos, la merecida memoria de sus seres queridos”, señaló la familia Cano.
La noche de hace 38 años
Pasaban las 7:00 p. m. del 17 de diciembre de 1986, cuando el director del diario El Espectador salió camino a su casa. Dos sicarios en moto, por orden de Pablo Escobar, le dispararon varias veces. Cano perdió el control del vehículo y estrelló contra un poste. Aunque intentaron auxiliarlo, murió en la Clínica de Cajanal.
A pesar de las tantas amenazas que recibía por las publicaciones en las páginas del periódico, era poco protegido por el Estado, lo que de una u otra forma contribuyó al desenlace de su historia.
Tras su asesinato se desató una ola de violencia contra todo lo que tuviera que ver con Cano o El Espectador. El 11 de abril de 1987 dinamitaron en Medellín un busto levantado en su memoria. En marzo de 1989 asesinaron en Bogotá al abogado Héctor Giraldo Gálves, quien había sido autorizado por la familia para ser parte civil del caso. La juez que lo llevaba abandonó el país por amenazas de muerte.
El 2 de septiembre de 1989 fue detonado un camión cargado de dinamita frente a las instalaciones de El Espectador sin causar víctimas, pero ocasionando millonarias pérdidas. Un mes después mataron en Medellín a Marta Luz López y Miguel Soler, gerentes administrativo y de circulación de El Espectador. El 20 de abril de 1990 asesinaron a Hernando Tavera, quien atendía labores casi que clandestinas de distribución de El Espectador en Medellín. Pablo Escobar había prohibido la circulación del periódico en Antioquia.
El 18 de septiembre de 1992 asesinaron a la jueza sin rostro Rocío Vélez Pérez, quien confirmó la responsabilidad de Escobar y de sus secuaces en el asesinato de Guillermo Cano.
Solo hasta 1997 el caso de su asesinato escaló hasta la CIDH. En el 2001, se reconoció la responsabilidad del Estado.
En diciembre de 2016, las víctimas y abogados volvieron a saber del caso, gracias a la información que pidió la FLIP, que solicitó a la CIDH que permitiera “retrotraer” el caso para refutar el contenido del informe de 2001 y darles la oportunidad de que el caso tuviera un informe de fondo más completo y de que el proceso pudiera llegar a la Corte IDH. Sin embargo, la CIDH negó esa posibilidad.
Ese documento fue la entrada para solicitarle al Estado que reconozca su responsabilidad en la muerte de Guillermo Cano. Con las conclusiones arrojadas por la CIDH en 2001, el día de hoy, a pesar de que el caso no ha llegado aún a la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Estado realizará este esperado acto.
