Tras una larga y ardua lucha del movimiento Causa Justa en Colombia, desde hace dos años en el país el aborto es legal hasta la semana 24, sin ningún tipo de restricción. Con el fallo de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-055 de 2021, se convirtió en un derecho que no está supeditado al modelo de las tres causales ya conocidas: representa un riesgo para la vida de la mujer o persona gestante, es fruto de una violación o incesto, o el feto presenta malformaciones.
Las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder de forma libre y gratuita a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en cualquier entidad de salud a la que acudan, y en caso de que no cuenten con los mecanismos para practicar el procedimiento, deberán redirigir la solicitud hasta otra institución en donde cuenten con los elementos necesarios.
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Según datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que hacen parte del movimiento que impulsó la iniciativa, en estos dos últimos años han encontrado que las asesorías y acompañamientos para acceder a una IVE aumentaron un 30% en relación a los dos años anteriores.
Así como se observó un incremento en el número consultas antes de la semana 14 de gestación. Previo al fallo de la Corte, solo el 33% de las mujeres y personas con capacidad de gestar se acercaban a un centro médico a solicitar el servicio o buscaban apoyo en una organización, mientras que después de este avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, el número se elevó al 53%.
Así mismo, se evidenció el avance a través de la disminución en citas después de la semana 15 de embarazo. La reducción fue significativa, pasó del 54% al 34%, con una diferencia de 20 puntos.
Aunque estas no son las únicas cifras que revelan los avances frente al acceso a la IVE en Colombia. La Fundación Oriéntame, otra de las organizaciones que hace parte de Causa Justa, señaló que el 90% de los abortos realizados entre febrero de 2022 y septiembre de 2023 en el país se dieron en las primeras 12 semanas de gestación, donde un 14% de ellas fueron mujeres extranjeras, en su mayoría de nacionalidad venezolana.
Cifras que han llevado a concluir a la organización dedicada a acompañar hace varios años estos procesos que “las mujeres están solicitando información oportuna y accediendo al servicio de aborto lo más pronto posible”.
Sin embargo, destaca el movimiento, aún con la sentencia en marcha, sigue siendo insuficiente. Las desigualdades estructurales a la hora de acceder a este servicio persisten, especialmente en las regiones más vulnerables, en donde la discriminación, la falta de información y la falta de infraestructura en salud, son las principales causantes de que el derecho a un aborto seguro, aún no llegue a todos los rincones del país.
Una situación parecida ocurre con las mujeres migrantes, ya que un alto porcentaje de ellas aún no pueden acceder al procedimiento con facilidad, en tanto no cumplan con la acreditación de su estatus migratorio.
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Motivo por el cual, otras colectividades como el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi, consideran que tras la aprobación de la sentencia, sí bien han aumentado las cifras en el acceso, también hay evidencia la exclusión que sufren las mujeres que habitan principalmente las zonas periféricas del país, en especial para quienes viven en la ruralidad.
Así como la violencia estructural, que se expresa en la falta de recursos para dirigirse hasta un centro asistencial, o su condición étnica. Cuando hacen parte de comunidades afro e indígenas, y deben de enfrentarse al racismo dentro de las instituciones de salud, como es el caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar que viven en el Pacífico colombiano, o en regiones como el Cauca, en donde más del 60% de su población es indígena.
Enemigos de la sentencia de la Corte
Desde que la sentencia C-055 de 2021 fue aprobada por el alto tribunal, esta ha tenido que enfrentarse a dos iniciativas de referendo, junto a un total de 17 solicitudes de nulidad en contra una decisión, las que finalmente fueron desestimadas por la Corte Constitucional. Además de anular dos sentencias de su propia autoría que por la forma como estaban redactadas, se prestaban para malas interpretaciones frente a una decisión que se convirtió en referente para América Latina.
Colombia es el primer país en la región que, no solo no judicializa a las mujeres por interrumpir sus embarazos, sino que extendió el número de semanas para acceder a una IVE, sin que las tres causales sean un prerequisito.
Sin embargo, para Causa Justa, el trabajo apenas está comenzando. Dentro de los principales retos que tienen en estos momentos, se encuentra la atención con enfoque diferencial, interseccional, y que los prestadores de servicios de salud y las autoridades públicas hagan su trabajo.
