Cuando el Gobierno anunció el inicio de los diálogos de paz con las Farc, hace más de cuatro años, nadie creía que se pudiera lograr un acuerdo. Era más bien un intento de acercar un poco a las Farc a la institucionalidad, pero los fallidos intentos anteriores tenían a la sociedad inmersa en la desconfianza.
El Gobierno y las Farc insisitieron, afrontando una férrea oposición en el país, encabezada por uno de los líderes más populares, el expresidente Álvaro Uribe, quien incluso se hizo senador para oponerse al Gobierno.
Pero la oposición no solo estaba afuera. Durante estos años de negociaciones la mesa de La Habana tuvo que enfrentar grandes sacudidas: el secuestro del general Rubén Darío Alzate, el ataque de las Farc a los soldados en el Cauca, la violenta respuesta de la Fuerza Pública con bajas de las Farc, la “pedagogía” con armas de esta guerrilla en Conejo, en La Guajira, y el peor de todos: el No en el plebiscito.
Durante los años de la negociación las partes pararon varias veces y sin embargo siempre retomaron. La última crisis, la del plebiscito, se solucionó rápido: en 40 días el Gobierno y las Farc tenían un nuevo acuerdo, esta vez el definitivo, el mismo que el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko firmarán hoy en Bogotá.
Este acuerdo, como ambas partes lo han reconocido, no es perfecto, pero tiene aspectos positivos y negativos, por eso EL COLOMBIANO consultó con expertos sobre cuáles son.
Un acuerdo para acabar con las Farc
El exfical general Alfonso Gómez Méndez aseguró que la gran bondad de este acuerdo es que acaba con las Farc y facilita la terminación del conflicto armado.
“Lo mejor es que se termina el grupo de las Farc y que se termina el alzamiento en armas contra el orden constitucional por parte de ese grupo guerrillero”, expresó, por su parte, Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario.
Y ese beneficio dará sus mayores réditos en la vida cotidiana de los campesinos y las demás personas que han vivido en zonas de conflicto: “Yo creo que tiene una incidencia importante en la vida de los ciudadanos en cuanto que cesa el alzamiento en armas del principal grupo guerrillero que existe en Colombia, eso se siente ya con el cese el fuego y se va a sentir en el futuro porque es un grupo guerrillero que desaparece; quedan otros, pero no de la trascendencia ni de la trayectoria de las Farc”.
una compleja justicia transicional
Los cambios que lograron incluir en el acuerdo original sobre la justicia transicional fueron más que todo aclaraciones. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tendrá una vigencia de hasta 15 años, lo que celebraron varios sectores, ya que no daba seguridad jurídica la prologanción de una justicia transicional, que como su nombre lo dice, debe ser de transición y temporal.
Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, indicó: “que la Corte Constitucional pudiera hacer el cierre de la JEP a través de la tutela, establecerle un límite temporal y dejar claro que va a funcionar de acuerdo al Código Penal Colombiano fueron una serie de elementos que sin duda mejoraron el acuerdo”.
Sin embargo, algunos analistas, como Charry, consideran que no quedó muy claro cómo funcionará aparte de la justicia ordinaria.
Por otra parte, las aclaraciones que se lograron sobre las restricciones efectivas de la libertad que tendrán quienes se sometan a la JEP dejaron contentos a los expertos, quienes consideran que esas claridades van a dar tranquilidad a las víctimas y seguridad al Tribunal.
no habrá magistrados extranjeros
Un sector de los juristas y constitucionalistas colombianos criticaron ferozmente que el Tribunal para la Paz incluyera magistrados de otros países, porque argumentaban que violaba la Constitución.
El expresidente Andrés Pastrana, por ejemplo, señaló que “esto implicaría una pérdida de la soberanía”.
Ese cambio se logró y se creó una figura conocida como amicus curiae, algo así como asesores con voz pero sin voto.
No obstante, hay quienes no quedaron contentos, entre ellos Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, quien señaló que “los políticos estaban preocupados no tanto porque unos personajes internacionales participaran en un Tribunal de Paz sino que se perdía la cuota burocrática colombiana, sus cuotas políticas. En procesos de paz no está mal que haya participación de organismos internacionales e inclusive para definir hechos que no se alinean tanto en la letra menuda de un código penal sino con estándares internacionales”.
