Por su presunta participación en el escándalo de la Comunidad del Anillo, dos oficiales retirados de la Policía Nacional serán condenados por el delito de constreñimiento a la prostitución.
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Así lo informó este viernes Hugo Tovar Pérez, jefe de la Dirección de Fiscalías contra las Violaciones a los DD.HH., quien señaló que, luego de analizar las evidencias del caso, un juzgado de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra de los coroneles en retiro Jerson Jair Castellanos Soto, exjefe de Seguridad del Congreso, y Wilmer Torres Orjuela, directivo de la Escuela de Cadetes General Santander.
De acuerdo con la investigación judicial, “Castellanos Soto frecuentó entre de 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander, con el fin de contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a almorzar o a eventos deportivos y culturales; y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales”, reportó la Fiscalía en un comunicado.
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Según ese documento, “fueron identificados cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República”.
El entonces mayor Torres Orjuela, que tenía a su cargo el control de los alumnos, habría actuado como cómplice en esta situación. “Intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que acudieran a los encuentros con su superior, el coronel Castellanos Soto”, recalcó el ente acusador.
Luego de escuchar las evidencias, tanto de la Fiscalía como de la defensa, el juzgado anunció que la sentencia será condenatoria. A finales de diciembre será la audiencia de tasación de la pena, en la cual se definirá cuántos años tendrán que pagar los procesados; de igual manera, en ese momento sus abogados podrán apelar, si así fuere el caso.
La Comunidad del Anillo fue el nombre que se le dio a un escándalo institucional, destapado hace siete años, sobre una presunta red de prostitución que involucraba a oficiales de la Fuerza Pública, congresistas y otros funcionarios del Estado.
De acuerdo con las denuncias, estos manipulaban a estudiantes de la Policía y contrataban a otras personas, incluyendo menores de edad, para satisfacer las aberraciones sexuales de los servidores públicos del más alto nivel.
Uno de los denunciantes de esta red fue el capitán Ányelo Palacios, quien fue destituido. Aunque varios oficiales fueron investigados, incluyendo al exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino, a la fecha no se han proferido sentencias.
El caso contra Palomino no prosperó en el campo penal, aunque la Procuraduría lo inhabilitó 13 años por presionar a un subalterno para que retirara las denuncias de acoso laboral y sexual que había interpuesto en su contra.
