Dos encuestas muy distintas, sobre el estado del desplazamiento forzado en el país, le fueron expuestas ayer a la Corte Constitucional, que le hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, que obligó al Gobierno a solucionar el problema del desplazamiento forzado.
La primera fue de la Contraloría General de la República, la Encuesta Nacional de Víctimas, que reveló que las metas establecidas en los Conpes 3712 de 2011 y 3726 de 2012, “están rebasadas”, ya que el universo del total de personas desplazadas de manera forzada, que se tenía hasta el 2011, era de 3,8 millones y hoy en día es de 5,6 millones.
“Al tiempo que los reportes actuales del sistema del Gobierno hablan de 6 millones de personas desplazadas por la violencia y un millón de personas afectadas por otros hechos victimizantes”. Concluyó la Contraloría que el 11,9 por ciento de la población total del país es desplazada. A su vez alertó por el aumento en el despojo de tierras, en 7 millones 73 mil hectáreas, un incremento de 435.000 entre 2010 y 2013. Por tal razón, el contralor Edgardo Maya Villazón le solicitó al Gobierno que la atención a este total de víctimas “se ajuste a parámetros de medición más próximos a la realidad” y buscar nuevos recursos para atender este problema humanitario como lo demanda la sentencia T-025 de 2004.
Algo que el Gobierno ya había previsto, según Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención de las Víctimas, quien también le expuso a la Corte los resultados de otra medición, titulada Encuesta de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, que realizó el Dane.
Para la funcionaria, más que divergencias, hay coincidencias en ambos sondeos, ya que ambas reconocen que se han hecho importantes ajustes en la atención a esta población afectada por el conflicto armado. También reconoció que es cierto el aumento del número de desplazados, y que al formular las políticas de atención se tuvo en cuenta el total global de 2010.
“Pero el Gobierno ha cumplido en un 97 por ciento el registro a las víctimas, y ha hecho un esfuerzo con la Ley 1448 que se empezó a aplicar en 2012, y que le ha restablecido los derechos a los afectados. Pero reconocemos que hay muchos retos”, explicó Gaviria.
