Se cayó la iniciativa legislativa que buscaba cambiar la elección de directivos en las universidades del país y darle poderes de decisión al presidente de la República sobre esas instituciones. Así ocurrió en la Comisión Primera del Senado de la República, que debatía ese proyecto por tratarse de un cambio en la Constitución.
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Por otro lado, la propuesta legislativa también buscaba la creación de una Superintendencia de Educación que ejerza funciones de inspección, vigilancia y control sobre las instituciones de educación superior. Los artículos de la Carta Magna que buscaban cambiar eran los 67, 68, 69, 150 y 189.
La votación que archivó este proyecto —de autoría del senador Jorge Eliécer Tamayo, del Partido de la U— quedó con 10 votos a favor y seis en contra, con el apoyo a hundirlo de congresistas de distintos partidos, como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y la Alianza Verde–Centro Esperanza.
Al respecto, la senadora Clara López (Pacto Histórico) expresó que una superintendencia en ese sector no sería una entidad cualquiera, pues tendría “una función adicional y es la de control. La vuelve juez y parte, rompiendo el principio de imparcialidad”; así mismo, propuso que los recursos para crearla se podían usar para financiar la matrícula de estudiantes en el país.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) opinó que las superintendencias, a juicio de ella, se están usando en el actual Gobierno “para perseguir a quienes están prestando los servicios desde el sector privado”. Así mismo, planteó la pregunta de, en caso de crear esa superintendencia, cuál sería la institución jerárquica: el ministerio o la superintendencia.
Ante el archivo del proyecto de acto legislativo, que requería de ocho debates, el senador Tamayo anunció que seguirá insistiendo en esta iniciativa, que “beneficia a todos los colombianos”. “La lucha por la educación gratuita, con calidad y con pertinencia continúa”, agregó el legislador.
Cabe recordar que esta propuesta también contemplaba cambiar el mecanismo de elección de los directivos de las universidades y de los colegios, la cual quedaría en manos de “la comunidad educativa” que “participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación en todos sus niveles y formas de manera democrática, participativa, pluralista y directa”.
Este punto, en otras palabras, indicaba que el nombramiento de rectores, decanos, coordinadores y otros directivos se haría por voto directo y, además, se prohibía “cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos de dirección”.
Así mismo, proponía que uno de los artículos a cambiar de la Constitución quedara así: “Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa: Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley”.
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