En ese mismo sentido, Gloria Gallego, docente de Filosofía del Derecho de la Universidad Eafit, aclaró que “era bueno y necesario que hubiera jueces extranjeros por dos motivos: vamos a reconciliarnos y vamos a juzgar una guerra civil, por tanto hasta el más honesto colombiano puede tener algún tipo de sesgo frente a las partes en conflicto mientras que los extranjeros pueden ver estos hechos con menos apasionamientos y mantener mayor imparcialidad, era muy necesario que ellos estuvieran ahí en las salas deliberando y llamando a los jueces cuando se van a recargar a la cordura”.
Y agregó como segundo argumento que aunque muchos juristas colombianos conozcan el derecho penal internacional, no tienen toda la preparación que sí tienen los juristas europeos en temas como el Estatuto de Roma y las sentencias de la Corte Penal Internacional.
“Para mí si hubiera sido muy bueno que hubieran juristas bien preparados. Me parece que ahí hubo como una especie de chovinismo jurídico, como de nosotros cuidando los puestos para los jueces colombianos. Eso no está bien”, sentenció.
Los guerrilleros que irán al Congreso
El presidente Santos lamentó no lograr mover a las Farc ni un milímetro en la elegibilidad política de los responsables de los delitos de lesa humanidad. Había propuestas encaminadas a que los jefes guerrilleros emprendieran su carrera política cuando hubieran cumplido su sanción, pero no, las Farc no toleraron ese cambio y la abogada Gallego los entiende.
“A mí me sorprendió que las Farc cedieran en tantas cosas y sé, por buena fuente, que algunos de los rasos de las Farc tienen desconfianza de los jefes que en La Habana cedieron demasiado; temen por su seguridad jurídica, temen que los acuerdos los vayan a dejar en una situación en la que puedan rehacer su vida, pero había un punto que era inamovible que era el de la elegibilidad política, quiere decir el que los viejos guerrilleros, los mandos de las Farc puedan participar y ser elegidos a cargos de representación popular de los cuerpos colegiados, teniendo condenas por graves delitos”, mencionó la abogada eafitense.
En su concepto, el sentido de la justicia transicional es que los guerrilleros que están en el monte matando en nombre de algún ideal político vuelvan a la legalidad, a la vida civil, se sometan a la constitución y tengan oportunidad de participar en política para defender sus ideas. “Si a los mandos guerrilleros se les quita esa posibilidad no hay lugar para que las Farc se vuelvan un partido político, ellos se devolverían a la guerra de la que no fueron derrotados militarmente”, dijo Gallego.
De acuerdo estuvo Vargas, quien agregó que “con la elegibilidad política había un asunto muy importante y es el de la edad, los jefes de las Farc están en un rango entre los 60 y los 70 años, por supuesto que si se les saca cinco u ocho años después van a ser unos ancianos que difícilmente van a poder participar en política”.
Sin embargo, para los del No este era un inamovible, una línea roja. Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, señaló que la no elegibilidad política de los miembros de las Farc, por lo menos mientras estaban cumpliendo las sanciones, era un tema estructural y fue un tema estructural que no se modificó y en eso el No sustenta gran parte de su descontento.
Logros del anterior acuerdo que siguen
Aunque el acuerdo inicial con las Farc, que fue firmado el 26 de septiembre, no fue refrendado, hay cosas positivas que se mantuvieron y que en palabras de Gómez Méndez debían hacerse con o sin Farc.
Alejo Vargas señaló, por ejemplo, la Reforma Rural Integral que “apunta a que regiones donde el gasto público no llegaba sean privilegiadas con esos programas de desarrollo territorial. Fueron zonas donde la guerra fue el argumento perfecto para que no se desarrollaran ese tipo de programas”.
Vargas y Gómez Méndez coinciden en la virtud de la aplicación del Estatuto de la Oposición y de la Misión Electoral, que de alguna manera afianzarán la democracia y darán apertura.
Por último, y no por ello menos importante, está el tratamiento a las víctimas, que como señaló Bernardita Pérez, serán reparadas integralmente, conocerán la verdad y tendrán las garantías de no repetición.
52
años de lucha armada tienen las Farc.
1485
días pasaron para que la mesa de diálogos llegara al acuerdo definitivo.
